Los comicios municipales celebrados el pasado domingo han provocado un viraje en el panorama electoral del país. El descontento por la Ley de Vivienda aprobada, ‘in extremis’, por el gobierno la pasada semana ha provocado que los partidos políticos en las oposición hayan expuesto su negativa a implantar la ley. A su favor, algunas de las medidas (como el IBI o la calificación de las zonas tensionadas) quedan a disposición de aplicación por los municipios y comunidades autónomas.
Muchos han sido los candidatos que han puesto el foco durante sus campañas electorales en reducir en sus localidades tipos efectivos como el del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A priori, estas propuestas de relajación fiscal serían arriesgadas para las cuentas de los consistorios, ya que el IBI es la figura impositiva que sustenta con creces la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque rebajen los tipos, por lo que pueden permitirse estas promesas sin correr grandes peligros.
Unos ingresos, nada desdeñables, que en 2022 doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera, y de los que la mayoría de consistorios no quieren deshacerse tan fácilmente. Unos pagos tributarios que el pasado año superaron los 13.170 millones de euros de IBI urbano. A esta cifra además habría que añadir los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE). Datos que, como adelantaba ayer por la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda, colocan la recaudación total por encima de los 14.000 millones.
Recaudación récord sin incremento del impuesto
Un incremento que no se debe a un aumento de la fiscalidad directa, sino a la subida consolidada del valor inmueble, lo que provoca el incremento real sobre el impuesto en cuestión. La cuota líquida del IBI, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta se calcula tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda.
Así, el incremento del valor catastral de los inmuebles permite a los consistorios rebajar los tipos sin ver reducidos drásticamente sus ingresos. En España, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI no puede ser inferior a 0,4%, llegando el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Margen relativamente amplio que tienen los ayuntamientos para establecer un tipo de gravamen u otro, así como para fijar las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.
El Ayuntamiento de Madrid decidió desde el inicio de 2023 bajar el tipo municiapl al mínimo permitido. Además el Partido Popular propone dentro del programa marco para el 28M una «reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva», a la par que promete impulsar «la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética».
Dudas ante la nueva Ley
La realidad que muestran los datos oficiales del Catastro refleja que los ayuntamientos de toda España han ido aumentando año tras año los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas que se han visto en varios de ellos. Los más de 13.000 millones de euros registrados en 2022 en el IBI urbano, de hecho, multiplican por dos a los 6.500 millones que se recaudaban en los años del pico del boom inmobiliario, cuando los precios de la vivienda eran notablemente superiores a la media con la que cerró el pasado ejercicio.
La nueva Ley introduce recargos en la cuota líquida del IBI, de entre 50% y el 150% para viviendas de uso residencial desocupadas de manera permanente. Un recargo que se aplicará sobre viviendas que lleven desocupadas más de dos años y si el propietario tiene más de cuatro viviendas en el mismo municipio (lo que le determinará como gran tenedor). Recaudación que queda a merced de los diferentes consistorios, muchos de los cuales ya se han negado a implementar.
Esta ampliación del IBI incrementaría sustancialmente los ingresos tributarios de los cuales venimos hablando. Según datos del último índice Inmobiliario Fotocasa, el precio medio del suelo a nivel nacional alcanza los 2.113 euros/m², incremento que justifica el alza de los datos.
Según los datos del Catastro, los ayuntamientos de la provincia de Madrid fueron los que más ingresos obtuvieron con este impuesto, superando los 2.500 millones de euros en conjunto. Teniendo en cuenta que se registraron unos 4,5 millones de recibos, el pago medio ascendió a los 564 euros. En plazas como la propia capital la cifra se explica por el valor catastral medio de las viviendas, de los más elevados del país. A continuación se situó el abono medio de 514 euros de la provincia de Barcelona, con ingresos conjuntos que superaron los 2.000 millones. El podio lo completó Girona, con 431 euros, seguida de Baleares y Málaga (429 y 417 euros).
