Mientras la comunidad internacional celebra los logros de la descarbonización, el tejido productivo pide más dinero para sufragar su coste. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) proclama que, sin los esfuerzos invertidos en los últimos cinco años por integrar las energías ‘verdes’, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) habrían sido tres veces mayores. Entretanto, en España, las empresas más dependientes de la electricidad necesitan que les paguen más por no contaminar. Compaginar transición energética y competitividad industrial es posible, pero caro.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que engloba a los 30 sectores españoles con mayor consumo eléctrico, ha emitido un comunicado reclamando ampliar hasta 850 millones de euros la cuantía de las compensaciones que reciben del fondo de derechos de emisión. Está en juego, según dicen, la competitividad de la industria española respecto a sus pares europeos. Para entender esta petición, es necesario abordar el sistema de gravámenes por contaminación que rige en nuestro país.
EL SISTEMA ESPAÑOL DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES
En España, la Administración determina un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que se encuentra el CO2. Al final de cada ejercicio, las empresas participantes en el sistema deben entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones de GEI durante dicho ejercicio.
Estos derechos de emisión se asignan gratuitamente o se venden a los participantes del sistema. Así se crea el incentivo de reducción de emisiones para los participantes, ya que si una empresa emite una cantidad de GEI superior a los derechos que obtiene gratis, deberá comprar derechos en el mercado, lo que le supone un coste adicional. En otras palabras: quien contamina por encima del máximo, paga.
Los ingresos procedentes de los derechos de emisión vendidos se destinan al cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que un 25% de las ganancias se dedicarán a la compensación de los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2 ligadas al consumo de electricidad; y así llegamos a la solicitud de AEGE.
MÁS DINERO PARA SUFRAGAR LA TRANSFORMACIÓN ‘VERDE’
Lo que pide la organización es ampliar esta partida de los ingresos por derechos de emisión hasta 850 millones de euros, cantidad que, según las cuentas de AEGE, colocaría al sector electrointensivo español en una posición de igualdad con respecto a las economías europeas con una fuerte presencia industrial en su actividad.
Dicho en términos sencillos: existe una ‘hucha’ estatal alimentada con el dinero que pagan quienes contaminan más, parte de la cual se destina a compensar los gastos extra que tienen que afrontar quienes contaminan menos. La reivindicación de AEGE consiste en ampliar esta compensación.
«la insuficiente aportación presupuestaria para compensar los costes indirectos de CO2 es la principal desventaja competitiva de nuestra industria frente a los competidores europeos»
José Antonio Jainaga, presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)
El presidente de AEGE, José Antonio Jainaga, destaca la insuficiente aportación presupuestaria para compensar los costes indirectos de CO2 a los que las grandes industrias tienen derecho. «En estos momentos, esta es la principal desventaja competitiva de la gran industria electrointensiva frente a nuestros competidores europeos», afirma Jainaga, y solicita que «se revisen al alza las compensaciones a las que tienen derecho nuestras empresas por el CO2 indirecto, ya aprobadas por
la Comisión Europea, para poder competir en igualdad de condiciones».
En 2023, dice AEGE, la industria electrointensiva continuó sufriendo el impacto de la crisis de precios energéticos, un lastre en su competitividad reflejado en una caída del 8% en su consumo eléctrico. En los dos últimos años esta caída del consumo eléctrico alcanza el 30%, lo que exige medidas necesarias y urgentes para que la industria se mantenga como motor de crecimiento económico y creación de empleo. «La desventaja competitiva en el pago de la factura eléctrica es la principal responsable de la caída en el consumo eléctrico de nuestra industria», puntualiza José Antonio
Jaianaga.
Asimismo, AEGE valora positivamente las iniciativas lanzadas desde los territorios con fuerte implantación industrial para impulsar esta ampliación presupuestaria, como ha hecho recientemente el Gobierno de Cantabria, y confía en que el Gobierno las respalde en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que ahora se inicia.
LA IMPORTANCIA DE REDUCIR LAS EMISIONES
La AIE, a través de un informe, ha resaltado que la expansión de las tecnologías ligadas a las energías renovables, como la solar y la eólica entre otras, han sido una insustituible barrera de protección frente a la contaminación atmosférica, hasta el punto de que las emisiones de CO2 a nivel global se habrían multiplicado por tres en los últimos cinco años de no haber sido por su contribución.
No obstante, la investigación de la Agencia remarca que en 2023 las emisiones de gases contaminantes siguieron aumentando, aunque menos que el año anterior. En concreto, las emisiones totales de CO2 derivadas de la generación de energía aumentaron un 1,1% el año pasado.
«Lejos de caer rápidamente, como se requiere para cumplir con los objetivos climáticos globales establecidos en el Acuerdo de París, las emisiones de CO2 alcanzaron un nuevo récord de 37,4 gigatones en 2023», denuncia la AIE. Un gigatón es una medida de masa equivalente a 1.000.000.000 (mil millones de toneladas).
