Que una empresa española sea capaz de vender su producto en Alemania suele ser una noticia positiva; no lo es cuando pretende aplicar un modelo de negocio que la ha conducido a un sinnúmero de pleitos con sus proveedores. Y es que el gigante de las energías ‘verdes’ Solaria pretende trasladar al país germano la fórmula de desarrollo de plantas fotovoltaicas que le ha valido la persecución de toda una plataforma de acreedores.
Así lo ha desvelado el director de Relaciones Institucionales Internacionales y Comunicación de Solaria, Antonio González Terol, a través de un vídeo recientemente publicado en su cuenta personal de la red social Instagram. En el post, Terol aparece dialogando con el periodista germano Martin Dahms en los terrenos de la planta fotovoltaica de Budia (Guadalajara), dentro del complejo fotovoltaico Cifuentes-Trillo, de 626 megavatios (MW).
En el texto que acompaña a la publicación, el directivo anuncia: «Esta semana hemos acompañado a Martin Dahms, corresponsal alemán en España, a nuestra planta de Budia […] para que conociese de primera mano nuestro buque insignia. Este proyecto servirá de ejemplo para los que estamos empezando a desarrollar en Alemania, donde tenemos un pipeline de más de 5 gigavatios (GW)».
EL HISTORIAL DE SOLARIA EN GUADALAJARA
En esa misma provincia y municipio se encuentra el complejo Budia Norte, propiedad también de Solaria, donde subcontrató los servicios de la empresa Izmar Energy para el desarrollo de una planta fotovoltaica y una línea subterránea de media tensión del parque fotovoltaico Telesto solar 4. Hace algunos meses, MERCA2 destapó que esta subcontrata había presentado contra Solaria tres denuncias penales por fraude de ley, coacciones, estafa y falsedad documental.
Según la documentación del proceso, a la que tuvo acceso MERCA2, la pretensión de la empresa contratista es cobrar dos millones de euros que se le adeudan por los trabajos realizados en Budia Norte. Las denuncias, presentadas en los juzgados de Guadalajara, acusan de fraude de ley y estafa a la compañía; a su presidente, Enrique Díaz-Tejeiro, y al director de Proyectos, Raúl Romero.
La insatisfacción respecto a los encargos realizados por Izmar es la razón por la que Solaria se niega a pagar en los términos acordados, lo que ha llevado a la contratista a exigir el cobro judicialmente. Además, Izmar, en sus denuncias, afirma que Solaria «falseó deliberadamente» el contrato firmado entre ambas compañías. Izmar también dirigió una acusación de coacciones contra la propia Solaria, Raúl Romero y el exdirector facultativo y de construcción de Solaria para el complejo Trillo, Jorge Cordero del Val. Estas coacciones estaban presuntamente dirigidas a «impedir la continuación» de la actividad laboral de la subcontrata.
En cuanto a la acusación de fraude de ley, estas mismas fuentes señalan que se debe a una presunta fragmentación de proyectos por parte de Solaria.
ZAFARRANCHO CONTRA SOLARIA
Precisamente Izmar es la firma que capitanea la plataforma de afectados creada para oponerse a los presuntos abusos de Solaria y reclamar la rendición de cuentas por parte de la fotovoltaica. Según la definición de sus integrantes, constituyen «una plataforma de empresas contratistas damnificadas por Solaria a través de un mismo modus operandi».
La plataforma describe a sus integrantes como «un conjunto de compañías mercantiles que participan en el sector de las energías renovables, de diferentes tipologías y envergaduras», todas ellas perjudicadas por las presuntas prácticas irregulares de Solaria. Los contratos suscritos entre Solaria y estas empresas corresponden a proyectos cuya potencia conjunta supera los 700 megavatios (MW), por los que, supuestamente, Solaria les adeuda una cantidad que «sobrepasa ampliamente los 60 millones de euros de principal, con intereses legales, costas y daños y perjuicios al margen».
Según fuentes cercanas al caso consultadas por MERCA2, cada una de las 15 contratistas de la agrupación ha tenido que despedir a «una media de 80 empleados» a causa del agujero en las cuentas provocado por la conducta del gigante del Ibex-35.
martin dahms, el interlocutor de terol en el vídeo de instagram, es corresponsal en España para medios como el Frankfurter Rundschau y el Berliner Zeitung
En el vídeo, Terol expone que las plantas del complejo de Trillo son «lo mismo que queremos reproducir en Alemania» y destaca «las medidas compensatorias para evitar cualquier impacto paisajístico o medioambiental negativo». Dahms replica que en el país teutón «hay muchos escépticos» respecto a este tipo de instalaciones «por el espacio que ocupan» aunque concede que «se nota el esfuerzo en amainar el impacto medioambiental». Dahms es corresponsal en España para medios como el Frankfurter Rundschau y el Berliner Zeitung.
En el medio rural, a Solaria no le faltan enemigos. De hecho, la trayectoria de la compañía está trufada de encontronazos, tanto con otras firmas del ramo como con organizaciones de la sociedad civil.
Del lado de las primeras encontramos a la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), que lleva tiempo acusando a la fotovoltaica de poner en práctica métodos de acoso y derribo para forzar a los agricultores y propietarios de tierra a vender o alquilar sus fincas para la instalación de placas solares.
La UAGA afirma que desde fines del año pasado viene recibiendo denuncias por parte de personas y entidades del sector agrario «sobre el continuo acoso al que se están viendo sometidas por parte de representantes de las empresas fotovoltaicas, con el fin de coaccionarles para vender o alquilar fincas para sus proyectos, argumentando incluso con mentiras».
EL PASADO 14 DE DICIEMBRE, LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ALAVESES CONVOCARON UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SEDE DE SOLARIA EN LA PROVINCIA, EN PROTESTA POR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS DE ACOSO DE LA EMPRESA PARA OBTENER TERRENOS
Aunque la Unión Agroganadera se refiere a un colectivo de empresas de energía solar, fue la sede de Solaria, en el parque tecnológico de Miñano (Álava, País Vasco), el emplazamiento elegido para la concentración convocada en protesta por estas presuntas acciones, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre.
El mes anterior, fue la asociación Salvemos los Campos de Toledo la que anunciaba el inicio de un proceso judicial para detener el proyecto ‘Helena Solar’, dirigido a construir diez plantas fotovoltaicas, con una potencia conjunta de 530 megavatios (MW). La iniciativa, promovida por Solaria, afecta a los municipios de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte, Novés, Maqueda, Quismondo, Portillo de Toledo, Santa Cruz del Retamar y Valmojado.
Retrocediendo un poco más en el tiempo, en 2021 la ONG Ecologistas en Acción denunció a Solaria por precisamente uno de los motivos por los que Izmar ha decidido acudir a los juzgados en la actualidad: la fragmentación fraudulenta de proyectos. Y en la misma provincia, Guadalajara.
Los ecologistas presentaron tres denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica contra proyectos de plantas solares de la compañía. Según las acusaciones, las instalaciones son colindantes, pero fueron fragmentadas en los trámites administrativos para minimizar su impacto ecológico y agilizar los permisos, lo que a juicio de la organización constituye un fraude de ley.
