Ayer, 4 de octubre, la patronal del sector de las renovables en la Comunidad Valenciana, Avaesen, ponía el grito en el cielo: la decisión del nuevo Ayuntamiento de Elche de suspender la tramitación de licencias para plantas de energía solar fotovoltaica pone una inversión de 100 millones de euros al borde del abismo.
El recién formado consistorio ilicitano, formado por la alianza del PP y Vox, ha congelado la concesión de los permisos a iniciativas que ya habían recibido el ‘visto bueno’ de las autoridades medioambientales, lo que, a juicio de Avaesen, es un sinsentido jurídico y administrativo.
La patronal no se ha guardado de advertir de una catarata de represalias judiciales contra el Ayuntamiento, no solo por parte de los promotores perjudicados, sino también de los dueños de las parcelas donde iban a ser instaladas las plantas. Además, están también sobre el alambre los 500 puestos de trabajo directos que iban a generarse, más varias decenas más surgidos durante las tres décadas estimadas de actividad de las centrales.
«Suspender las licencias de proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables»
Pedro Fresco, director general de Avaesen
«Si el ayuntamiento quiere plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística» – declaró el director general de Avaesen, Pedro Fresco– «Pero hacerlo sobre proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables».
Fresco, que dirige la patronal de las renovables desde el pasado junio, fue asesor en materia de energía de la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Ribera; y de febrero de 2021 a diciembre de 2022 fue Director General de Transición Ecológica del Gobierno valenciano. Respecto a las repercusiones que podría acarrear la decisión de la corporación municipal, opinó que proyecta una imagen de inseguridad jurídica que podría «ahuyentar a otras empresas e industrias», especialmente las vinculadas al ámbito de las energías limpias, «tan sensible y capital para Europa».
«Otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas de salvaguarda», aventuró.
A propósito de los propietarios de los terrenos, en Avaesen lamentan que «esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen los arrendamientos existentes», generando a los dueños de las tierras perjuicios de 24 millones de euros en 30 años. Muchos de ellos, afirman, habían cerrado por completo el acuerdo con las promotoras y pagado el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, por lo que en la patronal consideran muy probable un aguacero de demandas por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento de Elche.
EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE SE DEFIENDE
Por su parte, el consistorio, cuyo mandato abarca aproximadamente 33.000 hectáreas además de la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, ha justificado la decisión de suspender los permisos administrativos en la necesidad de facilitar el estudio para la reforma de la ordenación urbanística de energía renovable en suelo no urbanizable.
En este sentido, Fresco ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la instalación de energías renovables es una actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que limitaciones de este tipo «suponen una restricción al ejercicio de esta actividad».
«Sólo imperiosas razones de interés general justificarían limitaciones de este tipo, que además deberían justificar la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de alternativas menos restrictivas», concluyó el director de la patronal de las renovables valencianas.
