La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España por no aplicar correctamente las directivas europeas sobre servicios y cualificaciones profesionales en lo que a las reglas para subcontratación en el sector de la construcción se refiere y da al Gobierno dos meses para tomar medidas que enmienden la situación o el caso podrá elevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los servicios comunitarios creen que España «obstaculiza injustificadamente» a las empresas que realizan determinadas labores en el sector de la construcción (por ejemplo para la instalación de gas, electricidad o aire acondicionado) porque les impide subcontratar a personal cualificado para una actividad precisa y están obligados a contar dentro de la empresa con trabajadores con esas competencias.
El ultimátum de Bruselas tiene la forma de un dictamen motivado, segunda de tres fases en un procedimiento de infracción, y comunica a las autoridades nacionales que disponen de un plazo de dos meses para tomar medidas que corrijan la situación.
De no resolverse el asunto en el plazo marcado, el Ejecutivo comunitario podrá decidir si llegar a la tercera y última etapa del expediente sancionador y acudir ante la Justicia europea para que decida sobre el caso.
