Transferencia de la AP-9: ¿La cuarta vez es la vencida?
La lucha por la gestión directa y la supresión de peajes
En un nuevo intento por transferir la autopista de peaje AP-9 a la comunidad de Galicia, el Parlamento gallego ha presentado una proposición de ley que será debatida en el Congreso de los Diputados este martes. Se trata del cuarto intento legislativo en los últimos ocho años para lograr el traspaso de la carretera que vertebrará el eje atlántico de norte a sur.
¿Qué dicen los partidos políticos?
El Partido Popular (PP) gallego, liderado por Alfonso Rueda, dio por hecho que los diputados del PP votarán a favor de la toma en consideración de la norma. Por su parte, el Partido Socialista (PSOE) ha anunciado que también apoyará la iniciativa, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido que la transferencia no será sencilla. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) también ha expresado su apoyo a la transferencia y ha presentado una moción para instar al Gobierno a anular la prórroga de la concesión de la autopista hasta 2048 y asumir su gestión directa y la supresión de los peajes.
La importancia de la transferencia para Galicia
La AP-9 es una carretera clave para la región, ya que vertebrará un territorio en el que reside el 65% de la población gallega. Los peajes actuales suponen una penalización para la economía local y la vida de los ciudadanos. La exposición de motivos de la proposición de ley destaca que la carretera de pago ha sido objeto de modificaciones en los últimos años, agravando la situación.
¿Qué pasa con el coste económico?
La ley propuesta por Galicia incluye un punto clave: que sea la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028. Este asunto está en estudio por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.
La transferencia es solo el primer paso
La transferencia de la AP-9 es solo el comienzo de un proceso para revertir la situación actual y devolver la gestión directa y gratuita a los gallegos. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a la penalización que suponen los peajes para la economía y la vida de los ciudadanos de Galicia.
