«La parte socialista del Gobierno no dice nada». Con esta valoración realizada a MERCA2 por fuentes cercanas a la ministra de Trabajo y candidata a la Presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, el entorno de Díaz quiere poner de manifiesto el desinterés de la parte socialista del Ejecutivo de coalición por la propuesta de la política gallega relativa a dar una compensación de 1.000 euros a los que tengan una hipoteca con una antigüedad de 10 años y por un importe máximo de 250.000 euros. Díaz considera que el código que establece mecanismos de ayuda para quienes tengan problemas para afrontar el pago de la hipoteca e insiste en que es «urgente» que se ponga en marcha el que denomina «bono hipotecario», según dijo en el curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
HIPOTECA E INFLACIÓN
La subida de los tipos de interés y la inflación hacen que muchos ciudadanos tengan problemas para los pagos, según Díaz, que lo relaciona con el sueldo medio que hay en España. Por ello, considera que es mucho más efectivo dar una compensación de 1.000 euros a quienes tengan una hipoteca que las ayudas de los códigos, que según Díaz, a la vista del número de personas que lo han solicitado, no funciona. Apuesta por el bono para los hipotecados, si bien bajo ciertas condiciones. «Es un bono para quienes tengan una hipoteca a diez años por un importe máximo de 250.000″, pero no será para todo el mundo, porque se tendrá en cuenta la renta de quienes tengan la hipoteca, según señalaron a MERCA2 fuentes cercanas a la candidata de Sumar, Yolanda Díaz.
La pelota se encuentra en el tejado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cuestión es si estará dispuesto a llevar a cabo una iniciativa que ha diseñado Díaz
La pelota se encuentra en el tejado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cuestión es si estará dispuesto a llevar a cabo una iniciativa que ha diseñado Díaz cuando queda algo menos de un mes para las elecciones generales.
CALVIÑO Y MONTERO
Está por ver la respuesta que darán desde el Gobierno, una respuesta en la que tendrán mucho que decir tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Las dos tendrán mucho que decir porque sin duda es una medida que requiere de un trabajo meticuloso, lo cual lleva mucho tiempo y porque tendrá un impacto en las arcas del Estado. Sobre esta cuestión, Díaz ha señalado que se pagaría con impuestos pagados por las entidades financieras, en referencia al impuesto extraordinario a la banca. En este sentido, Diaz incidió en que el bono beneficiará a la banca, ya que los afectados tendrán en su mano un dinero que contribuirá al pago de las hipotecas.
Díaz apuesta por convertir en permanentes los actuales impuestos temporales a la banca y las energéticas, mientras que sobre la banca pública, no quedo claro si apuesta por la vuelta de la banca pública, una banca al estilo de lo que en su día fue Caja Postal o el holding Argentaria.
Díaz apuesta por convertir en permanente los actuales impuestos temporales a la banca y las energéticas
Sobre lo que sí se pronunció con claridad es sobre la permanencia del Estado en el accionariado de Caixabank, donde tiene un 16%. El Estado no tiene obligación de vender su participación y solo tiene que renovar su presencia mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
CC OO, UGT Y GARAMENDI
Antes que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvieron en el curso de la APIE, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, el número uno de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Preguntado por la propuesta que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fijar por ley que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe ser siempre equivalente al menos al 60% del salario medio, Garamendi cree que un planteamiento que no incluye al diálogo social es un «error».
«La ley es verdad que dice que (fijar el SMI) es una facultad del Gobierno, pero la ley dice previa consulta a los agentes sociales. Bueno, pues vamos a ver, porque lo que se está diciendo es que me cargo la segunda parte de la ley, que es la consulta a los agentes sociales», ha apuntado.
Garamendi ha recordado que el SMI tiene «mucha incidencia» según el sitio o el sector, ha denunciado que sigue sin implementarse en los contratos públicos la actual cuantía del SMI, sin que exista posibilidad de que la empresa se salga del contrato.
Frente a la posición del dirigente empresarial, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha afirmado en este mismo foro que le parece «bien» garantizar que en España se va a cumplir la Carta Social Europea que recomienda que el SMI sea el 60% de la media salarial.
«Compartimos que se garantice legalmente que eso va a ser así. Pero a nosotros en ningún momento se nos ha comunicado nada al respecto. Yo me alegro de que se hagan este tipo de propuestas porque algunos de los acuerdos de salario mínimo interprofesional nos han costado Dios y ayuda sacarlos adelante, con lo cual si la ley nos da una palanca para que esto sea así, pues mejor», ha opinado Sordo.
Tanto Sordo como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han instado este jueves al PP a «no romper el jarrón de las reformas» por razones exclusivamente «ideológicas» en caso de que acceda al Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio.
Durante su participación en el seminario de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ambos dirigentes sindicales han dejado claro al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si su intención, en caso de gobernar, es derogar aquellas reformas que contaron con el voto a favor de Bildu, la reforma laboral quedaría fuera de la ecuación y permanecería «intacta» en la próxima legislatura.
