El abogado y político Jaume Asens, que fue el número tres de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, lanzó hace unos días unas graves declaraciones contra los jueces del Tribunal Constitucional con relación a la futura Ley de Amnistía que prepara el gobierno español. Además, recientemente, el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció que el lawfare existe en España.
Pero este no es un concepto nuevo. Lo hemos escuchado muchas veces y casi siempre como excusa de políticos de la misma ideología para justificarse ante ilegalidades presuntamente cometidas. El partido En Comú Podem, capitaneado por Ada Colau, ha sido el que más han utilizado este recurso cuando ha necesitado justificar demandas judiciales en su contra. La exalcaldesa de Barcelona y algunos de sus compañeros de partido más cercanos, como Janet Sanz, Eloi Badia o Lucía Martín, han jugado al papel de víctimas del lawfare en numerosas ocasiones.
Buscando en la hemeroteca, se pueden encontrar numerosos casos en los que ‘los Comuns’ han sacado la artillería pesada de la comunicación de partido para “denunciar” el teórico acoso judicial de lobbies y empresas contra su ideología, blanqueando de esta forma posibles delitos supuestamente cometidos desde un cargo público y convirtiéndose en mártires que luchan contra el sistema dirigido por los poderosos.
Un ejemplo actual con las diligencias abiertas afecta a uno de los pesos pesados de Barcelona en Comú. Eloi Badia, actual diputado de Sumar en el Congreso por Barcelona y anterior concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Barcelona. Badia se encuentra inmerso en una causa desde 2022, donde el juzgado de Badalona investiga la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa, por emitir partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales permitidos entre 2015 y 2019. Badia fue el máximo responsable de TERSA durante su andadura en el Ayuntamiento de Barcelona.
La investigación pretende esclarecer si la planta se excedió en las emisiones de partículas y sustancias contaminantes, exponiendo la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto “riesgo grave”, según la denuncia de Fiscalía. El Ministerio Público acusa a Badia y al jefe de explotación de TERSA de tolerar presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental, al ser los máximos responsables de la gestión de la compañía.
Para Eloi Badia, toda esta investigación está orquestada por los lobbies, grandes empresas y fondos de inversión como venganza por las políticas llevadas a cabo por el ayuntamiento. La realidad es bien distinta, puesto que esta denuncia está realizada por la plataforma vecinal ‘Aire Net’, la cual no está formada por grandes empresarios.
El término lawfare está tan presente en la órbita de los Comuns, que el concejal de vivienda de la primera legislatura de Ada Colau (2015 – 2019), Josep Maria Montaner, publicó hace escasos meses un libro titulado “Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau”. Según el autor, en el libro se explican “los casos dentro de cada ámbito urbano de conflicto, explicando cuáles son los lobbies extractivistas que están frenando las transformaciones de las ciudades y están explotando sus recursos humanos y patrimoniales”.
Para Ada Colau, el lawfare también sirve como herramienta comunicativa, ya que son multitud de veces las que la alcaldesa o sus lugartenientes usan ese término en entrevistas, congresos o convenciones. Son muchas las ocasiones también en las que los Comuns han usado el lawfare como excusa o reclamo para realizar conferencias y actos políticos, para conseguir algo de visibilidad mediática.
El término lawfare está tan presente en la órbita de los Comuns, que el concejal de vivienda de la primera legislatura de Ada Colau (2015 – 2019), Josep Maria Montaner, publicó hace escasos meses un libro titulado “Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau”. Según el autor, en el libro se explican “los casos dentro de cada ámbito urbano de conflicto, explicando cuáles son los lobbies extractivistas que están frenando las transformaciones de las ciudades y están explotando sus recursos humanos y patrimoniales”.
Para Ada Colau, el lawfare también sirve como herramienta comunicativa, ya que son multitud de veces las que la alcaldesa o sus lugartenientes usan ese término en entrevistas, congresos o convenciones. Son muchas las ocasiones también en las que los Comuns han usado el lawfare como excusa o reclamo para realizar conferencias y actos políticos, para conseguir algo de visibilidad mediática.
Consejos vendo y para mí no tengo
Sorprende como Ada Colau o Eloi Badia se quejan de la instrumentalización de la justicia, pero no han dudado ni un segundo en usar la via judicial contra quien es contrario a su ideología. El último caso de lawfare de los Comuns fue hacia el medio de comunicación Metropoli Abierta, el medio de comunicación digital líder en información local de Barcelona y su área metropolitana.
En este caso, Eloi Badia a través del Institut de Parcs i Jardins, el cual presidía, presentó una demanda contra Metrópoli y su director por todas las noticias que dicho medio de comunicación publicaba. Se trataba de la enésima intentona legal de los representantes del partido de Ada Colau para evitar la información crítica con su gestión municipal. La práctica constituye para la empresa editora del medio un intento de amedrentamiento a los informadores y “una suerte de lawfare” contra la libertad de expresión. Esa sentencia contraria al exconcejal de Barcelona En Comú supuso un importante dispendio económico para las arcas municipales de Barcelona.
