A finales de diciembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un amplio paquete normativo para la aplicación de la nueva PAC en España. Se trata de una Ley y 19 RRDD que establecen condiciones y requisitos a la actividad agraria que afectan, entre otros, a la nueva ‘condicionalidad reforzada’, el uso sostenible de fitosanitarios, la nutrición sostenible de suelos agrarios, el SIEX, REA y cuaderno digital de explotación, los nuevos eco-regímenes, etc.
Desde el punto de vista del agricultor y ganadero, se incrementa de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí mismas un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de un coste adicional. A esto se une la continua generación de normativa ambiental que incide directamente en la actividad agraria.
Esta nueva normativa en vigor ya afecta de forma importante y preocupante a la gestión de las explotaciones y las prácticas agrarias, a la vez que implica multiplicar las exigencias burocráticas y mayores costes. Existe el riesgo de alcanzar un colapso administrativo en el campo, si la gestión sigue complicando, de consecuencias imprevisibles para el tejido productivo y la propia producción agraria. Asimismo, se está generando un importante problema de inseguridad jurídica provocada por la complejidad regulatoria.
EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC
En este contexto, el plan estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, «España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país».
La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.
EL FUTURO DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS SE DECIDE PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO DE LOS PRECIOS Y LOS MERCADOS
La reforma de la PAC a partir de 2023 mantiene el planteamiento actual respecto a la orientación al mercado. Parte de una situación de desregulación y liberalización de los mercados, de la eliminación de los mecanismos de intervención y estabilización y del desmantelamiento total de la preferencia comunitaria. Reconoce la volatilidad de los mercados y de los precios como consecuencia de esta desregulación, pero no establece ninguna política de rectificación al respecto, a pesar de que está perjudicando tanto a los productores como a los consumidores.
COAG exige que «La Unión Europea debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que cubran sus costes de producción y alcancen niveles remunerativos acordes a los elevados estándares de calidad, seguridad alimentaria, y respeto al medio ambiente que le son exigidos por la aplicación de los reglamentos europeos». Este modelo europeo debe protegerse restableciendo el principio de Preferencia Comunitaria basándose en los estándares de calidad y seguridad alimentaria.
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DE LA PAC NO HAN LLEGADO A UN ACUERDO FINAL
La Unión Europea debe revisar su política comercial respecto a la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos bilaterales como son el CETA, Euromed o Mercosur, entre otros. Venimos de un escenario en el que las negociaciones comerciales han condicionado y han dirigido las reformas de la PAC, esto ha sido así incluso por anticipado, sin haberse llegado a ningún acuerdo final, como ha sucedido con las reformas de la PAC de 2003-2008-2013, y la Ronda Doha de la OMC.
En contraste, otros países, como Estados Unidos y China, han promulgado sus leyes agrarias atendiendo fundamentalmente a sus necesidades internas. Ciertos acuerdos, como el TTIP y el CETA, al afectar a los marcos regulatorios sensibles (seguridad alimentaria, denominaciones de calidad, normas medio ambientales, bienestar animal), suponen una grave amenaza para nuestro modelo europeo de agricultura, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad, por lo que se debe proceder a su inmediata paralización.
Como norma general, los acuerdos con terceros países deben contemplar los mecanismos que garanticen que las importaciones cumplen las mismas normas que se exigen a las explotaciones de la Unión Europea en todos los ámbitos. En caso contrario, no se garantiza el cumplimiento de las finalidades que persiguen estas normas, y se sitúa a los agricultores en una situación de desinformación. Para implementar este requisito se debe poner en marcha un sistema de control efectivo de las importaciones.
Los consumidores europeos deben disponer de la información sobre el verdadero origen de los productos y tener la garantía de que todos los productos que se comercializan en sus territorios cumplen con las mismas normas exigidas en la Unión Europea para los procesos de producción, transformación y comercialización, independientemente de su procedencia, es decir, un correcto etiquetado.
LA REFORMA DE LA PAC
La reforma de la PAC, que entra en vigor en 2023, como bien comentan desde COAG, ‘no es justa ni social, y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo’. La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.
DESDE COAG DEFIENDEN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PERO UNIDA A LA ECONÓMICA Y SOCIAL
El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante para COAG, España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país. La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola
