El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes al Gobierno que, de cara a la reunión a la que ha convocado el próximo jueves a sindicatos y empresarios sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), explique si indexará la subida de esta renta mínima a los contratos públicos.
En declaraciones a la prensa tras inaugurar un foro económico con el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Patrick Martin, Garamendi ha reafirmado la postura de la patronal de que el alza del SMI se ligue a los contratos públicos.
«Lo que nos tiene que explicar, en este caso el Gobierno, es si va a indexar esa subida a los contratos públicos (…) No puede ser esa subida de prácticamente el 45% en el salario y, sin embargo, el Estado se preserva en su contratación», ha denunciado el líder empresarial.
En su opinión, el Gobierno debería implementar ese margen, pues «hay muchísimas pequeñas empresas que dan servicios públicos no sólo al Gobierno, también a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los ayuntamientos, que realmente están asfixiadas.
Garamendi ha recordado que CEOE y Cepyme ya han puesto sobre la mesa la propuesta de subida del SMI que llevarán a la negociación con Gobierno y sindicatos, consistente en un alza del 3% tanto para 2024 como para 2025, en línea con lo planteado en el pacto de convenios que ambas organizaciones empresariales firmaron el pasado mes de mayo con CCOO y UGT.
«Nosotros ya hemos hecho un planteamiento, que es ese acuerdo que hemos tenido con los sindicatos el 10 de mayo, que además es una forma de no romper las tablas salariales en lo que son los efectos de los convenios», ha subrayado.
REUNIÓN ESTE JUEVES A LAS 16.00 HORAS
Gobierno, sindicatos y empresarios iniciarán este jueves a las 16.00 horas las negociaciones para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, cuyo importe actual asciende a 1.080 euros mensuales por catorce pagas.
El Ejecutivo no está obligado a negociar el SMI con los agentes sociales, pues el Estatuto de los Trabajadores sólo le mandata a consultarles, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha intentado sacar esta medida adelante con su respaldo.
La subida del SMI es una de las primeras medidas que se ha fijado la vicepresidenta Díaz de cara a la nueva legislatura con el objetivo de que esta renta mínima, que afecta a algo más de dos millones de trabajadores que no están amparados por la negociación colectiva, no pierda poder adquisitivo en un contexto de altas tasas de inflación.
LA PROPUESTA EMPRESARIAL PARA EL SMI DE 2024: 1.112,4 EUROS AL MES
La hoja de ruta planteada por la CEOE pasa por subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.
En todo caso, la patronal ha precisado que su propuesta «tiene como condición sine qua non» la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.
El planteamiento empresarial implicaría una subida del SMI, en dos años, de 65,77 euros, el equivalente a un alza del 6% respecto al importe actual. Así, el SMI aumentaría en 32,4 euros el próximo año y en 33,37 euros en 2025, de acuerdo con la propuesta de los empresarios.
La organización que dirige Antonio Garamendi defiende que su propuesta conjunta con Cepyme de subida del SMI para 2024 y 2025 está en línea con lo acordado con CCOO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
El acuerdo de negociación colectiva que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en mayo de este año recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).
