El contrato del agua y alcantarillado en el Ayuntamiento de San Javier (Murcia), adjudicado a Aqualia, abre un nuevo y punzante capítulo. La Fiscalía ve «indicios de criminalidad» en el concurso público de 247 millones de euros, un montante que abonarán los habitantes del municipio durante los próximos 20 años. El Consistorio pagará a la empresa filial de FCC el 20% de su Presupuesto anual durante veinte años para sufragar el coste.
Aqualia barrió en las notas técnicas del concurso público, con una puntuación máxima otorgada por Ingeagua, empresa contratada por el Ayuntamiento de San Javier para realizar la valoración. No obstante, esta nota se realizó siguiendo criterios de adjudicación mediante juicio de valor, es decir, un análisis subjetivo de cada una de las ofertas presentadas pero sin mostrar los motivos por los cuales se otorgó la mejor puntuación posible.
LA FISCALÍA PIDE DOCUMENTACIÓN A AQUALIA
En este caso, Aqualia se llevó los 49 puntos de 49 posibles, una oferta perfecta. El segundo oferente obtuvo 44 puntos, cinco menos. La diferencia puede ser entendida como ínfima, pero esos cinco puntos muestran una brecha prácticamente imposible de superar independientemente de la nota técnica a tenor de la fórmula utilizada por Ingeagua.
Cabe recordar que Ingeagua invitó a Aqualia a este concurso, una acción habitual en este tipo de contratos. No obstante, no todos habrían jugado con las mismas cartas, a tenor del durísimo escrito de Fiscalía, que ha dirigido la investigación también hacia Aqualia, al exigirle el contrato con Ingeagua.
De hecho, con esta brecha de apenas cinco puntos, Aqualia tenía asegurada la adjudicación. Era su gran ventaja e imposible de superar incluso mejorando la oferta económica temeraria de la filial de la constructora controlada por Carlos Slim. En este caso, el límite máximo se estableció en 65 millones de euros, mientras que Aqualia presentó una oferta por 80,7 millones de euros, un 24% por encima de los baremos máximos.
SAN JAVIER, UN ESCÁNDALO EN PLENA CAMPAÑA
El concurso en sí está ahora bajo la lupa de la Fiscalía a raíz de una denuncia de Pleamar San Javier, un partido de la oposición y sin representación municipal en aquel momento. El escándalo estalló en plena campaña municipal del pasado 28 de mayo y la formación realizó un informe con los datos del Consistorio y del concurso para conocer si había posibles indicios de delito.
Se trata de un informe público y que se presentó como un ultimátum al Consistorio, que prefirió guardar un silencio sepulcral para no dar nuevas pistas sobre el concurso público. El ‘popular’ José Miguel Luengo mantiene desde entonces su silencio, pero también se empeña en aprobar la adjudicación lo antes posible, según ha podido conocer MERCA2.
De hecho, se barajan dos posibilidades para dar el sí al concurso y entregar los 247 millones a Aqualia. Por un lado, se abre la vía ordinaria, con un pleno fijado para el próximo 19 de octubre; mientras también se estudia aprobarlo antes con un pleno monográfico para la adjudicación. Es decir, un escándalo dentro de otro en vez de esperar si el concurso se realizó de forma irregular. «Tienen prisa por aprobarlo», según deslizan fuentes municipales a este medio.
el órgano público las abrió el pasado 4 de agosto tras la denuncia de Pleamar
La Fiscalía ha abierto diligencias penales por las posibles irregularidades del contrato. Según han señalado diversas fuentes, el órgano público las abrió el pasado 4 de agosto tras la denuncia de Pleamar, que instó a Luengo Gallego a comparecer públicamente para dar las oportunas explicaciones del espinoso asunto y tratar de limpiar el nombre del municipio y de los propios funcionarios. La denuncia se presentó cuatro días antes de las elecciones municipales, en plena campaña electoral y con un silencio absoluto del alcalde, que ha obtenido la mayoría absoluta por un sólo asiento.
DILIGENCIAS PENALES POR UN CONTRATO DE 247 M€
En el pleno del pasado mes de agosto, el concejal y portavoz de Pleamar exigió al equipo de Gobierno paralizar absolutamente todos los trámites y «poner a cero el contador» para iniciar una nueva adjudicación. Lejos de ello, los ‘populares’ están empeñados a continuar adelante. Si bien es cierto, aún no hay caso ante la Justicia, pero sí existen los indicios de criminalidad.
El escrito de la Fiscalía es durísimo y abre la puerta a un nuevo caso de corrupción municipal, más por las «graves sospechas» que se han generado durante el concurso de Aqualia, especialmente por la «actuación del técnico municipal de área», que habría estado anteriormente a sueldo de Aqualia.
«Hemos cumplido con nuestra obligación como vecinos de San Javier, y más como formación política», aseguró Antonio Javier López-Alemán, concejal de Pleamar, a preguntas de este medio. El edil mantiene un prudente cautela sobre el caso al considerar las consecuencias legales y penales que acarrearían los supuestos delitos cometidos.
Eso sí, ha exigido llegar hasta el final y evitar que los casos puedan morir cerca de la orilla, como ocurrió con la desaladora de Murcia. Pleamar ha echado un capote, además, a los funcionarios del Consistorio, especialmente a quien debe encargarse una hipotética nueva adjudicación.
INGEAGUA Y AQUALIA, DUPLA GANADORA
Ingeagua y Aqualia han conformado un dupla de empresas perfecta para obtener la licitación pública en cualquier concurso de agua donde aparece la consultora malagueña, encargada primero de establecer los pliegos y condiciones del contrato, así como después facilitar la labor de la Mesa de Contratación, última en decidir sobre la adjudicación, con informes y calificaciones obtenidas por las distintas ofertas presentadas.
Si todo saliera como debe, la licitación sería la mejor para los ciudadanos, los primeros en pagar los miles de millones de euros que se abonan para una mejor gestión del agua y alcantarillado, entre otros servicios.
No obstante, la asociación con Ingeagua le ha valido a Aqualia conseguir el 60% de los contratos a los que se presentan conjuntamente, una tasa de éxito que se traduce después en cientos de millones de euros, como ha ocurrido en el polémico concurso de San Javier (Murcia), valorado en 247 millones. La estrategia es sencilla. Un Ayuntamiento o Mancomunidad pide asesoramiento a Ingeagua, una de las pocas consultoras dedicadas casi exclusivamente a este tipo de tarea, para después imponer una serie de condiciones y especificaciones que tiene la filial de FCC.
