La consolidación del ‘impuestazo’ a energéticas y banca no es suficiente para Yolanda Díaz. Este jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha expresado su incomprensión respecto a los incentivos fiscales a los gigantes del sector de la energía, anunciando que trabajará para que el Gobierno de coalición «corrija» estos descargos.
Díaz se refiere a las modificaciones presupuestarias anunciadas el miércoles por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para que desde el 1 de enero las empresas del ramo puedan deducir del gravamen todas aquellas inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo español.
«Lejos de bajarles los impuestos, tienen que ser ellas las que contribuyan a la salida de la crisis en España», ha asegurado Díaz en una entrevista en TVE, en la que ha comentado que es «absolutamente incomprensible» que en el país, tanto las grandes energéticas como las entidades financieras, tengan unos beneficios «absolutamente obscenos».
«ES INCOMPRENSIBLE QUE BAJEMOS LOS IMPUESTOS JUSTAMENTE A LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS, QUE DUPLICAN LOS BENEFICIOS Y LA RENTABILIDAD DE SUS HOMÓLOGAS EUROPEAS»
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
«Justamente a estas empresas energéticas les bajamos los impuestos», ha criticado Díaz, tachando de «incomprensible» que un Gobierno progresista incentive o bonifique deducciones fiscales a las entidades energéticas, que «duplican los beneficios y la rentabilidad» en relación a las empresas energéticas europeas.
Por ello, ha asegurado que no «hay nadie en la economía de España que pueda defender esto, salvo por razones ideológicas», al tiempo que ha opinado que este impuesto estaba funcionando bien.
No obstante, la titular de trabajo ha asegurado que desde el Gobierno de coalición están tomando medidas «positivas» para España, aunque ha manifestado que «no son suficientes.
Díaz, además, ha explicado que el Real Decreto-Ley publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es «bienvenido», y ha considerado que no haber prorrogado las medidas, que era el debate que el Gobierno tuvo ayer, habría sido «una mala noticia para España».
HAY ‘IMPUESTAZO’ PARA RATO
El pasado miércoles, tras la última reunión del Consejo de Ministros del año, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el gravamen a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas será prorrogado al menos un año y, a tenor de sus palabras, tiene todos los visos de convertirse en permanente.
Sánchez señaló el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria «que pasará ya a contar con un carácter permanente». El impuesto, dijo, «fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisada», ha explicado el jefe del Ejecutivo.
Los consumidores tampoco se libran del ciclón impositivo: el IVA de luz y gas sube del 5% al 10%. El presidente confirmó que las reducciones fiscales a la energía serán retiradas de forma «gradual», medida que justificó en «la caída de los precios de la energía» en los últimos tiempos.
DÍAZ HABLA DEL SMI Y CALVIÑO
Por otro lado, la titular de Trabajo ha asegurado que con «carácter inmediato» el Gobierno va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, dado su compromiso «con los trabajadores, con los autónomos y con la gente de España.
Por su lado, preguntada por Nadia Calviño y su marcha al Banco Europeo de Inversiones (BEI), Díaz ha asegurado que ya se ha despedido de ella, y que la echará de menos, al tiempo que ha manifestado que es un «orgullo» que una mujer lidere una institución financiera internacional.
También ha destacado, en referencia al sustituto de Calviño, que «mañana lo conocerán», y que lo importante es que el Gobierno transmita que va a seguir trabajando protegiendo a los trabajadores.
Por último, ha insistido en que hay que limitar los precios del alquiler con carácter «inmediato», dado que España tiene «un grave problema», afirmando que hay que garantizar que «la vivienda sea un derecho fundamental, tal y como dice la Constitución Española».
