El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre, con efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con CCOO y UGT que vinculaba esta subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se situó en el 3,2%.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha cifrado el coste global de esta medida en el conjunto de las administraciones públicas en unos 740 millones de euros, de los que una «pequeña parte» corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPCA fuera superior al estimado.
Montero ha recordado que esta subida tiene carácter retroactivo desde enero y es fruto del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones públicas.
Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 –hasta septiembre, según el dato adelantado– superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%).
La primera subida variable, vinculada al IPCA, ya se ha cumplido, por lo que el Gobierno ha procedido a aprobar hoy el acuerdo por el que se aplicará en las nóminas del conjunto de empleados públicos.
Montero ha explicado que esta subida adicional del 0,5% será automática para los que son funcionarios. «En las empresas públicas y sector público ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental, pero esta subida apela a todo el conjunto de empleados, funcionarios locales y de comunidades autónomas», ha subrayado la ministra en funciones.
La titular de Hacienda ha resaltado que con esta subida se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB.
«Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales», ha señalado.
En concreto, el acuerdo contempla que, en 2023, si el incremento del PIB nominal es igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (2,1%), se aplicará otra una subida complementaria de un 0,5%.
Este posible incremento complementario del año 2023, de carácter consolidable, tendría efectos de 1 de enero de 2023 y es muy probable que se produzca, ya que el propio Gobierno ha adelantado que el PIB crecerá por encima de la estimación oficial (2,1%), como así corroboran organismos nacionales e internacionales que han revisado al alza sus estimaciones, en la mayoría de los casos por encima del 2,1% previsto.
MONTERO RESALTA EL AUMENTO DE LA PLANTILLA PÚBLICA EN LA ERA SÁNCHEZ
Montero ha asegurado durante su intervención que el Gobierno ha dado prioridad a las Administraciones Públicas y a su mayor activo, sus empleados, de forma que durante la última legislatura de Pedro Sánchez se han «superado los recortes» que aplicó el Ejecutivo del PP en la crisis financiera.
«Frente a esa política de reposición cero, hemos dado muestra de cómo hemos apostado por incrementar las plazas de la plantilla de los empleados públicos y también, en la medida de lo posible, atendiendo las reivindicaciones laborales que se han ido dando de la mano de las organizaciones sindicales», ha subrayado.
En este sentido, ha resaltado que desde 2018 a mediados de 2022 se han creado 169.000 puestos de trabajo en las Administraciones Públicas, «cifra que contrasta con la pérdida de 124.000 empleos que se llevó a cabo en la anterior legislatura», ha remarcado.
