Costa Rica busca atraer más inversiones en los próximos años que le permitan cerrar la brecha en infraestructuras que sufre el país centroamericano, en un contexto en el que el cambio climático le está obligando a contar con más infraestructuras resilientes y que permitan preservar la vida de los costarricenses.
Para lograr estas inversiones, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica han presentado ya una cartera de proyectos, dotada con cerca de 2.000 millones de dólares (más de 1.860 millones de euros), de los cuales 700 millones de dólares (651 millones de euros) se licitarán en los próximos 18 meses.
Entre los incentivos que presenta el país para atraer el interés de los inversores internacionales se encuentra la estabilidad económica, la seguridad jurídica o la tranquilidad política, por sus altos estándares de democracia y derechos humanos, lo que le lleva a ofrecerse como un destino «positivo» para que los empresarios puedan hacer «muy buenos negocios».
Estamos apostando muy fuerte en términos de inversión en infraestructuras e invitamos a empresas de todo el mundo a que vuelquen los ojos en un país de paz, jurídicamente estable y con altos niveles de desarrollo social», ha defendido el ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Mauricio Batalla, en una entrevista.
Para el responsable de la cartera de Obras Públicas, que ha llegado hace apenas un mes a su nuevo cargo, «seguramente» cualquier compañía que invierta en Costa Rica se va a sentir «muy a gusto» ante la estabilidad económica, social y ambiental con la que cuenta el país.
El responsable de Obras Públicas ha visitado Madrid esta semana y se ha reunido con inversores públicos y privados para exponer las ventajas que ofrece Costa Rica a los empresarios, entre las que ha destacado la economía «jaguar» y de rápido crecimiento que representa el país, con el único inconveniente de la brecha en infraestructuras que están tratando se subsanar.
El marco jurídico no es tampoco un problema para las nuevas empresas que quieran arrancar su actividad en Costa Rica, ya que son varias las constructoras como el Grupo Typsa, Ineco o el Grupo Puentes que operan en el país desde hace muchos años y se encuentran adaptadas a la normativa nacional.
ACUERDOS EN ESPAÑA
Este viaje ha sido aprovechado por la delegación costarricense para cerrar algunos acuerdos con el Gobierno y con empresarios españoles, invitando a ambos a hacer negocios «en un ambiente de tranquilidad.
Antes de julio, Costa Rica y España buscarán cerrar un acuerdo para la venta de algunos trenes al país centroamericano a precios simbólicos, lo que le permitirá renovar su flota y mejorar la red ferroviaria, que todavía no está tan electrificada como la española.
Según Batalla, España es la puerta de entrada de Europa para Costa Rica y una vía para acceder a altas tecnologías, por lo que valora muy positivamente la longeva relación y la coincidencia en valores para poder llegar a empresas e inversores europeos.
El «ambicioso» plan que ha presentado el ministro estos días en Madrid cuenta con proyectos maduros y que ya están «debidamente licitados y financiados», esperando únicamente para salir a oferta.
«Es ahí donde estamos invitando a empresas de todo el mundo, pero entendiendo que muchas empresas españolas cuentan ya con un recorrido en el país, con operaciones propias y con excelentes resultados de facturación», ha sostenido Batalla.
Este plan de inversiones también está muy enfocado al turismo, la principal actividad económica de Costa Rica, puesto que traería como consecuencia una mejora de la conexión de muchos destinos del país que atraen un gran número de visitantes pero cuyas infraestructuras no han sido desarrolladas por el momento «adecuadamente».
«Tenemos que entender que necesitamos una infraestructura que permita a los turistas conocer todas las bellezas de nuestro país», ha afirmado el ministro.
Cuando abandone el cargo, el ministro espera ver «obras completas y concretas», con el objetivo de que la mayoría de los 502 proyectos que figuran en la cartera presentada por el Gobierno se encuentren finalizados o, al menos, en fase de conclusión para mayo de 2026.
