Al Estado solo le falta hacerse con el 0,53% de las acciones de Telefónica, compradas a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), para que pueda pedir un puesto en el consejo de administración de la teleco, que está formado por 15 personas. A su precio de este martes, 4,22 euros por acción, cara a alcanzar el 6,7% marcado como cifra que da derecho al puesto directivo, el Estado estaría a solo 128 millones de euros de conseguirlo la silla de consejero de la compañía, puesto que no ha ostentado desde que
Aún así, a la institución inversora gubernamental todavía le quedaría camino hasta conseguir el 4,30 de las acciones restantes para cumplir el encargo del Gobierno. La Sepi cuenta desde hace una semana con el 6,169% de las 5.750.458.145 de acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, por las que ya ha pagado casi 1.400 millones de euros. En cuanto alcance la cifra de 6,7% de los valores, ya podrá pedir ese lugar en el consejo, y bien esperar a que se reúna el próximo año en febrero, o bien convoca un consejo extraordinario para hacer valer su posición.
El 0,53% de las acciones serían unas 30.478 acciones de la compañía, que a un precio de 4,22 euros por acción que costaban este martes, al Estado le quedaría por invertir algo más de 128 millones de euros. La Sepi ha estado comprando, poco a poco en el mercado a distintos precios, según la cotización bursátil, que ha ido aumentando desde que el Gobierno le encargara comprar hasta el 10% de acciones para convertirse en el accionista mayoritario de la tecnológica. Desde los 3,57 euros de cotización que tenía el día 19 de diciembre, justo cuando se hizo pública la orden gubernamental, hasta los 4,25 euro por acción, el máximo registrado desde entonces este pasado lunes 29 de abril.
Tal y como se ha sabido el mismo lunes, ya desde el pasado mes de marzo Hacienda transfirió a la Sepi otros 500 millones de euros que sumaban un total de 1000 para que la institución saliera de compras a los mercados a por acciones de la teleco. Así quedaba reflejado en el informe de ejecución presupuestaria que publicó la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como publicó El Mundo.
El 0,53% de las acciones serían unas 30.478 acciones de la compañía, que a un precio de 4,22 euros por acción que costaban este martes, al Estado le quedaría por invertir algo más de 128 millones de euros.
En total, la SEPI iba a gastarse unos 2.000 millones de euros en conseguir la cifra encargada del 10% de las acciones, lo que presumiblemente ocurrirá este próximo mes de mayo, si continúa con el actual ritmo de compra, de un 1% al la semana. No obstante, como las acciones han aumentado de valor, ese presupuesto se va a quedar corto.
La orden del Gobierno trataba de contrarrestar la posición que habían adquirido en Telefónica el fondo soberano saudí a través de la teleco árabe STC, cuando el día 5 del pasado mes de septiembre se conoció que había adquirido un 4.9% de acciones de la emblemática tecnológica española, y se supo que contaba con un 5% más de participación en derivados. Al fondo saudí se hizo con las acciones a un precio inferior a los 4 euros la acción.
SEPI YA TIENE EL 6,1% DE ACCIONES
A primeros de abril el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya declaró que que la SEPI, desde luego, reclamaría contar con un consejero al entrar en el capital del grupo. Unos días después era el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, no descartó incluso llegar a pedir dos consejeros, una vez se complete la participación deseada del 10%, porque el Estado haría «uso de lo que corresponda en cada momento», durante un desayuno organizado por Europa Press.
Tampoco descartó que más adelante, la participación en la tecnológica se trasladara a la recientemente creada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la conocida como «SEPI digital». Escrivá explicó entonces que «en cada momento del tiempo la Administración del Estado decidirá dónde tiene que ubicar mejor sus participaciones porque hay más «expertise» con independencia de que la SEPI en este momento es quien está haciendo las adquisiciones».
el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, no descartó incluso llegar a pedir dos consejeros, una vez se complete la participación deseada del 10%, porque el Estado haría «uso de lo que corresponda en cada momento»
Estas adquisiciones van consiguiendo la meta impuesta. La entidad que representa al Estado, hoy por hoy, y desde el pasado 26 de abril ya es la accionista mayoritaria del grupo español presidido por José María Álvarez-Pallete. Hasta el momento la SEPI cuenta con con el 6,169% de las acciones de la operadora centenaria, lo que suponen un total de 354.750.278 de acciones. El precio medio que el Estado ha pagado por cada acción de Telefónica es de 3,9378 euros, y la inversión para conseguirlas ya roza los 1.400 millones de euros.
Así, la institución presidida por Belén Gualda continúa avanzando paso a paso en el cumplimiento del mandato del Gobierno, ya que antes del movimiento anunciado el día 26 de abril, la SEPI ostentaba un 5,034% del capital social de Telefónica, cuando hasta el pasado 25 de marzo había aflorado una participación inicial del 3,044%.
Tras meses de absoluto silencio y aparente inactividad al respecto, la SEPI inició en marzo el camino para cumplir el mandato gubernamental, tal y como comunicó, para entrar como accionista «con vocación de permanencia, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos», y dejando muy claro que la intención era contribuir «a la salvaguarda de las capacidades estratégicas de una compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa».