Consideran que Sociedades está «en niveles adecuados»
Deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y no bajar el gravamen del Impuesto sobre Sociedades, así como la necesidad de seguridad jurídica y predecibilidad, son las principales conclusiones tras el encuentro ‘¿Qué modelo de política fiscal debería de impulsar España para ser más competitiva?‘ realizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE).
Durante las jornadas, presididas por el presidente del CGE de España, Valentín Pich, la directora global de Fiscalidad de Iberdrola, Begoña García-Rozado, y el ex director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Diego Martín-Abril, han presentado sus sugerencias sobre qué política tributaria debería seguir el próximo Gobierno de España.
Así, Martín-Abril ha apuntado que en la actualidad el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades en España es «alto», pero si se mira al resto de países, como Alemania, Francia e Italia, se puede ver como estos países «tienen tipos superiores», por lo que ha afirmado que no le parece «una cuestión prioritaria en estos momentos» bajar el tipo de gravamen y, a su juicio, es «más prioritario» hacer una revisión de otras cuestiones desincentivadoras, como la tributación de los dividendos.
Al respecto, García-Rozado ha coincidido señalando que el tipo nominal de dicho impuesto está «en niveles adecuados» en relación a países comparables a España, por lo que no es «un objetivo prioritario» y, a su parecer, se debería priorizar la recuperación de incentivos fiscales como los destinados a fomentar las inversiones en eficiencia y transición energética, así como trabajar para dar mayor seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos ya existentes como es el caso del I+D+I.
En lo que respecta al IRPF, ambos han coincidido en que se «debería deflactar el IRPF», para adaptar la tarifa a la inflación porque, en caso de no hacerlo, se está produciendo una subida de impuestos a todos los ciudadanos, a lo que Martín-Abril ha añadido que dadas las previsiones de ingreso de 2023, «es posible».
Además, se ha afirmado que la seguridad jurídica y la predecibilidad son elementos «fundamentales» en la estructura legislativa del país para garantizar el apoyo a la actividad económica y a la estabilidad regulatoria de la economía en un «sentido amplio.
MAYOR ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA EUROPEA Y COMUNITARIA
En lo que respecta al ámbito de la competitividad fiscal, los dos ponentes han señalado que España ha perdido competitividad fiscal entre las principales economías de la OCDE, por lo que han hecho un llamamiento a mejorar este indicador.
Existen proyectos como el IRA estadounidense que trata de fomentar la inversión de forma exponencial en ese territorio y que deja a Europa en una situación muy debilitada en competitividad, por lo que se hace imprescindible reaccionar», ha subrayado García-Rozado.
En lo que respecta a la armonización tributaria entre las comunidades autónomas, Martín-Abril ha destacado que el sistema tributario español es «complejo», ya que grava tanto a nivel autonómico, como local, como estatal, por lo que ha pedido una «mayor coordinación» respetando la autonomía de cada área.
REVISAR LA TRIBUTACIÓN DE LOS DIVIDENDOS
Durante las jornadas, se ha hecho hincapié en la necesidad de revisar la tributación de los dividendos como medida para que España gane competitividad.
Así, García-Rozado ha afirmado que el «peaje» que una matriz española está pagando por las rentas que recibe del extranjero para distribuirlo a sus accionistas es un «elemento» que el inversor extranjero mira y puede generar interés o desinterés en invertir.
Por otro lado, ha destacado que para que un país resulte interesante a la hora de invertir, es necesario que sea atractivo desde el punto de vista del negocio; respecto a la rentabilidad de la inversión a realizar y que tenga estabilidad regulatoria.
REFORZAR LA CONSULTA TRIBUTARIA
Martín-Abril ha remarcado la necesidad de reforzar el instrumento de las consultas tributarias como manera de mejorar la seguridad jurídica y conseguir una estabilidad normativa, para lo que ha apuntado que es necesario una reducción efectiva de los plazos de contestación y mejora de su carácter vinculante.
También ha apuntado a la necesidad de una reducción de la litigiosidad, y ha señalado como posibles instrumentos potenciar las actas con acuerdo, buscar nuevas vías para la solución de conflictos, establecer los denominados pleitos testigo y, por supuesto, la creación de tribunales especializados.
