Las elecciones anticipadas del próximo 23 de julio le darán una segunda oportunidad a la energía nuclear en España, porque tanto el Partido Popular (PP) como Vox la apoyan.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en reiteradas ocasiones que se retrase el cierre de las centrales nucleares y que se construyan nuevos reactores. Y Vox, como se evidenció durante la jornada «Caminando hacia la soberanía energética de España» que organizó en el Congreso de los Diputados, tiene posiciones similares en esta materia.
El adelanto electoral no sólo deja en el aire la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sino también el VII Plan de Residuos Nucleares y la reforma de la tarifa regulada de electricidad, entre otras medidas energéticas.
Un reputado economista español, que solicitó reserva de su identidad en esta ocasión, adelantó también que para elevar la oferta energética nuclear en forma inmediata en España, lo más probable es que el eventual nuevo gobierno opte por activar mini centrales nucleares, en lugar de instalaciones como las que ya existen en el país, que implican una inversión muy superior y un periodo de ejecución de obras más largo.
En la actualidad, la energía nuclear aporta el 20% de la electricidad de España y lo hace de forma barata, estable, asegurando el suministro y sin emitir dióxido de carbono (CO2)
De acuerdo con la programación establecida para el cese de las centrales nucleares en España, la primera que parará será la de Almaraz. La fecha de no retorno para el reactor Almaraz I es 2024, a menos que en el segundo semestre de 2023 se cambie el calendario previsto.
Si el Partido Popular y Vox toman el poder en La Moncloa, podrían considerar la prórroga de la vida de las nucleares españolas.
IBERDROLA, MÁS ALLÁ DEL SIGNO POLÍTICO GOBERNANTE
Al ser consultado sobre este tema el martes, el presidente de Iberdrola, José Ignacion Galán, aseguró que el compromiso con la transición energética de España debería ir más allá del signo político de un gobierno de turno.
Y también recordó que existe un acuerdo para el cierre escalonado de las centrales nucleares en España entre 2027 y 2035. Así que, en caso de querer modificarse ese pacto, habría que plantearse cómo será su retribución, ya que no resultaría apropiado arrastrar pérdidas con esta tecnología.
A pesar de las puntuales discrepancias con el Ejecutivo actual de Pedro Sánchez, Galán es uno de los empresarios del sector que defiende la transición energética diseñada por el sanchismo a través del PNIEC, excepto en lo relativo a la reforma del mercado eléctrico planteada por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En todo caso, amanecerá el 23 de julio y veremos… Por el momento, ya hay algunos que se han beneficiado directamente de ese previsible cambio en el modelo económico español. Uno de ellos es la empresa Berkeley Energia, dueño del proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), cuyas acciones se dispararon este lunes un 20% en el mercado bursátil.
El proyecto de la mina de uranio en Retortillo se encuentra actualmente paralizado por decisión del Gobierno de Sánchez
SNE PIDE AL GOBIERNO FRENAR EL CIERRE NUCLEAR
La Sociedad Nuclear Española (SNE), que agrupa a los profesionales del sector nuclear en España, ha solicitado al Gobierno detener el plan de cierre de las centrales activas y de los siete reactores nucleares españoles. Además, advierten que eso podría traer graves problemas de suministro energético al país.
La inminencia del punto de no retorno, el momento en que técnicamente será inevitable cerrar la primera de las centrales españolas, ha llevado al sector a lanzar un manifiesto en defensa de las nucleares españolas como fuente de energía estratégica en España.
Ese documento, presentado por la SNE, es una petición formal al Ejecutivo para que reconsidere el cierre y modifique su política antinuclear
España necesita prolongar la vida de sus centrales nucleares, ha declarado el presidente de la SNE, Héctor Dominguis. Son cinco las peticiones específicas que han hecho al Gobierno en el referido manifiesto:
Primero que nada, solicitan una revisión de la contribución de la energía nuclear al PNIEC, porque ha sido la primera fuente de generación de energía eléctrica durante más de diez años, el 20% de la demanda actual es cubierto con ella y porque 20.000 empleos dependen del sector.
En segundo lugar, un marco económico, fiscal y regulatorio estable y adecuado que permita la viabilidad de las empresas. Según ha recordado Dominguis, el 45% de los 55 euros que cuesta el megawatio/hora generado en nucleares se van en tasas e impuestos.
También advierten que el punto de no retorno para Almaraz I es 2024 y que la parada nuclear se empieza a preparar unos tres años, por lo que el tiempo está ahora corriendo en su contra a pesar de que está preparado para funcionar muchos años más. Por eso sugieren aplazar este cierre.
Dominguis añade que si el PNIEC se queda igual o no varía en gran cosa en el tema nuclear, habría otra oportunidad en 2025, cuando se toca una nueva revisión, pero esa llegaría tarde para Almaraz I y Almaraz II. Así que exhorta a proceder con eso este mismo año.
OTRAS NORMAS QUE PODRÍAN SER DEROGADAS
Si llega un nuevo gobierno tras las elecciones del 23 de julio, otras medidas en materia energética vigentes podrían ser derogadas, por ejemplo el tope ibérico, que tampoco gusta ni al PP ni a Vox.
También podría modificar la propuesta española de la reforma del mercado mayorista eléctrico que decidirá la Comisión Europea o desactivar el impuesto del 1,2% a las ventas de las energéticas con facturaciones superiores a los mil millones de euros.
Además, siguen pedientes la tramitación multitud de proyectos de energías renovables que recibieron luz verde en su declaración de impacto ambiental a finales de enero de este año.
El 23 de julio también deja pendiente el VII Plan de residuos nucleares, que actualmente estaba en borrador y descartaba la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, al tiempo que proponía que cada central nuclear guardara sus propios residuos en Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) tras finalizar su operación y ser desmanteladas, hasta que esté listo en Almacén Geológico Profundo (AGP).
«Lo lógico sería tener Almacenes Temporales Individualizados (los ATI) que tienen que ser del 100% y agilizar el AGP para que estuviera funcionando en 2050. En cuanto al plan de residuos anterior, había un coste, pero ahora se dice que será 2.100 millones de euros superior porque no ha habido consenso para el ATC, y no queremos que nos hagan pagar más por falta de acuerdo», declaró a a Hispanidad el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce.
