La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha mantenido una reunión con el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, y el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández. Durante el encuentro, los representantes del sector han expuesto sus necesidades así como su apoyo a las administraciones públicas y la sociedad, para dar respuesta desde la colaboración público-privada a los retos y necesidades del sistema sanitario. Una de las medidas que se le ha vuelto a recordar es la solicitud de aplicar un IVA reducido a todos los productos sanitarios en España.
FENIN Y SNS
«El Sistema Nacional de Salud se encuentra en un proceso de transformación hacia un sistema más moderno, resiliente y digital en el que nuestra industria juega un papel clave, al desarrollar tecnología, productos y servicios innovadores que mejoran la calidad asistencial y los resultados en salud; y, por ende, la eficiencia del sistema», ha indicado el presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Jorge Huertas.
Los representantes del sector han planteado lo que desde su punto de vista son las fórmulas más eficaces y alineadas con Europa. Por ejemplo, la necesidad de dotar a la Sanidad de una financiación realista y un entorno regulatorio estable, facilitar la incorporación ágil y equitativa al sistema de las innovaciones tecnológicas (apostando por la compra pública basada valor) y acometer un Plan de Industrialización para el Sector de Tecnología Sanitaria que refuerce un tejido industrial sólido y evite la dependencia de mercados externos.
Durante el encuentro, se expuso a José Manuel Miñones las ventajas de aplicar un IVA reducido a todos los productos sanitarios en España, toda vez que la reforma de la directiva europea del IVA en abril de 2022 permite a los Estados miembro acometer esta medida al considerarlos ’bienes de primera necesidad y esenciales’ para la protección de los sistemas sanitarios.
Según estimaciones de Fenin, esta medida permitiría disponer de más de 1.000 millones de euros al conjunto de servicios de salud autonómicos, para acometer inversiones e incorporar innovaciones tecnológicas que mejoren la salud y calidad de vida de los pacientes.
En la actualidad el sector de Tecnología Sanitaria presenta una serie de dificultades ligadas a los efectos de la inflación y el incremento de costes productivos asociados a su actividad. «Nuestras compañías están redoblando esfuerzos para garantizar el óptimo aprovisionamiento a los servicios de salud y hospitales. Pero es preciso salvaguardar el equilibrio económico-financiero de los contratos públicos a través de una aplicación efectiva de la indexación de los contratos públicos que asegure el acceso de los pacientes a productos de primera necesidad que permiten prevenir, diagnosticar y tratar sus enfermedades», ha manifestado la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.
ENTORNO REGULATORIO
En este encuentro, la Federación ha refrendado a José Manuel Miñones su “total disponibilidad” para trabajar juntamente con el Gobierno en un marco regulatorio estable y, en concreto, para la óptima aplicación de normativas ya en vigor. Es el caso, por ejemplo, de la Ley 11/2023 publicada en mayo que permite la indexación (revisión de los precios, al alza o a la baja) de determinados contratos públicos de suministro y servicios, entre ellos, los de Tecnología Sanitaria.
No obstante, debido a la compleja ejecución de esta medida, Fenin considera esencial trabajar con los servicios de contratación pública del país con el fin de facilitar su correcta implementación. Para ello, Fenin ha elaborado una Guía de Compra Pública Eficiente del Sector de Tecnología Sanitaria, elaborada con los mayores expertos en contratación pública de las comunidades autónomas, que ha sido presentada al ministro en este encuentro.
Otras normativas en las que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuentan actualmente con la colaboración de Fenin para su óptima aplicación práctica son los nuevos reglamentos para productos sanitarios y productos sanitarios para el diagnóstico in vitro, o, más recientemente, el proyecto de nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y sobre el cual la Federación ya ha remitido sus aportaciones en su actual fase de consulta pública.
