La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se carga las limitaciones puestas a las licencias de VTC con tal de proteger al taxi, aunque se permite la reducción de las licencias por otros motivos, como las posibilidades de atascos o temas ambientales, ha sido un balde de agua fría para el lobby de los taxis. Si bien se esperaban la decisión han tenido que acelerar sus reclamos y volver a las calles casi de inmediato tras la decisión.
El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha exigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que «ponga orden a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres antes del 30 de junio». En declaraciones a los periodistas este miércoles antes de empezar la marcha lenta de taxis que pretende llegar hasta la Delegación del Gobierno en Catalunya, ha dicho que ponen esta fecha límite porque no saben quién va a gobernar después de las elecciones del 23J.
Esta duda electoral ha hecho que desde la organización se vea como necesario tener un nuevo reglamento con respecto a las VTC antes de que entre un posible gobierno del PP. En cualquier caso se trata de una situación que consideran extrema, recordemos que según Elite Taxi y organizaciones de este estilo no es posible que ambos modelos operen al mismo tiempo. Lo cierto es que también han dado algunas situaciones por perdidas, como se evidencia al admitir que su exigencia es que se defina la medida por Comunidad Autónoma.
QUE DEFINAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Según Álvarez, en el Area Metropolitana de Barcelona se «han hecho los deberes porque ya se preveía que esto iba a caer», pero ha alertado textualmente de que los taxis del resto de Catalunya y el resto de España corren un grave peligro de una liberalización salvaje que lo que haría sería colapsar todas las ciudades.
«Todas las grandes ciudades del Estado están a punto de estallar y ahora mismo la situación es clavada a la de julio de 2018, cuando estalló todo y en Barcelona hubo una huelga indefinida que se fue extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional», ha alertado.
Álvarez ha reclamado que el Ministerio añada en esta normativa lo que dicta la sentencia del TJUE: «Que se pueda limitar la libertad de establecimiento por razones de interés público, como la ordenación del tráfico, la seguridad vial y por motivos medioambientales».
Y también ha pedido que «les den todas las competencias a las comunidades autónomas y entes locales directamente desde el Estado para que puedan regular los VTC» para evitar su liberalización. Ha asegurado que «no es una amenaza» al Gobierno, sino que lo que pretenden es pedir ayuda para que no ocurra esta liberalización.
En el fondo es una situación demasiado parecida a lo que pasaba con el final de la moratoria del «Decreto Ábalos», que apuntaba a que las regulaciones se definieran por territorio, lo que llevó a medidas tan opuestas como las tomadas por Madrid y Cataluña. Al mismo tiempo es cierto que medidas como el 1×30, y la doble licencia con la idea de cuidar espacios urbanos para los taxis, no se pueden mantener.
LAS PROTESTAS DEL SECTOR TAXI VUELVEN A LAS CALLES
Lo cierto es que las VTC y los taxis vuelven a competir en la corte de la opinión pública. Es un duelo importante entre ambas partes, y que puede apuntalar la decisión de algunas comunidades menos radicales de cara a las regulaciones con estos temas. Recordemos que desde el sector taxi se aguará que tienen los números que demuestran que aumentar las licencias causaría colapsos y problemas de sostenibilidad, y desde las VTC por supuesto, aseguran lo contrario.
Al mismo tiempo empresas como Cabify, Uber y Bolt sí que están invirtiendo en proyectos que, con toda seguridad, pueden servir de argumento para que no se les reduzca el número de licencias. Las inversiones en la electrificación y en proyectos de micro movilidad son claves precisamente en sus argumentos de cara a las comunidades que quieran intentar limitarlo con base en los motivos que menciona el TJUE.
Por tanto, habrá que ver que pasa en los próximos meses. Lo cierto es que a pesar de las exigencias de Elite Taxi lo normal es que al sumar tanto los meses de verano como las elecciones suelen poner en pausa este tipo de decisiones, por lo que la revisión de la regulación presentada desde el tribunal seguramente esperará un mes más hasta esa próxima legislatura.
