La localidad de San Javier (Murcia), dirigida por el ‘popular’ y número 2 de Murcia, José Miguel Luengo Gallego, se encuentra inmersa en un escándalo tras la reciente anulación del contrato de agua por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) por presuntos indicios de corrupción y tráfico de influencias.
La resolución, publicada este martes en la plataforma de contratación y adelantada por MERCA2 hace dos semanas, anula la adjudicación a la empresa FCC Aqualia del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier, con una duración de 20 años y un presupuesto de 247 millones de euros. El texto también ordena la repetición de todo el concurso de licitación después de detectar irregularidades en el proceso. En paralelo, sigue la indagación por parte de la Fiscalía de Cartagena al observar posibles indicios de ilegalidades en la adjudicación del contrato y valorará las posibles consecuencias penales en los que se habría podido incurrir por parte del Ayuntamiento murciano.
LA REPUTACIÓN DE IFM, MUY TOCADA TRAS EL REVÉS A FCC AQUALIA EN SAN JAVIER
El escándalo en San Javier podría salpicar al fondo IFM, ya que la empresa de gestión del agua, Aqualia, cuenta con participación accionarial tanto del grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) como del fondo ético australiano IFM (49%). Precisamente este gestor de pensiones se entrevistó con Pedro Sánchez en la Moncloa en el mes de octubre pasado. Los australianos, capitaneados en España por Jaime Siles como director ejecutivo, transmitieron al presidente su intención de continuar invirtiendo en territorio español.
La firma gestiona 143.000 millones de dólares, pero sus 665 inversores institucionales suman activos valorados en un billón de euros, es decir, una cifra muy cercana al PIB nacional. Acumulan 8.000 millones invertidos en Naturgy, Aqualia y Aleática. Habrá que ver cómo influirá esta sacudida de los tribunales a Aqualia y qué repercusiones puede tener por parte de los inversores su inversión en una compañía señalada por posible corrupción. Precisamente, la industria del agua era una prioridad de los australianos más allá de la energía y las renovables.
El conflicto de intereses en la adjudicación se revela cuando Luengo Gallego (PP) externalizó la redacción de los pliegos y la evaluación de las ofertas a la consultora Ingeagua
El fondo IFM Investors se enfrenta ahora a la tarea de preservar su reputación en medio del escándalo. La repercusión internacional de este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en los negocios, especialmente cuando se trata de proyectos que afectan directamente a las comunidades locales.
INGEAGUA, JUEZ Y PARTE EN LA ADJUDICACIÓN A FCC AQUALIA
El conflicto de intereses se revela cuando el Ayuntamiento de San Javier, dirigido por José Miguel Luengo Gallego (PP), externalizó la redacción de los pliegos y la evaluación de las ofertas a la consultora Ingeagua.
Este hecho suscita sospechas de prevaricación, ya que Ingeagua, la consultora externa, presentó en el mismo concurso la propuesta de uno de sus clientes, Aqualia. Paradójicamente, Aqualia obtuvo la máxima puntuación (49 puntos de 49 posibles) en todos los aspectos técnicos evaluados subjetivamente por la propia consultora. La oferta de Aqualia excedió de manera significativa el límite permitido, superando en un 56% a las propuestas de otros competidores.
Pero ahí no acaba la historia. También se cuestiona la vinculación del alcalde, Luengo Gallego, con otro conflicto de intereses, ya que estuvo empleado durante tres años como ingeniero de obras públicas por la empresa José Díaz García S.A, principal contratista de obras propuesto por la filial de FCC en el proyecto. Esta conexión plantea dudas adicionales sobre la imparcialidad en la toma de decisiones y refuerza la percepción de posibles prácticas poco éticas en la adjudicación del contrato de agua en San Javier.
LA FISCALÍA DE CARTAGENA PONE EN DUDA LA ADJUDICACIÓN
Asimismo, la Fiscalía de Cartagena está investigando el caso desde el pasado mes de septiembre al detectar presuntos indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en el concurso público.
El escrito de la Fiscalía pone el foco en la controvertida actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien previamente estuvo vinculado a Aqualia y que fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.
