Una investigación periodística ha vuelto a destapar la opacidad de los negocios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que preside, Miguel Angel Feito. El periodista David Plazer, autor de la investigación, ha recabado datos a través de Transparencia, testimonios de otras organizaciones de consumidores europeas, y casos de empresas afectadas por los informes que realiza la organización, que se denomina ‘sin ánimo de lucro’, que desvelan intereses y prácticas cuando menos ‘oscuras’ en su forma de proceder.
La OCU se presenta como una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es defender a los consumidores, aunque no es un ente público o semipúblico, sino que pertenece a un entramado societario integrado, de manera directa e indirecta, por aproximadamente 25 sociedades (con ánimo de lucro) y fundaciones.
La OCU, forma parte de un entramado empresarial con sede central en Luxemburgo y con conexiones en paraísos fiscales. La trama empresarial es dirigida desde Bruselas por la asociación de consumidores Test-Achats, propietaria de la OCU. Pese a que en España se definen como que no buscan un rédito económico, en realidad dicho holding si posee ánimo de lucro. Dicha organización empresarial está controlada por la sociedad Euroconsumers, con sede en Luxemburgo y con conexiones en Holanda, a través de Stichting International Consumer Interests y Hong Kong. Euroconsumers se puede considerar el paraguas de OCU en España, Deco Proteste en Portugal, Altroconsumo en Italia y Test Achats en Bélgica. El total, el grupo ya factura más de 200 millones de euros.
Acuerdos con empresas e informes ‘dudosos’
Según la investigación, con información depositada en el Ministerio de Consumo, en los últimos cinco años, la OCU ha llegado a un total de 46 acuerdos comerciales con empresas. Llama la atención que de esos acuerdos, once se firmaron con despachos de abogados para interponer demandas a empresas del calibre de Ryanair, Facebook, Iberpistas, Banco Popular, Apple, TikTok; y también para presentar causas colectivas como las tarjetas revolving.
Las causas iniciadas contra estas empresas se repartieron entre seis despachos de abogados a los que la OCU les cobra una comisión por el dinero que logren sacar los despachos en las citadas causas.
Uno de los casos más llamativos, por la dimensión del ‘rival’, fue la campaña de la OCU contra Facebook. Fue en 2018, cuando la OCU se propuso impulsar una demanda colectiva contra la compañía estadounidense la cesión de datos personales de usuarios a terceras empresas. Para ello prometió 200 euros a todos los afectados que se unieran. Pero finalmente no hubo ningún tipo de compensación económica porque OCU firmó un acuerdo confidencial con la multinacional y no se presentó la demanda. Para justificarlo, la organización de consumidores informó que Fabebook realizaría campañas para difundir los peligros de estafas por internet y como compensación a los demandantes les enviaron la revista ‘Compra Maestra’.
Un caso similar fue el que iniciaron contra Hewlett-Packard, a la que amenazaron con otra demanda colectiva por no informar a los usuarios de que algunas de sus impresoras no aceptaban cartuchos de tinas de otras marcas. Este caso tampoco llegó a los tribunales, porque la OCU llegó a un acuerdo y recibió 1,4 millones de euros de la multinacional para evitar el pleito judicial.
Esta práctica de amenazar y luego pactar tuvo su origen en 2005, cuando OCU demandó a la aseguradora Caser, junto a otras, asegurando que aplicaban cláusulas abusivas. En esa ocasión, Caser fue condenada, pero su relación con la organización de consumidores pasó años después del odio al amor y ahora la OCU publicita sus seguros y cobro una comisión de 80 euros por cada asegurado que capte para la aseguradora.
Entre los casos con más repercusión por la poca credibilidad de los informes fue en 2016, por el estudio en que OCU aupaba a una crema hidratante de la cadena Lidl, que costaba tres euros, como la mejor del mercado. Después de la publicación, Lidl confirmaba que su crema hidratante había multiplicado por 20 sus ventas y que había agotado todos los stocks. Pero la industria cosmética enseguida puso en entredicho ese informe, dudando de que fuese un estudio científico riguroso.
En este sentido, una experta en cosmética, Paola Gugliotta, fundadora de una pequeña marca de alta cosmética, Sepai, estudió las pruebas de laboratorio encargadas por la OCU y descubrió que, aunque «la OCU promocionó a la crema de Lidl como la mejor, el estudio científico nunca arrojó ese resultado. La OCU añadió unos criterios arbitrarios para, después del ranking del estudio, aumentar la puntuación de la crema de Lidl y penalizar a sus competidores», explicaba.
Después de muchas críticas, en 2018 el laboratorio alemán Institute Doctor Schareder, encargado del estudio, negó que los resultados destacasen ninguna crema en especial por encima de otro, y colocaban la de Lidl en el puesto 16. Además, según el país la puntuación de las cremas por parte de OCU eran diferentes: la crema de Lidl obtuvo 66 puntos en Portugal, 65 en Italia y España y fue expulsada del estudio en Bélgica. Dos años después, y en sede judicial, el laboratorio desmentía a la OCU y a su publicación, negando ante el juez que la crema Lidl fuese la mejor.
Preocupación en Europa
Tras el pacto con Facebook y un reciente acuerdo económico con Google, el entramado de Euroconsumers ha puesto ahora su objetivo contra Nintendo y Netflix.
Algunas organizaciones de consumidores en Europa (BEUC, que agrupa a 45 asociaciones de 32 países) ya han alertado de que los negocios de la OCU y su grupo pueden manchar la reputación de todas y han abierto un importante debate en el seno de la organización.
“De la misma manera que esperamos que una tabacalera no pueda pagar a una organización que lucha por mejorar la salud pública o una petrolera no pague a una ONG ambiental, tenemos que pedir que las organizaciones de consumidores en Europa se mantengan”.
En el mismo sentido se manifiesta, Anette Høyrup, portavoz de Tænk (Dinamarca): “La mayoría de las asociaciones de consumidores de Europa estamos en contra de estas prácticas. Creemos que una organización de consumo tiene un activo básico: la credibilidad. Y si firmas acuerdos económicos con empresas y recibes dinero de ellas, esa credibilidad se pierde”.
En una reunión celebrada en mayo de 2022 algunas entidades sugirieron incluso expulsar a OCU y Euroconsumers de la organización que las agrupa, por considerar que su forma de hacer negocios mancha el buen nombre del resto.
En referencia al artículo publicado en este medio titulado, la OCU ha hecho uso de su derecho de rectificación en referencia algunos puntos del artículo publicado.
