Una «plataforma de empresas contratistas damnificadas por Solaria a través de un mismo modus operandi». Así se define a sí mismo el colectivo de entidades que se han agrupado para hacer frente común contra el gigante del Ibex 35, al que reclaman, en conjunto, una cantidad que «sobrepasa ampliamente los 60 millones de euros de principal, con intereses legales, costas y daños y perjuicios al margen».
Fuentes cercanas al caso, consultadas por MERCA2, cifran en 15 el número de empresas adscritas a esta iniciativa. Mediante un comunicado conjunto al que ha tenido acceso este medio, la plataforma describe a sus integrantes como «un conjunto de compañías mercantiles que participan en el sector de las energías renovables, de diferentes tipologías y envergaduras», todas ellas perjudicadas por las presuntas prácticas irregulares de Solaria. Estas mercantiles detectan «una misma forma de operar» por parte de la cotizada presidida por Enrique Díaz-Tejeiro.
EL PRESUNTO ‘MODUS OPERANDI’ DE SOLARIA
El modus operandi denunciado por las subcontratas consistiría «en un proceso que comienza con cambios contractuales unilaterales e interpretaciones contractuales sesgadas, seguidos por súbitas resoluciones anticipadas del contrato de obra y que termina con la ejecución de los avales bancarios a primer requerimiento previamente otorgados». En otras palabras, Solaria -siempre según el relato de los reclamantes- firma con terceros acuerdos de obras, los cambia a su antojo y los rompe cuando le conviene bajo cualquier pretexto, sin abonar la cantidad pactada por los servicios. Este proceder dejaría en una situación de completo desamparo a los contratistas, frecuentemente empresas pequeñas.
Muchas de estas empresas contratistas, continúa el comunicado, «habían judicializado sus respectivos conflictos con Solaria en el ámbito civil, si bien están estudiando el ejercicio de acciones penales colectivas contra el órgano de administración de Solaria y su propiedad […] ante, en su caso, la Audiencia Nacional».
Asimismo, la plataforma indica que está estudiando hacer una comunicación conjunta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) poniendo de manifiesto tales actuaciones, «por si pudieran constituir una actividad contraria al interés general del mercado.
LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE SOLARIA Y LAS EMPRESAS AFECTADAS ACUMULAN, SEGÚN ÉSTaS, 700 MEGAVATIOS DE POTENCIA Y UN IMPORTE ADEUDADO DE MÁS DE 60 MILLONES DE EUROS, EXCLUYENDO INTERESES Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Los contratos suscritos entre Solaria y las empresas afectadas corresponden a proyectos cuya potencia conjunta supera, según la comunicación, los 700 megavatios (MW), por los que, supuestamente, Solaria adeuda una cantidad que «sobrepasa ampliamente los 60 millones de euros de principal, con intereses legales, costas y daños y perjuicios al margen».
Las acciones que planea la plataforma tendrán lugar sin perjuicio de las medidas que las subcontratas que forman parte del ‘zafarrancho’ están tomando o puedan tomar por separado en el futuro: «Todos estos diferentes proveedores continúan con sus actuaciones tendentes a denunciar el modus operandi de Solaria sufrido por todas estas empresas contratistas afectadas por irregularidades que reúnen idénticas características, cometidas todas ellas en el desarrollo de contratos de ejecución de obra relativos a proyectos fotovoltaicos implantados en territorio nacional e internacional».
MERCA2 ha intentado conocer la versión de Solaria sobre las acusaciones vertidas contra ella, pero la compañía ha hecho caso omiso a todas las tentativas de contacto por parte de este medio.
EL COMPLEJO SOLAR MANCHEGO DONDE ‘PRENDIÓ LA MECHA’
El pasado 13 de enero, MERCA2 destapó que Solaria se enfrentaba a una triple denuncia penal por fraude de ley, coacciones, estafa y falsedad documental. El proceso lo inició Izmar Energy System, una subcontrata a la que había encargado la construcción de varias instalaciones solares y que actualmente se ha convertido en el motor de la plataforma de afectados.
Según la documentación del caso, Izmar reclama el pago de dos millones de euros que se le adeudan por trabajos realizados para Solaria. Las denuncias, presentadas en los juzgados de Guadalajara, acusan de fraude de ley y estafa a la compañía; a su presidente, Enrique Díaz-Tejeiro, y al director de Proyectos, Raúl Romero.
El contenido de las denuncias de Izmar está en sintonía con el modus operandi descrito en el comunicado de la plataforma: la empresa contratista afirma que Solaria «falseó deliberadamente» un contrato firmado entre ambas compañías para el desarrollo de una planta fotovoltaica y línea subterránea de media tensión del parque fotovoltaico Telesto solar 4, dentro del complejo Budia Norte de la provincia manchega. La cotizada, alegando insatisfacción con los trabajos realizados, presuntamente se negó a pagar a la subcontrata.
SUPUESTAS COACCIONES, FALSEDAD CONTRACTUAL Y FRAUDE ADMINISTRATIVO
Izmar ha acusado de coacciones a la propia Solaria, a Raúl Romero y al exdirector facultativo y de construcción de Solaria para el complejo Trillo, Jorge Cordero del Val. Estas coacciones, según el relato de la contratista, se dirigían a «impedir la continuación» de la actividad profesional de Izmar.
Asimismo, Izmar afirma que Solaria carece de los permisos con los que dice contar, citando específicamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), perentoria para acometer las tareas de construcción, con la que no contaba en el momento de la firma del acuerdo. La subcontrata denuncia que Solaria ocultó intencionadamente que no tenía este documento, falseando el contrato.
EN 2021, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, AL IGUAL QUE IZMAR, ACUSÓ A SOLARIA DE COMETER FRAUDE DE LEY FRAGMENTANDO UN GRAN PROYECTO FOTOVOLTAICO EN VARIAS UNIDADES MÁS PEQUEÑAS, CON EL SUPUESTO FIN DE AGILIZAR LA OBTENCIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS
Por último, la acusación de fraude de ley contra la cotizada se justifica en una presunta fragmentación de proyectos; esto es, la práctica irregular de dividir un gran proyecto en otros más pequeños con el propósito de agilizar los trámites para la obtención de permisos. Este engaño administrativo habría sido cometido, según Izmar, en la propia Budia Norte, instalación de 338 MW que Solaria habría fragmentado en unidades inferiores a 50 MW.
No es la primera vez que la empresa presidida por Enrique Díaz-Tejeiro ve su nombre envuelto en una controversia de este tipo. En 2021, la ONG Ecologistas en Acción denunció a Solaria por este mismo motivo, la fragmentación fraudulenta de proyectos. Y en la misma provincia, Guadalajara.
Los ecologistas presentaron tres denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) contra proyectos de plantas solares de la compañía. Según las acusaciones, las instalaciones son colindantes, pero fueron fragmentadas en los trámites administrativos para minimizar su impacto ecológico y agilizar los permisos, incurriendo, según la organización, en un fraude de ley.
