El Tribunal Constitucional ha decidido en su Pleno de la pasada jornada suspender de forma cautelar el derribo de la ‘Isla de Valdecañas‘, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. El Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la ‘Isla de Valdecañas’.
La decisión de paralizar el derribo del mega proyecto se ha llevado a cabo después de una votación muy ajustada y que ha dividido en dos el Constitucional, con seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.
Ya el pasado noviembre cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad. Decisión que también se dio con la división del Constitucional. Cinco de los once magistrados del TC, entonces de mayoría conservadora, anunciaron votos particulares contra la admisión a trámite.
El Tribunal Supremo obligaba, por la presente sentencia, a proceder a la demolición, con lo que la Junta de Extremadura debería asumir el coste aproximado de 34 millones de euros en los trabajos de derribo, además de las indemnizaciones a los propietarios, que compraron sus casas legalmente, y que podrían superar los 100 millones de euros.
Un resort de lujo, venido a menos
La Junta de Extremadura dio luz verde a la construcción del resort de lujo en el año 2007. Un proyecto que fue construido en terreno protegido y no urbanizable, con el beneplácito del Gobierno de Fernández Vara, lo cual llevo a la anulación del proyecto por el Tribunal Supremo en el año 2011. Por la promoción y venta de las propiedades inmobiliarias la empresa Marina Isla de Valdecañas se embolsó casi 96 millones de euros entre los años 2009 y 2013.
¿El resultado? Una isla de 134,5 hectáreas en el pantano de Valdecañas, Cáceres, que alberga 185 villas de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, el hotel Vincci Valdecañas Golf de cuatro estrellas, piscinas, una imponente playa artificial, 76 atraques y pistas polideportivas. Un resort que se comercializó entre la ‘jet set’ española y por donde han aparecido nombres como Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito Don Juan Carlos; Jaime López-Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer; José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno, o el cantante Carlos Baute.
Muchos de ellos invirtieron más de 500.000 euros de media para comprar uno de estos chalets, que ahora se venden en idealista desde 400.000 euros, y el peligro de derribo en el horizonte. Por lo general, cuentan con 270 m2 de vivienda, en una parcela de 800 m2, tiene cinco dormitorios, cuatro baños y garaje incluido.
Además, de todo el ocio con el que cuenta la Marina, desde campo de golf, club social, restaurantes, piscina comunitaria, pista de pádel, tenis, sendas peatonales y para bicicletas, playa privada y puerto náutico. Sin embargo, las empresas encargadas de su mantenimiento y construcción entraron en concurso de acreedores tras el varapalo de 2015, y las instalaciones empiezan a estar abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo.
La Marina Isla de Valdecañas vive en esa incertidumbre, entre seguir adelante a ciegas o abandonarse. Esto se traduce en que el hotel y el campo de golf resplandecen impolutos en el centro de la isla, pero más allá todo tiene un aire desmadejado y de abandono. Algunas villas llevan varios veranos sin abrirse. Alrededor de las carreteras de acceso hay vegetación que reclama su sitio, alguna cañería rota que impide que la piscina haya abierto ya, el esqueleto de hormigón de algún edificio sin terminar, precintado y todo lleno de grafitis.
El inicio del conflicto
El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la ‘Isla de Valdecañas’ y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El Tribunal Superior confirmó las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
En un último intento por anular el blindaje de estos terrenos que la Unión Europea les ha otorgado durante décadas de litigio, el cual el Partido Socialista ha intentado reclasificar 55 zonas protegidas, entre ellas la de Valdecañas. Un proyecto que ha estado siempre en entredicho por el alto impacto mediambiental que supone para una zona de especial protección como en la que se encuentra.
Intereses en la regulación de litio
Por otro lado, el Constitucional ha acordado también admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra los artículos 2, 3 y 4 del Decreto-ley 5/2022 del Gobierno de Extremadura, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.
En este caso, el TC ha ordenado suspender dichos preceptos porque el Gobierno invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que permite dejar sin efecto las medidas recurridas, si bien el tribunal tendrá que ratificar o levantar su decisión en un plazo no superior a cinco meses.
Moncloa alega que la norma extremeña podría vulnerar la delimitación de competencias en materia de aprovechamiento del dominio público minero, al infringir el artículo 149.1.25a de la Constitución (bases de régimen minero), en relación con el 73.1 de la Ley de Minas.
