En 2022 investigó 234 delitos económicos y presentó 290 escritos de acusación, pero se queja del «preocupante retraso» en estas causas
La Fiscalía cuenta con un porcentaje de condenas del 83% en delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y fraude por subvenciones, aunque se queja del «preocupante retraso» en la tramitación de estas causas. En 2022 se abrieron un total de 234 diligencias de investigación preprocesal por estos delitos económicos y se presentaron 290 escritos de acusación, según se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Estos delitos son aquellos que se cometen por defraudar y causar un daño patrimonial mediante engaño (por acción u omisión) por un importe superior a los 120.000 euros. Fue en delitos contra la Hacienda Pública en los que el Ministerio Fiscal abrió un mayor número de diligencias, hasta 162, mientras que realizó 146 escritos de acusación
Por su parte, la Fiscalía comenzó 45 investigaciones por delitos contra la Seguridad Social, mientras que hizo 134 escritos de acusación. Ya por último, el número de diligencias por fraude de subvenciones sumó 27 en 2022, mientras que los escritos de acusación fueron 10.
El total de sentencias dictadas en primera y segunda instancia por delitos competencia de la especialidad de las que dan cuenta los fiscales delegados asciende a 294, con un porcentaje de fallos condenatorios del 82,99%. Aquí entran también delitos cuya investigación comenzó en años anteriores.
También consta que, en la línea de los años precedentes, se ha generalizado por parte de la Agencia Tributaria las liquidaciones vinculadas a delito, de manera del total de 165 expedientes por delito contra Hacienda que esta remitió al Ministerio fiscal, un total de 134 lo fueron con dicha liquidación.
FALTA DE UNIFORMIDAD EN LOS REGISTROS
Estos datos no pueden compararse con los del año anterior puesto que entonces no se publicaron las cifras. Esto se debe a que no existe una uniformidad en los registros informáticos de los mismos, y por ello este año el Ministerio ha decidido publicar sólo los datos de los delitos contra Hacienda, Seguridad Social y fraudes de subvenciones.
Eso sí, de la lectura de todas las memorias provinciales se desprende que son los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social los que aglutinan la mayor parte de la actividad de las secciones especializadas de delitos económicos.
La Fiscalía advierte de un «preocupante retraso» en la tramitación de estas causas, lo que es consecuencia por una parte de su complejidad, y de otra por la «alarmante acumulación de procedimientos» y la falta de especialización en la materia que tienen los órganos judiciales.
Con este panorama, la Fiscalía ha indicado que «sería deseable» reforzar las plantillas de las secciones especializadas, garantizando su máxima dedicación a estas causas y proporcionarles el necesario apoyo técnico y de coordinación.
También en el ámbito de formación propone incrementar las actividades en la formación inicial y en la continuada, que aborden no solo los aspectos penales, sino también los administrativos, económicos o mercantiles. En este ámbito, el Ministerio considera de «gran interés» las actividades formativas que se realizan de forma conjunta con el resto de las administraciones implicadas en la materia.
SHAKIRA Y EL MÁLAGA, ENTRE LAS INVESTIGACIONES MÁS RESEÑABLES
Entre las actividades más destacadas, el Ministerio resalta la denuncia y procedimiento judicial sobre un fraude de prestaciones a la Seguridad Social en Cádiz del que sería ilícitas beneficiarias 70 personas que simulaban altas y bajas laborales para obtener indebidamente prestaciones por desempleo del régimen general y del sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios.
Sin salir de Andalucía, la Fiscalía destaca los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal del equipo de fútbol de Málaga, así como otro delito de fraude a la Seguridad Social en Córdoba con «numerosísimos» investigados y unos 470 trabajadores ficticios que han llevado a conformar más de 300 piezas separadas para posibilitar el enjuiciamiento de los hechos.
En Barcelona el informe destaca el escrito de acusación contra una artista «mundialmente conocida» por un total de seis delitos contra la Hacienda Pública, en referencia a Shakira. La tesis acusatoria del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado se basa en el uso por parte de la acusada de un entramado societario ubicado en el extranjero al que canalizar sus ingresos y patrimonio y no la declaración ni ingreso en España por tales impuestos, pese a ser residente habitual y fiscal en nuestro país.
Por otra parte, la Fiscalía provincial de Alicante reseña el juicio oral contra 21 personas físicas y 16 jurídicas por utilizar un entramado de sociedades controlados por personas de nacionalidad china que actuaban en el sector de la compraventa de calzado.
De su lado, la Fiscalía de Valencia informa de la denuncia presentada que deriva de las diligencias de una investigación preprocesal por delito de fraude de cuotas a la Seguridad Social, con una cantidad defraudada que asciende a más de dos millones de euros. La empresa implicada, dedicada a facilitar cuidadores de domicilio y con un elevado número de trabajadores en España, cotizaba indebidamente por sus trabajadores como si fueran autónomos cuando, en realidad, se trataba de trabajadores por cuenta ajena.
