El año que estamos a punto de dejar atrás ha marcado un antes y un después en el sector de la energía. El pandemónium de 2022, con una guerra en Europa que puso patas arriba el suministro, dio paso a un 2023 de transformación, con las renovables en el papel protagonista. Ha habido grandes acuerdos transnacionales y compromisos de última hora en cumbres encarnizadas, en cuya letra se vislumbra el certificado de defunción del petróleo; pero el ejercicio termina con la mancha de la violencia en Gaza y el mar Rojo, que vuelve a poner en riesgo la seguridad del abastecimiento global.
En España, el distanciamiento entre el Gobierno y el sector ha sido total. El empecinamiento del Ejecutivo y sus socios en cerrar el parque nuclear y castigar fiscalmente a las empresas ha abierto una brecha que está lejos de ser suturada. Con todo, Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, las cuatro ‘grandes’ del país por capitalización bursátil, deben coger el volante de la transición energética, que en 2024 tomará velocidad de crucero.
IBERDROLA: CIFRAS DE INFARTO AL SERVICIO DE LAS RENOVABLES
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán comienza el 2024 en plena resaca crediticia. El 22 de diciembre, la energética anunció que Papá Noel, adelantándose a Nochebuena, había dejado una línea de crédito de 5.300 millones de euros bajo el árbol. La opinión de los analistas sobre la operación está dividida -no han trascendido las condiciones del acuerdo y los tipos de interés están por las nubes- pero lo que está claro es que Iberdrola ha exhibido músculo e influencia: hasta 33 entidades financieras han participado en el crédito, que a la sazón es el mayor en la historia de la firma.
Una financiación colosal a la medida de la también gigantesca deuda de la empresa, que roza los 50.000 millones de euros. Mucha responsabilidad, pero ha caído sobre buenos hombros: en noviembre de 2022, Iberdrola reincidió en los récords anunciando un plan de inversiones de 47.000 millones de euros para el periodo 2023-2025, basado en más redes eléctricas y en crecer de forma selectiva en renovables.
IBERDROLA prevé superar los 65.000 millones de euros en activos de redes y los 100.000 megavatios de capacidad, de los que más del 80% serán renovables
Precisamente el área de las energías ‘verdes’ es donde Galán está haciendo el agosto. Para finales de la década, el grupo prevé superar los 65.000 millones de euros en activos de redes y los 100.000 megavatios (MW) de capacidad, de los que más del 80% serán renovables. En aras de garantizar esta progresión, el regadío de inversiones oscilará entre los 65.000 y los 75.000 millones, previstas para mediados de este decenio en adelante.
A la espera de los resultados anuales, que serán desvelados en febrero, los beneficios superaron el 17% de crecimiento entre enero y septiembre, constatando los réditos de la agresiva expansión internacional de la compañía, con faraónicos proyectos de eólica marina a ambos lados del ‘charco’.
MENOS DEUDA Y MÁS POTENCIA PARA NATURGY
Naturgy también afronta el nuevo año con la saca crediticia a rebosar: 700 ‘kilos’ cortesía del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que en 2023 se ha mostrado especialmente rumboso a la hora de inyectar liquidez a las energéticas españolas.
Eso sí, tendrá deberes. La financiación del BEI, de la que ya se ha firmado un primer tramo de 500 millones, será destinada a tres pilares de la transición energética: la digitalización de la red eléctrica, el refuerzo del sistema de suministro y la integración de las energías renovables en las redes de distribución. El propósito del crédito es impulsar la contribución de Naturgy a los objetivos climáticos nacionales y de la Unión Europea (UE).
El último reporte de la empresa de Francisco Reynés reflejaba unas cuentas presididas por un beneficio semestral de 1.045 millones de euros, un incremento del 87,6% con respecto a los 557 millones obtenidos en idéntico periodo de 2022. Otras buenas noticias acompañaban a las ganancias, como el aumento de incremento de casi 400 megavatios (MW) en la capacidad renovable global instalada y el 11% de reducción en la masa de deuda, actualmente situada en los 10.752 millones de euros.
ENDESA, HERIDA POR EL ‘IMPUESTAZO’
Si hay algo que puede reivindicar el presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero, es el respaldo incondicional de su matriz. La italiana Enel demostró a fines de noviembre que está a las duras y a las maduras, abonando las sangrantes cuentas de su filial con casi 9.000 millones de euros, una cuarta parte de su montante inversor para el próximo trienio.
Los jefes han dado a la eléctrica con una jugosa dotación para 2024. Y buena falta le hace, ya que el período entre enero y septiembre mermó dramáticamente sus cuentas: el beneficio ordinario sufrió un batacazo del 28%, apenas superando los 1.000 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (EBITDA) también disminuido -en un 3%- y una desbocada deuda de 11.600 millones de euros, un 6% más grande que al cierre de 2022.
Los mandamases de la compañía no han dudado en dirigir su dedo acusador hacia quien consideran el culpable de su menoscabo: el Gobierno y su política fiscal, la cual fue calificada de «demencial» por el CEO, José Bogas. Se refería, por supuesto, al ‘impuestazo’ a los beneficios extraordinarios del sector energético, uno de los ejes de la controversia económica durante la pasada legislatura y su posterior interregno.
Bogas se refirió al controvertido tributo especial calificándolo de «injusto» y «discriminatorio respecto al conjunto de utilities europeas», reclamando cambios fiscales y regulatorios para alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la comunidad internacional. En cualquier caso, Endesa no ha sido, ni de lejos, la empresa más beligerante en este aspecto; ese título le corresponde a la firma que protagoniza el siguiente apartado.
Penurias tributarias aparte, no todo es árido en la parcela de Endesa. La empresa tiene ya vendida el el 91% de su producción propia de electricidad y el 98% del gas para 2024, y se mantiene fuerte en áreas como la movilidad eléctrica -ya alcanza los 17.600 puntos de recarga- o la inversión en redes y energías renovables, a las que dedica, respectivamente, el 40% y el 36% de sus más de 1.500 millones de montante inversor.
2024 DECIDIRÁ EL PULSO ENTRE REPSOL Y EL GOBIERNO
«Vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española» -retumbó Josu Jon Imaz en la presentación de resultados de Repsol- «Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados». El iracundo CEO de la petrolera dejaba así en el la cuerda floja un total de 1.500 millones en proyectos dentro del territorio nacional, situación provocada por el «ilegal e inconstitucional» impuesto extraordinario a las energéticas.
La multinacional incluso se ha atrevido a poner fecha al órdago lanzado: el 22 de febrero de 2024, jornada en la que pondrá negro sobre blanco su plan de inversiones. Intimidado o no por la postura de Repsol, el Gobierno ha admitido que se está replanteando el ‘impuestazo’: tanto la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, como el presidente, Pedro Sánchez, han abierto la puerta a un cambio de configuración, o incluso supresión, de la medida.
Y es que, al igual que ocurre con Endesa, las cuentas de Repsol no están en su mejor momento. En el desafío de Imaz reverbera un descenso del 14% en el resultado neto, hasta los 2.785 millones de euros entre enero y septiembre.
En cualquier caso, la liquidez de la compañía se sitúa en 10.650 millones de euros, suficientes para cubrir más de cinco veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo. Asimismo, la petrolera estima que un 35% del total inversor de 2023 -estimado en 5.200 millones de euros- se destinará a iniciativas bajas en carbono, reforzando el compromiso de transición de la firma.
