El Gobierno de Pedro Sánchez, ya asentado en el pleno ejercicio del poder, ha dado un paso de relevancia a nivel internacional con la denuncia formal del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El actual Ejecutivo, que considera a este convenio «obsoleto» en relación a los objetivos climáticos consensuados a nivel global, inicia de esta manera el proceso oficial de ‘divorcio’ de los compromisos contenidos en el mismo.
EL ESQUEMA MULTILATERAL
El TCE traza un esquema multilateral enfocado a promover la cooperación en materia de energía y fomentar la seguridad energética mediante unos mercados de la energía más abiertos y competitivos. Las disposiciones del acuerdo se orientan a proteger la inversión extranjera, sobre la base de un tratamiento que no sea menos favorable que el concedido por las mejores condiciones nacionales de inversión; garantizar unos flujos de tránsito energético transfronterizos fiables mediante el desarrollo de las infraestructuras; y establecer un marco consensuado de resolución de conflictos entre los estados participantes.
El TCE traza un esquema multilateral enfocado a promover la cooperación en materia de energía y fomentar la seguridad energética mediante unos mercados de la energía más abiertos y competitivos
En vigor desde 1998 y suscrito por 53 países, el TCE ha estado siempre en el centro de la polémica . Ha sido frecuentemente acusado de proteger la presencia en el mercado de los combustibles fósiles (responsables de la mayor parte de emisiones de efecto invernadero a la atmósfera) y de obstruir el crecimiento y generalización de las alternativas energéticas sostenibles.
LA SALIDA DE Alemania, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Luxemburgo
Países como Alemania, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Luxemburgo y Polonia ya han oficializado su salida de este tratado, al que la Comisión Europea (CE) acusa de «desfasado». De hecho, el Ejecutivo comunitario propuso el pasado julio que los estados miembros de la UE abandonaran en conjunto su adhesión.
SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN, la infraestructura fósil protegida por el tce asciende a 344.600 millones de euros, LO QUE SUPONE más del doble del presupuesto anual total de la UNIÓN EUROPA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, tampoco lo mira con buenos ojos. A través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha expuesto que el TCE «puede amplificar las cargas existentes sobre los países que quieren cambiar los combustibles fósiles tradicionales por la generación renovable de energía«.
EL CONVENIO TRANSNACIONAL Y LA INVESTIGACIÓN
Según el portal ‘Investigate Europe’, este «poco conocido» convenio transnacional «puede convertirse en una amenaza masiva para la UE y sus países miembros en su propósito de alcanzar los objetivos climáticos».
la infraestructura fósil protegida por el TCE asciende a 344.600 millones de euros, según una investigación
Esta organización periodística apoya su postura sobre el TCE con una investigación que desvela que la infraestructura fósil protegida por el mismo asciende a 344.600 millones de euros. «Esto es más del doble del presupuesto anual total de la UE y corresponde a 660 euros por residente», destaca, agregando que tres cuartas partes de esta cifra corresponden a yacimientos de gas y petróleo (126.000 millones de euros) y oleoductos (148.000 millones de euros).
ESPAÑA Y EL TCE, CRÓNICA DE UN DIVORCIO ANUNCIADO
La decisión del Gobierno español de distanciarse del tratado se fundamenta en su incompatibilidad con los objetivos climáticos y de transición energética fijados por la comunidad internacional en general y la UE en particular.
España tiene una turbulenta historia de pleitos en relación al TCE, muchos de ellos aún abiertos, especialmente desde que la política energética nacional viró hacia las energías ‘verdes’. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Londres (Reino Unido) falló a favor del fondo de inversión francés Antin, que reclamaba a nuestro país 120 millones de euros en pérdidas sufridas en 2013, a resultas de la reducción de unas ayudas a la energía renovable.
España tiene una turbulenta historia de pleitos en relación al TCE, muchos de ellos aún abiertos, especialmente desde que la política energética nacional viró hacia las energías ‘verdes’
El magistrado inglés encargado del caso desestimó la pretensión española de reconocer, en base a la jurisprudencia comunitaria, la revocación de las obligaciones establecidas en el TCE, en las que Antin basaba su demanda.
