En el municipio conquense de Villar de Cañas no ha gustado nada que el Gobierno central haya fulminado el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que iba a albergar la localidad. Su alcalde, Alejandro Pernías, ha anunciado que está considerando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) esta decisión: «Si esto no lo arregla la política, lo tendrán que arreglar los tribunales».
Pernías sostiene que el Ejecutivo ha actuado «sin respaldo técnico ni científico» al tumbar la iniciativa, a la que no da por perdida. El regidor ha recordado que el TS «siempre» ha dado la razón al Ayuntamiento de Villar de Cañas cuando se ha cuestionado el emplazamiento, como cuando el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha «amplió ilegalmente una zona de aves para intentar parar el ATC».
El pasado miércoles 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que descarta el ATC contemplado previamente en favor de siete almacenes temporales descentralizados en cada instalación atómica y un almacenamiento geológico profundo.
Para el alcalde de Villar de Cañas, la decisión del Gobierno es «un disparate», al tiempo que ha advertido de que la decisión implica «dos almacenes nucleares», en vez de uno, en relación a los ATD que se construirán en Trillo y en Zorita, en la provincia de Guadalajara. Asimismo, Pernías subraya que este cambio de rumbo resultará oneroso para los consumidores, pues su coste (2.000 millones de euros) repercutirá en un aumento en la factura de la luz.
EL PLAN AL QUE SE OPONE VILLAR DE CAÑAS
El séptimo PGRR que salió el miércoles del Consejo de Ministros establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.
El documento ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador del Plan. Es el primer PGRR sometido a evaluación ambiental estratégica –que también incluye una fase de consultas e información pública– y al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Todos estos trámites obedecen, según el Ejecutivo, al objeto de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social.
Este nuevo plan sustituye al sexto PGRR, vigente hasta ahora, que se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
EL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS (PGRR) Dispone el cese de operación de las centrales NUCLEARES entre 2027 y 2035 y SU DESMANTELAMIENTO A LOS TRES AÑOS, excepto Vandellós I, CUYA ÚLTIMA FASE TENDRÁ LUGAR A PARTIR DE 2030
El diseño del séptimo PGRR complementa las líneas maestras del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en materia de energía atómica, concretando los pasos hacia la clausura definitiva de las plantas nucleares en España. Dispone el cese de la operación de las centrales entre 2027 y 2035 y el inicio de su desmantelamiento a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
Asimismo, establece la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad. Los desechos permanecerán en los ATD hasta su traslado al almacenamiento definitivo, un Almacén Geológico Profundo (AGP) cuya construcción también está contemplada en el PGRR.
