Tras las elecciones autonómicas y municipales del 29 de mayo, Pedro Sánchez se vio obligado anunciar un adelanto de las elecciones generales del 10 de diciembre para el 23 de julio de 2023. Una decisión que suspende las actividades parlamentarias tras la disolución de las Cortes Generales, que paralizan más de 50 leyes pendientes de aprobación, entre ellas la del desperdicio alimentario.
Una vez que se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. Ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
Disminuir la pérdida y el desperdicio de comida reduce la pobreza, el hambre y ayuda a combatir el cambio climático. Los efectos dañinos del cambio climático se reducirían, teniendo en cuenta que, a día de hoy, el desperdicio alimentario es responsable del 7% de las emisiones globales de gases efecto invernadero y casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos. Es por eso que es necesaria la ley contra el desperdicio alimentario y que la ciudadanía sea consciente.
SOLO LE QUEDABA EL ÚLTIMO TRÁMITE
La ley del desperdicio alimentario ya fue aprobada en el Congreso y ya solo le quedaba el último trámite parlamentario en el Senado. Esta norma proponía acabar con el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida, no solo en hogares, sino en todos los eslabones de la cadena de producción. Si se hubiese aprobado la ley, España hubiera sido el tercer país de la Unión Europea que intentaba legislar para evitar que más de 1.300 millones de kilos de comida acaben cada año en la basura.
Si no se hubieran adelantado las elecciones estaba previsto que la ley contra el desperdicio alimentario se llegase aprobar definitivamente a lo largo del mes de junio. Es así porque se trata de un proyecto de ley y la Diputación Permanente, que velará por el funcionamiento de ambas cámaras durante este período electoral, solo puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo o ejercer las competencias propias del Pleno en relación a la aplicación de estados de alarma, sitio y excepción.
Esta Ley del desperdicio alimentario estaba a un paso de ser una realidad, después que el Congreso diera el visto bueno en mayo, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 70 abstenciones.
LA LEY DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO TIENE COMO OBJETIVO REGULAR Y CONCIENCIAR
Con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, las empresas del sector tendrán una muy buena oportunidad de ahorrarse hasta un 2% en sus costes totales si cuentan con la tecnología y los recursos necesarios para llevarlo a cabo en toda su cadena de suministro. Según datos de Phenix, las empresas del sector podrían valorizar hasta el 100% de su excedente actual y entregarlo a quienes más lo necesitan.
El objetivo de la ley es muy claro, regular y concienciar sobre el desperdicio de alimentos y dar respuesta a una necesidad social. Directamente esta nueva regulación afectará a las actividades en territorio español de los agentes de producción, transformación, distribución de alimentos, así como restauración y hostelería.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado la atención haciendo hincapié en que esos 1.300 millones de kilos de comida, suponen la pérdida de 250 euros por persona. La ley tiene como objetivos regular, concienciar y dar respuesta a una necesidad social. Luis Planas ha destacado que «por un lado regula el uso preferente de los alimentos para consumo humanos, favoreciendo la donación. Y por otro trata de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos».
LA PREVENCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO CONTRIBUYE A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO, FAVORECIENDO LA BIOECONOMÍA CIRCULAR
El desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y el calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamientos, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.
El despilfarro alimentario perjudica al conjunto de la sociedad, porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos que se utilizan en la producción y el trabajo de agricultores y ganaderos, aumenta los residuos y el impacto ambiental. Esta ley trata de orientar hacia un sistema de producción más eficiente, que enfoque al desarrollo de una economía circular.
DISMINUIR EN PÉRDIDAS
Si finalmente se aprueba la ley, el objetivo para 2030 es que se reduzca a la mitad los residuos alimenticios per cápita en la venta minorista y el consumo, frente a los datos de 2020, lo que permitiría reducir un 20% la pérdida de productos en la cadena de suministros.
Una ley que también llegaba con medidas que obligaban a los restaurantes a informar a los usuarios de que se pueden llevar las sobras a casa. En este sentido, hay sanciones desde los 2.000 hasta los 60.000 euros. Una norma que obligaba a todas las empresas de la cadena de disponer de un plan de prevención de desperdicios, con acuerdos con empresas, entidades sociales o bancos de alimentos.
