La picaresca más española está muy presente en la actividad de concesión de certificados de eficiencia energética. La proliferación de inspecciones ‘de oído’ (sin visitar la vivienda), las evaluaciones incorrectas de las instalaciones y los casos de asesoramiento deficiente o inexistente son secretos a voces en el sector desde hace años. Recientemente, una investigación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a levantar la marejada mediática en torno al problema.
El pasado martes 29 de agosto, la organización emitió un comunicado en el que hacía públicos los resultados de un análisis realizado sobre el trabajo de 15 profesionales del ramo en dos viviendas tipo. El balance final reflejó toda suerte de irregularidades, afrentas a la deontología profesional e incluso desafíos a la legalidad.
El título y los titulados
Un certificado de eficiencia energética es una credencial concedida al propietario de una casa. El título plasma el nivel de consumo energético del inmueble, desglosado por suministros -electricidad, gas, etc- durante un año, en condiciones normales de ocupación. El documento, que clasifica a las viviendas en diferentes categorías según su nivel de consumo -de A a G-, es expedido por la administración después de un informe de un técnico competente.
La legislación (concretamente, el Real Decreto 390/2021), permite ejercer como técnico certificador a los titulados en estudios que habiliten para la redacción de proyectos de edificación o para la dirección y ejecución de obras de edificación. Este ‘club’ incluye un amplio abanico de ocupaciones, mayormente restringidas al ámbito de la arquitectura y la ingeniería.
Prácticas dudosas
La investigación de la OCU constató la normalización de prácticas como las ya mencionadas inspecciones sin visita, de la que la organización advirtió que está “más extendida de lo que parece”: hasta el 11% de los técnicos consultados previamente por teléfono accedieron a certificar sin acudir al domicilio.
Estas inspecciones ‘fantasma’, comúnmente llamadas ‘de oído’ constituyen una infracción muy grave según lo especificado en el RDL 7/2015, que en su disposición adicional duodécima clasifica las infracciones en materia de certificación energética de inmuebles.
En concreto, el técnico es responsable de “falsear la información en la expedición o registro de certificados de eficiencia energética”, ya que el propio modelo de certificado de eficiencia energética, oficializado por el Ministerio de Transición Ecológica, establece la obligatoriedad de la visita. La Administración, en consecuencia, puede imponer una sanción de entre 1.001 a 6.000 euros.
En otras ocasiones los técnicos incurrían en errores de conocimiento básico dentro de sus funciones. “Uno de cada dos profesionales no supo reconocer que el sistema multisplit de aire acondicionado de una de las viviendas tenía bomba de calor y por lo tanto también podía generar calor durante el invierno; y varios de ellos confundieron el tipo de caldera”, señala la OCU en su comunicado. Estas deficiencias en el examen de los elementos energéticos pueden afectar a la evaluación final de la vivienda y, por ende, beneficiar o perjudicar injustamente al usuario.
Por último, se detectaron actuaciones poco profesionales en el ámbito del asesoramiento, como la escasa concreción en las medidas a tomar para aumentar la eficiencia de las instalaciones o el recurso a consejos genéricos (mejora del aislamiento de muros y ventanas, equipos de calefacción y refrigeración más modernos, la instalación de paneles solares, etc), sin especificar detalles importantes como el tipo y grosor de los materiales a utilizar y otros aspectos que facilitan al propietario presupuestar los cambios.
Un servicio caro
El profesional o empresa encargado de la evaluación de la vivienda tiene que redactar un dossier, que o bien presentará él mismo ante el órgano autonómico competente o se lo entregará al propietario del inmueble para que realice el trámite. Por todo este proceso el propietario del inmueble puede llegar a desembolsar hasta 200 euros.
El gasto en la etiqueta energética puede llegar a ser elevado, por lo que no es la primera vez que las asociaciones en defensa de los consumidores ponen el grito en el cielo ante el proceder de particulares y empresas que ofrecen un supuesto servicio de evaluación técnica que resulta ser una estafa o un cúmulo de incompetencias. En junio del año pasado, FACUA llevó a la empresa Certificados de Casa SL ante la Agencia Catalana de Consumo por repartir certificados sin visita, despachando todos los trámites por internet.
Desde la web certificadosenergeticos.com, dedicada a conectar los técnicos certificados con los propietarios de viviendas, lanzan una advertencia clara: lo barato es caro. “Desconfía de los técnicos que ofrecen sus servicios a unos precios muy bajos” -aconsejan- “Puesto que posiblemente su certificado no estará correctamente redactado, obtendrás una calificación más baja de la merecida, e incluso puedes sufrir sanciones o multas por contratar a un certificador negligente”.
