A nuestro país le cabe el dudoso honor de tener un puesto entre los diez países con más procesos judiciales abiertos por causas relacionadas con el cambio climático. En concreto, España ocupa el décimo lugar del ranking con 17 litigios en curso. Los nueve estados restantes son, en orden ascendente, México, Francia, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, líder absoluto con un 70% de los casos.
El anterior es uno de los datos contenidos en el informe Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Columbia (EEUU). La metodología empleada por los autores del documento se basa en una revisión de casos centrados en la legislación, las políticas o la ciencia sobre el cambio climático, recopilados hasta el 31 de diciembre de 2022.
El estudio refleja que el número total de causas judiciales relacionadas con el cambio climático se ha más que duplicado desde la primera edición, pasando de 884 en 2017 a 2.180 en 2022. Los procesos fueron iniciados en 65 órganos de todo el mundo: en cortes, juzgados, órganos ‘cuasi judiciales’ (sic) y otros organismos jurisdiccionales internacionales, regionales y nacionales, incluidos los tribunales de arbitraje y las audiencias destinadas a los procedimientos especiales de Naciones Unidas.
LOS PLEITOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO AUMENTAN Y SE DIVERSIFICAN
Estados Unidos domina con autoridad la lista de las jurisdicciones que más causas climáticas tienen abiertas con 1.522, cifra que representa el 70% del total global. Le sigue, a mucha distancia, Australia con 127, mientras que Reino Unido se lleva la ‘medalla de bronce’ con 79. Alemania (38), Canadá (34), Brasil (30), Nueva Zelanda (26), Francia (22), México (18) y, finalmente, España (17) completan el top ten. Destaca la escasa actividad judicial climática en China, con solo dos litigios abiertos.
«Si bien la mayoría de los casos se han incoado en los Estados Unidos, los litigios climáticos están arraigándose en todo el mundo, y actualmente alrededor del 17% de los casos se denuncian en países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares», resalta el informe. En este aspecto, sobresale la destacada posición de Nueva Zelanda en el ranking.
Para el futuro, la UNEP predice un aumento en el número de casos relacionados con la migración climática, litigios iniciados por pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos desproporcionadamente afectados por el cambio climático, así como pleitos relacionados con la responsabilidad por eventos climáticos extremos.
El informe también anticipa desafíos en la aplicación de la ciencia de la atribución del clima, así como un aumento en los casos de «reacción» contra los litigantes que tienen como objetivo desmantelar las regulaciones que promueven la acción climática.
CÓMO SENTAR A UN GIGANTE EN EL BANQUILLO: EL CASO DE TOTALENERGIES
La UNEP subraya que «la creciente conciencia del cambio climático en los últimos años también ha impulsado la acción contra las corporaciones», incluyendo «casos contra las compañías de combustibles fósiles y otros emisores de gases de efecto invernadero responsables del daño climático».
Un ejemplo paradigmático de la creciente presión judicial contra las grandes compañías es el de TotalEnergies. Esta misma semana, saltó a las portadas la querella criminal presentada por tres ONG y ocho particulares de diferentes países contra la compañía francesa, su cúpula directiva y sus inversores, a los que acusan de homicidio involuntario, daños a la biodiversidad e inacción ante las catástrofes.
TRES ONG Y OCHO PARTICULARES DE DIFERENTES PAÍSES SE HAN QUERELLADO CONTRA TOTALENERGIES, SU DIRECTIVA Y SUS INVERSORES, a los que acusan de homicidio involuntario, daños a la biodiversidad e inacción ante las catástrofes
Los querellantes son la organización mexicana Nuestro Futuro y las francesas Bloom y Alliance Santé Planétaire, junto con dos ciudadanos galos y otros seis procedentes de Pakistán, Grecia, Bélgica, Zimbabue, Australia y Filipinas, quienes se consideran víctimas de las presuntas prácticas de la energética.
El objetivo prioritario de esta acción judicial es que se instruya una investigación sobre la actuación climática de TotalEnergies, así como el consejo de administración de la empresa; su presidente ejecutivo, Patrick Pouyanné; y aquellos accionistas de la compañía que votaron a favor de medidas o estrategias «incompatibles con la limitación del calentamiento global a 2°C». Entre estos últimos, se señala a la gestora de fondos Blackrock y el Banco Central de Noruega.
TotalEnergies, que celebra su asamblea general 2024 este viernes, es la quinta petrolera del mundo por valor de marca, con un estimado de casi 21.000 millones de dólares (alrededor de 20.000 millones de euros). La compañía cerró 2023 con un beneficio neto atribuido de 21.384 millones de dólares (19.897 millones de euros), lo que representa una mejora del 4,2% en comparación con el resultado de 2022. Asimismo, el gigante galo ha elevado un 7,1% el dividendo para este año, hasta 3,01 euros por acción.
