El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de EH Bildu para declarar a todo el territorio español en emergencia habitacional y regular los alquileres, pues considera que los altos precios de la vivienda se han convertido en un problema de «primera magnitud» para gran parte de la ciudadanía.
El principal objetivo de la iniciativa pasa por asegurar el derecho efectivo a una vivienda digna, más si cabe, advierte el portavoz adjunto del grupo en el Congreso, Oskar Matute, «ante una situación de emergencia que necesita de soluciones integrales, efectivas y rápidas». «Sobran excusas y demoras», añade Matute.
A juicio de Bildu, los altos precios de la vivienda en el país han surgido a raíz de un mercado «salvaje fuera de todo control y regulación» que obliga a las administraciones públicas, pues creen que son corresponsables de haber permitido esta situación, a «ser responsables también de ponerle solución».
IMPEDIR LA COMPRA DE VIVIENDA A FONDOS BUITRE
Algunos de esas soluciones pasan por impedir la compra de viviendas a fondos de inversión que no acrediten un mínimo de cinco años de residencia continuada, y con la obligación de destinar los inmuebles a vivienda propia o alquiler habitual.
También por la declaración de emergencia habitacional en toda España y por la regulación de los alquileres, para que se ajusten «estrictamente» a su diferente casuística y a cubrir las necesidades de vivienda de la ciudadanía.
También a regular tanto los alquileres de temporada como los de arrendamiento por habitaciones, para cerrar todas las vías a quienes intenten sortear las regulaciones. A esto se añade una propuesta para aumentar los medios de control del fraude en este tipo de alquileres.
Asimismo, exigen que se publique en el plazo máximo de seis meses el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir a la referencia ligada al IPC y que se aprobó en la Ley de Vivienda la legislatura pasada, pero para el cual todavía no hay una fórmula concreta.
Por último, Bildu demanda ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que las comunidades autónomas y los municipios en el ejercicio de sus propias competencias puedan regular de manera efectiva sobre los pisos turísticos.
