El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva Ley de Paridad entre hombres y mujeres en los puestos de la cúpula directiva de las empresas del Ibex 35. La normativa obliga a disponer de entre un 40% y un 60% de los sillones para las mujeres tanto en los puestos de alta dirección, como en los consejos de administración.
Esta normativa cayó con el adelanto electoral del 23-J, pero ahora el Gobierno la ha vuelto a repescar para imponer esta nueva medida a las empresas. Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha facultado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para velar por el cumplimiento de esta nueva exigencia a las empresas, un papel que se tendrá que desempeñar en todas las cotizadas españolas.
Las infracciones, además, tendrán carácter grave y las sanciones se convertirán en multas e incluso la suspensión de cotización hasta que se cumpla la normativa. Esta nueva apuesta por la ley de Paridad sirve al Gobierno de Pedro Sánchez para adoptar un papel más feminista en plena lucha con la izquierda, más tras la ruptura de Podemos y Sumar.
IGUALDAD, INCLUIDA EN LA REDACCIÓN DE LA LEY DE PARIDAD
«La meritocracia sin paridad no es posible», ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Asimismo, otra de las claves de esta normativa es que no han cambiado los plazos y las empresas deben ponerse las pilas para cumplir con las exigencias lo antes posible.
El Gobierno, además, ha eliminado toda huella de la anterior ministra de Igualdad, a pesar de que la redacción se realizó sin contar con el equipo de Irene Montero, líder de Podemos y vetada por PSOE y Sumar en esta legislatura. El régimen sancionador es «más estricto», según ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. No obstante, según fuentes gubernamentales, la ley no ha cambiado.
«Es una ley del Gobierno, creo que es importante que las mujeres podamos romper los techos de cristal, pero lo más importante es que todas las mujeres puedan despegarse de los suelos pegajosos», argumentó Montero, cuando se le preguntó por la ausencia de su departamento en la redacción del texto. No obstante, para esta redacción sí se ha contado con Igualdad.
De esta forma, se dan siete meses de plazo a las 35 empresas con mayor capitalización bursátil para modificar su organigrama. Es una labor ardua y contrarreloj debido a la altísima responsabilidad del cargo, donde los perfiles son muy disputados y a veces no idóneos tras un largo proceso de selección.
LA SUSPENSIÓN DE COTIZACIÓN COMO SANCIÓN
El resto de cotizadas tendrá un año adicional para adaptarse a esta nueva normativa. Para ellas, la entrada en vigor de los nuevos requisitos entrará el 30 de junio de 2025 para aquellas que tengan un valor en Bolsa de más de 500 millones de euros. El resto de cotizadas tendrá hasta dos años más respecto al Ibex 35 para poder cumplir con las condiciones exigidas.
Esta misma regla se aplicará para las empresas con interés público y más de 250 trabajadores, así como una cifra de negocios de 50 millones de euros o bien activos valorados en al menos 43 millones de euros.
los colegios profesionales tendrán que cubrir entre el 40% y el 60% de los puestos en la alta dirección con mujeres
Por otro lado, los colegios profesionales tendrán que cubrir entre el 40% y el 60% de los puestos en la alta dirección con mujeres, pero igual que las empresas de 500 millones, no tendrá lugar la exigencia hasta el 30 de junio de 2026. Si no hay posibilidad, tendrán que explicar el por qué, así como detallar un plan para hacerlo efectivo en el plazo más breve posible.
LA LEY DE PARIDAD AFECTARÁ A TODOS LOS ÁMBITOS PÚBLICOS
Además, esta ley de Paridad también afectará al Gobierno y órganos constitucionales, pero también en listas electorales, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo de Estado e incluso el Tribunal Constitucional. De esta forma, no se escogerán a los mejores en cada terreno, sino que habrá una cuota impuesta para romper el denominado «techo de cristal».
Todos los ámbitos de la Administración, por otro lado, tendrán que cumplir con esta misma normativa, que ya tiene sus propias críticas empresariales. Así las cosas, los órganos superiores, cada uno de los 22 Ministerios y la Administración General del Estado tendrán que tener estas cuotas dentro de cinco años.
