El acuerdo de Sánchez con Junts incluía un apartado destinado a desarrollar un plan para «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», según aparece escrito en el acuerdo de ambas formaciones políticas.
Desde CEOE ya han defendido a defendido el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.
La formación independentista propuso que las empresas que no quisieran volver a Cataluña tras su marcha por el conflicto del procés en 2017, pudieran ser sancionadas a través de limitar su acceso a ayudas, exenciones o medidas de apoyo público. Esta propuesta, según Junts, se sustentaría en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español, en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Sin embargo, la redacción del acuerdo ha dejado abierto este tema para desarrollar las medidas con las que incentivar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña.
El partido de Puigdemont puso sobre la mesa de negociación el decreto del Gobierno presidido por Mariano Rajoy en 2017 por el que se permitió a las empresas ubicadas en Cataluña cambiar su sede social sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. De momento, a Junts no le interesa cambiar esta ley para favorecer el cambio a la inversa.
Nada más conocerse este plan, numerosas empresas ya han manifestado de forma directa o con un silencio cómplice que no regresarán a Cataluña. La ley de la amnistía y algunos de los puntos polémicos firmados por Sánchez y Puigdemont, lejos de tranquilizar el clima político y empresarial, han vuelto a enrarecer el ambiente político y de estabilidad jurídica y consideran que no es el momento idóneo.
Pese a las recomendaciones del Cercle d’Economia catalán y de las peticiones de Pere Aragonés y hasta los razonamientos de la patronal catalana Foment del Treball, de momento las más de 7.000 empresas que se marcharon no tienen intención de volver. La inseguridad jurídica e inestabilidad política vuelven a aparecer en su horizonte.
En el comunicado de CEOE para mostrar su desacuerdo con los pactos por los efectos perniciosos que pueden tener sobre las empresas y el empleo, e incluso la estabilidad financiera del Estado, Foment del Treball (que asistió a la reunión extraordinaria de CEOE) ha valorado positivamente que se solicite la estabilidad institucional y la seguridad jurídica como principales objetivos de la política económica española. «Esta receta es la que Foment considera oportuna para facilitar el regreso de las compañías catalanas, creando un clima de confianza en un contexto de estabilidad institucional», explicó tras la reunión.
HISTÓRICAS EMPRESAS COMO CAIXABANK, SABADELL O NATURGY YA HAN DICHO QUE NO VOLVERÁN A CAMBIAR SU SEDE
Caixabank, Sabadell y las más de 7.000 empresas que abandonaron Cataluña con la desestabilización de la economía que generó el procés en 2017, no piensan volver porque la actual situación tampoco es la idónea. Esta es la respuesta que dan muchas de las empresas que se marcharon al acuerdo de Junts y el PSOE, que incluye un apartado para incentivar a empresas y bancos que abandonaron la comunidad a que vuelven a establecer su sede en Cataluña.
Algunas de las que se marcharon tenían un arraigo de cientos de años, aunque las salidas más sonadas fueron la de Caixabank, que trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, que se fue a Alicante o Naturgy, que se trasladó a Madrid. Pero no fueron las únicas. Cabe recordar algunas como Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.
Cabe recordar que tras el referéndum ilegal del 1-0 las redes sociales se llenaron de mensajes desde toda España invitando a no consumir ningún producto catalán. A ello se sumó que la inestabilidad política también fue acompañada de la inestabilidad económica e inseguridad jurídica, lo que obligó a muchas empresas, más de 7.000, a salir de la comunidad para evitar males mayores.
EL AMPLIO RECHAZO A LA AMNISTÍA TAMPOCO GENERA LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL QUE NECESITAN LAS EMPRESAS
La salida de las empresas catalanas tuvo razones de peso porque lo que buscaban era proteger a sus accionistas de la incertidumbre que generaba permanecer en un territorio que estaba dispuesto a salir de España y de la Unión Europea, en lo que desde todas las partes se calificaba de secesión unilateral.
Sin embargo, por mucho que se propongan PSOE y Junts para que las empresas que abandonaron Cataluña regresen, lo cierto es que ni el Gobierno central ni autonómico pueden obligar a ninguna de esas empresas a que vuelvan, dado que se trata de decisiones de empresas privadas, por mucho que el Estado español pueda tener, por ejemplo, acciones de Caixabank de cuando compró Bankia, una operación por la que ostenta el 17,3% de la entidad. Sobre esta posibilidad en la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri prefieren no hacer ningún comentario.
Hace dos meses, cuando Alberto Núñez Feijóo se encontraba buscando apoyos para su investidura, y hasta intentó buscar alguna coincidencia entre el PP y Junts, el propio expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se quejaba de que aún estuviera vigente la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la salida de empresas, eliminando todas las trabas para cambiar de sede.
Con esta misma norma, las empresas que quisieran regresar no tendrían tampoco ninguna traba, y sin embargo, cambiarla obligaría a que se tuviera que votar por la junta de accionistas y no solo por el consejo de administración de la compañía.
LAS EMPRESAS CONSIDERAN QUE NO SE DA LA ESTABILIDAD NI LA SEGURIDAD JURÍDICA PARA REGRESAR A CATALUÑA
Las empresas insisten que no se da la estabilidad ni seguridad jurídica necesaria para volver, y aún más cuando el acuerdo de PSOE y Junts no cierra el conflicto que originó su marcha sino que deja abierta la posibilidad de que se intente hacer un referéndum, aunque descarten que en esta legislatura no será posible. Pese a todas las cesiones realizadas por el PSOE, por parte de Junts no hay ningún compromiso puesto por escrito de que cejara en su empeño de una acción unilateral o las leyes de desconexión, más bien todo lo contrario, deja abonado el terreno para que estas leyes se puedan producir.
JUNTS NO SE COMPROMETE POR ESCRITO EN EL ACUERDO PARA CEJAR EN SU EMPEÑO DE UNA ACCIÓN UNILATERAL O LAS LEYES DE DESCONEXIÓN
Pero pese a la libertad de las empresas para decidir donde ubicar su sede, el acuerdo del PSOE y Junts incluye que ambos partidos van a abordar «los elementos esenciales» de un plan para «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
Los cálculos de D&B consideran que desde octubre de 2017 a julio de 2023 en total se han trasladado a otro lugar fuera de Cataluña 7.743 empresas. El estudio reconoce que en ese mismo periodo han cambiado de sede 31.409 empresas en todas España, lo que significa que el 24,6% salieron de la comunidad catalana.
También es cierto que ninguna de las empresas que salieron de la comunidad prefieren no hacer declaraciones sobre lo que está ocurriendo en la actualidad, ni sobre el acuerdo entre PSOE y Junts, la amnistía ni tan siquiera la posibilidad de regresar a Cataluña por mucho que se quiera impulsar desde el acuerdo. En lo que sí coinciden es en que no se dan las circunstancias adecuadas para su traslado. Otros, como el presidente de Colonial, Juan José Bruguera, para no salir señalado en ningún sentido, opta por un «lo estudiaremos». El resto prefiere decir que no es el momento.
FRICCIONES ENTRE FOMENT Y CEOE POR LA AMNISTÍA
Por su parte, en las patronales hay cierta división de opiniones. La catalana Foment del Treball celebra el acuerdo por la incorporación de un plan para incentivar a las empresas catalanas a que regresen. En un comunicado, no obstante, reiteró la necesidad de las empresas de que haya estabilidad política y seguridad jurídica. De momento, su presidente, Josep Sánchez Llibre, insiste en que es necesario que las empresas regresen porque «es en Cataluña donde deben de estar».
SÁNCHEZ LLIBRE PIDE QUE LAS EMPRESAS REGRESEN PORQUE «ES EN CATALUÑA DONDE DEBEN ESTAR»
Sin embargo, desde la CEOE la lectura del acuerdo es más política. Antonio Garamendi ha convocado para este lunes a su junta directiva a una reunión extraordinaria para analizar la situación. El vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado que el acuerdo entre PSOE y Junts es «contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas», al tiempo que ha reconocido la «preocupación» de las compañías.
En todo caso, Amor ha insistido en que «la CEOE está con el Estado de Derecho, con la Constitución, con la separación de poderes, con la monarquía parlamentaria y con la igualdad entre todos los españoles», e interpreta a continuación que «el acuerdo es contrario a todo esto». En su opinión, «es una claudicación del Estado de Derecho, se borran delitos, se rompe la igualdad entre los españoles y se acomete un duro castigo a la separación de poderes».
Pese a este visión frontal al acuerdo, el presidente de ATA explica que «la CEOE estará siempre con el gobierno que el parlamento decida, con lealtad institucional, pero eso no es óbice para denunciar y decir lo que pensamos de este acuerdo».
Tampoco se ha callado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, para quien los empresarios se encuentran en una «situación triste, compleja y difícil» ante la «alta incertidumbre e inseguridad jurídica que arroja el acuerdo». Y también dio su opinión particular sobre la amnistía: «No obedece a intereses generales, quiebra la seguridad jurídica y viene a romper el marco constitucional», y como han expresado los jueces, «España no puede cuestionar la separación de poderes».
