El Observatorio de Transición Justa ha presentado este viernes su segundo informe estatal sobre la percepción de la transición ecológica en España. El proyecto, impulsado por Fundación Cepsa y Red2Red, es un espacio de reflexión y conocimiento compartido creado para gestionar el cambio a energías sostenibles, prevenir potenciales conflictos y generar conclusiones y recomendaciones conjuntas para la toma de decisiones.
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El informe refleja que el 68% de la ciudadanía consultada considera que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, mientras que tan solo el 4% señala que no es importante. Estos datos suponen un aumento en la percepción de la población española respecto a la importancia de actuar contra el cambio climático, habiendo aumentado en más de tres puntos porcentuales desde el año pasado (64,9%). Y, entre medias, el 27% de la población estima importante esta lucha, si bien otorga más prioridad a otras cuestiones en este momento.
Atendiendo a la edad, la priorización de la actuación en la lucha contra el cambio climático es claramente mayor entre las personas más jóvenes. Así, la proporción de jóvenes menores de 30 años que apoya la lucha contra el cambio climático asciende al 78%.
Por otro lado, la población es más proclive a apoyar políticas de fomento de determinados sectores menos contaminantes a través de subvenciones, que a medidas punitivas a través de restricciones o prohibiciones. De esta manera, las actuaciones relativas a los impuestos ambientales y la fijación de áreas de bajas emisiones son las que ofrecen mayor resistencia (el 35% y el 22% no estaría de acuerdo). Por su parte, las medidas de sensibilización o concienciación también se sitúan entre las que mayores apoyos reciben.
La mayor parte de la población considera que, en términos generales, la transición ecológica es, en el corto plazo, una oportunidad para nuestra sociedad (56%) y tan solo el 19% la considera una amenaza; una percepción que mejora en el largo plazo (67% frente a 18%).
Esta percepción se sustenta sobre todo por la valoración del impacto positivo que la transición ecológica puede tener sobre la salud y el medio ambiente. De esta manera, en torno al 60% cree que puede reducir la contaminación del aire, del agua, mejorar la salud y generar entornos más limpios.
Sin embargo, se observa una notable preocupación por el impacto que puede tener sobre el coste de la vida. El 51% considera que los cambios de pautas de consumo que implica la transición ecológica pueden tener un impacto en su capacidad económica.
Los datos revelan un retroceso general entre 2022 y 2023 de 3 a 11 pp. entre la población en la disposición a adoptar comportamientos socialmente responsables con el medio ambiente en la vida cotidiana. Este retroceso se observa especialmente en aquellos cambios que pueden implicar un sobrecoste económico, como la disposición a pagar más impuestos, asumir el sobrecoste de la compra de un coche híbrido o eléctrico o la compra de productos ecológicos.
Por último, en el análisis de la tipología de la ciudadanía ante la transición ecológica, se observa que en el último año habría crecido entre la población el perfil de las denominadas personas ‘inmovilistas‘, que representa, actualmente al 16% de la población, siendo este el perfil más reacio a las transformaciones que implican el proceso de transición ecológica.
Anabel Suso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, ha indicado que “Los datos de la encuesta revelan algunas tendencias preocupantes, como cierta desresponsabilización de la ciudadanía en la adopción de comportamientos responsables medioambientalmente hablando, que se acompaña por una tendencia a delegar la responsabilidad de actuación en otros actores, fundamentalmente la administración y las empresas. En este sentido, es muy importante atender a los costes económicos asociados al proceso de transición, pues tal y como señala la población, parecen ser un factor detractor en la adopción de determinadas conductas o en el apoyo a determinadas políticas de actuación”
Por su parte, Teresa Mañueco, directora de Fundación Cepsa, ha abogado por la importancia de este tipo de informes. “Es fundamental entender cuál es la actitud de la ciudadanía respecto a temas tan cruciales como lo es la transición ecológica”, ha asegurado.
NOVEDADES EN LA METODOLOGÍA
Para la realización del estudio, se ha llevado a cabo una encuesta a más de 3000 personas de las 17 Comunidades Autónomas, estableciendo cuotas por edad, sexo, y el tamaño del hábitat de residencia y la Comunidad Autónoma.
Además de las dimensiones analizadas en la anterior edición del observatorio, este año, como novedad, se han incorporado nuevas evidencias como la percepción del impacto global del proceso de transición ecológica en la economía, el empleo, el medio ambiente, la salud, la vida cotidiana y el consumo de la población y la valoración del impulso a fuentes de energías renovables como el hidrógeno y los biocombustibles.
A su vez, también se han añadido evidencias como las actitudes de la población en términos de responsabilidad y deseo de participación en el proceso de toma de decisiones y la valoración de las medidas políticas actuales o potenciales para combatir el cambio climático.
