El bloqueo de la mina de uranio de Berkeley arrastra a España a un arbitraje frente al Banco Mundial

La denegación por parte del Gobierno español a Berkeley Exploration del permiso para explotar la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) le puede costar a nuestro país una compensación de 1.000 millones de dólares (922 millones de euros). Esa es la cantidad que la compañía minera británica exigirá a nuestro país en el arbitraje que acaba de incoar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial (BM).

Según la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar del inicio del proceso, Berkeley Exploration Limited acusa a España de «violar múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE)» por sus «acciones en contra de Berkeley Minera España», subsidiaria de la empresa de exploración inglesa.

LA MINERA AFIRMA QUE SE COMUNICÓ CON EL GOBIERNO PARA NEGOCIAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO, PERO QUE AL NO OBTENER RESPUESTA, HA DECIDIDO HACER VALER SUS DERECHOS MEDIANTE EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

El comunicado expone que en noviembre de 2022, Berkeley presentó una notificación escrita al «Primer Ministro de España» (sic) y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) informándoles de su intención de negociar «una solución amistosa» para el conflicto. Hasta la fecha, el Gobierno español «no ha entablado ningún debate relacionado con el litigio», por lo que la empresa «ha decidido hacer valer sus derechos mediante el arbitraje internacional«.

Berkeley advierte que este arbitraje «podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno». No obstante, y a pesar de la disputa, la compañía ha subrayado que sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España, añadiendo que aún está dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso sobre los permisos.

Después de que el pasado martes se conociera la reclamación de Berkeley ante el Ciadi, los títulos de la compañía repuntaban un 2,74% a las 9.40 horas en el Mercado Continuo, hasta los 0,26 euros.

LA MINA DE BERKELEY: EL ‘PROYECTO SALAMANCA’

En 2016, Berkeley Energía, la filial española del gigante, publicó los resultados del estudio de viabilidad del llamado ‘Proyecto Salamanca’, la iniciativa de explotación de la mina de uranio ubicada en la localidad salmantina de Retortillo.

La iniciativa incluye tres yacimientos (Retortillo, Zona 7 y Alameda). La extracción de la materia prima se realizará a cielo abierto, enviándose el mineral obtenido mediante una cinta transformadora a una planta de tratamiento centralizada en Retortillo, donde se llevará a cabo el proceso de intercambio iónico. Estas instalaciones también recibirán por carretera la resina cargada del emplazamiento de Alameda.

EL DESARROLLO DE LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO, DENOMINADO ‘PROYECTO SALAMANCA’ POR BERKELEY, INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE MINERAL A CIELO ABIERTO Y EL TRATAMIENTO DEL MISMO EN UNA PLANTA UBICADA EN LA MISMA LOCALIDAD

El estudio de viabilidad avala, según Berkeley Energía, que el Proyecto Salamanca «tiene uno de los costes de producción más bajos, con gran capacidad para generar flujo de caja tras la carga impositiva, en un momento del ciclo de uranio en el que se encuentra en su punto más bajo».

El proyecto tiene un valor actual neto de 531,9 millones de dólares (casi 500 millones de euros) con una tasa de retorno interna del 60%, basada en una tasa de descuento del 8%.

UN CONFLICTO DERIVADO DEL ‘CERROJAZO’ NUCLEAR

El conflicto con Berkeley que afronta España es inseparable de la persecución del Gobierno de Pedo Sánchez contra todo lo relacionado con la energía nuclear. El bloqueo de la mina es coetánea a la decisión del Ejecutivo de clausurar el parque de centrales nucleares españolas.

El MITECO canceló la concesión de los permisos de explotación necesarios para el desarrollo del ‘Proyecto Salamanca’ después de un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que Berkeley respondió con un escrito de alegaciones ante el Ministerio en agosto de 2021. Éste hizo oídos sordos a las reivindicaciones de la minera, que insistió con un ‘Informe de mejora’ que también cayó en saco roto.

Entonces, la compañía solicitó a MITECO el acceso a la documentación relacionada con la autorización de construcción y para la autorización de desmantelamiento y cierre de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de ENUSA, con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas.

Finalmente, y tras haber investigado los requerimientos exigidos a estos proyectos, en noviembre de ese mismo año Berkeley se dirigió de nuevo al MITECO argumentando que el informe negativo del CSN sobre la mina de Retortillo había sido emitido de forma arbitraria y fuera de la legalidad, perjudicando a Berkeley al tratarla de forma «injustificadamente más estricta». El Ministerio de Transición Ecológica, por toda respuesta, notificó a la empresa la cancelación formal de la autorización para el Proyecto Salamanca.