El escándalo de Aqualia en San Javier llega a manos de la Fiscalía. Pleamar San Javier no se quedó únicamente en la denuncia de palabra tras dar un ultimátum al equipo del gobierno local del municipio murciano, liderado por el ‘popular’ José Miguel Luengo. La formación sin representación política en el Ayuntamiento dio cinco días para presentar las explicaciones pertinentes sobre la polémica adjudicación del agua a la empresa filial de FCC por un importe de 247 millones de euros.
El Consistorio dio la callada por respuesta y tan sólo dio a conocer el resultado de la polémica adjudicación, donde Aqualia había obtenido la máxima nota posible en el criterio subjetivo y con una oferta temeraria al alza, hasta ‘beberse’ el 20% del Presupuesto anual del Consistorio durante los próximos 20 años.
El escrito está encima de la mesa de José Luis Díaz, fiscal de área de Cartagena, según ha señalado la formación a MERCA2. En la misma se muestran todos los entresijos y cronología del contrato de agua y alcantarillado de San Javier. Así, trata de arrojar luz sobre las «presuntas irregularidades y delitos relacionados» que podrían haberse cometido durante la licitación del contrato de agua y alcantarillado, junto con «las graves sospechas vertidas sobre la actuación del técnico municipal de área», que habría estado anteriormente a sueldo de Aqualia.
SAN JAVIER NO DEFIENDE A SU FUNCIONARIO PÚBLICAMENTE
«Hemos cumplido con nuestra obligación como vecinos de San Javier, y más como formación política», ha señalado el candidato de Pleamar, Antonio Javier López-Alemán, a preguntas de este medio. En este sentido, ha pedido a la Fiscalía que investigue hasta el final para evitar sorpresas desagradables, como «ocurre en muchos Ayuntamientos por casos de corrupción y asuntos por sobrecostes, como ocurrió con la desaladora de Murcia», ha sostenido.
«Hemos hecho lo correcto», ha puntualizado, más después de haber dado el plazo al Ayuntamiento, y exigir la máxima transparencia. En este sentido, ha señalado que el Consistorio no ha salido al paso para defender al funcionario que debe encargarse ahora de la adjudicación de este concurso. «Se ha preparado una cronología de todos los hechos y si el fiscal lo estima oportuno iniciará una investigación», ha señalado. La propia Fiscalía ha dado acuse de recibo sobre este dossier sobre el concurso de Aqualia.
AQUALIA, UNA HIPOTECA DE 12,35 M€ A 20 AÑOS
El Consistorio se ha remitido en todo momento a la web de la contratación pública, que ha servido para poner en contexto las informaciones publicadas. De esta forma, se ha entregado a Díaz un completo informe para iniciar la investigación correspondiente, más cuando la adjudicación hipoteca las próximas cinco legislaturas y obliga a reservar 12,35 millones de euros anuales para cubrir la licitación, contando con un presupuesto de 60 millones para una localidad de 34.500 habitantes.
El equipo de Luengo consideró que la licitación era tan compleja que designó a una asesoría interna para redactar los pliegos y condiciones de la licitación. Para ello, se contrató a Ingeagua por un montante de 18.029 euros, una rúbrica aprobada el 18 de marzo de 2021. Tras abrir el concurso, siete empresas se presentaron junto a Aqualia.
La licitación quedó ajustada a un contrato menor, pero el coste de los trabajos podría superar el mínimo legal para entregar un contrato a dedo debido al tiempo que requiere elaborarlo todo. «Si fuera así, la empresa consultora podría necesitar otras vías para rentabilizar el encargo», valora Pleamar.
LA INVITACIÓN INGEAGUA A AQUALIA
La formación que aspira a gobernar San Javier pone de manifiesto el posible conflicto de intereses entre la consultora y el propio concurso público. Y es que, Ingeagua invitó a FCC Aqualia a la adjudicación al ser uno de sus clientes. Es decir, no sólo redactó las bases y puso nota a los criterios subjetivos. El 3 de mayo se comunicaron las valoraciones, con Aqualia con la máxima puntuación posible.
Sin embargo, para llegar a esta resolución, el Consistorio ha ido cambiando los pliegos y condiciones «sobre la marcha» tras recibir 94 consultas -algunas de ellas requirieron información adicional-, otras motivaron correcciones en los pliegos por errores durante el plazo para elaborar las ofertas, hasta el punto de que algunas oferentes pidieron más tiempo para reelaborar sus propuestas. De hecho, hasta un concejal del Ayuntamiento interpuso un «recurso especial de contratación» para declarar nulos los Pliegos por diversos motivos, entre otros las modificaciones al Pliego realizadas durante las consultas.
Sin embargo, se desestimó por «estar fuera de plazo, sin entrar al fondo de la cuestión». De hecho, sólo FCC Aqualia presentó alegaciones a este recurso con una petición de desestimación, una muesta más, a juicio de Pleamar, del «mayor interés de este licitador en que el procedimiento continuase pese a las incertidumbres que generaban las correcciones».
LA TELELECTURA DEL FABRICANTE UTILIZADO POR AQUALIA
Asimismo, el pliego inicial del anteproyecto, con fecha del 25 de noviembre de 2022, aparecía la polémica «telelectura», que hacía referencia a herramientas muy concretas para llevar a cabo el proyecto. De hecho, exigía una solución de un mismo fabricante, la misma que era utilizada única y exclusivamente por Aqualia. Todo ello, pese a que los proyectos en el sector público se piden las soluciones y herramientas «lo más genéricas posible, sin exigir marcas o fabricantes, con el fin garantizar un concurso competitivo y no se restrinja la libre competencia.
Para este concurso se pidió expresamente utilizar la telelectura basada en los sistemas de «Pack Metering QX», «Herramienta de testeo LBEP» y «APP LBep». En ningún momento se hacía mención al proveedor de estas soluciones comerciales, Arson Metering, con sede en Vizcaya; ni tampoco que eran las únicas utilizadas por la filial de FCC. A todo ello y para evitar confusiones, en el anteproyecto se redactaron las características de estos equipos y aplicaciones copiadas y pegadas de su página web.
El resto de oferentes mostraron sus quejas y presentaron sus respectivas alegaciones debido a las excesivas restricciones impuestas por Ingeagua en el concurso de San Javier. El propio Consistorio rectificó, pero mantuvo las especificaciones y los nombres comerciales en el documento, añadiendo que estas soluciones eran únicamente «orientativas».
UN RECURSO TUMBADO AL SER FUERA DE PLAZO
Para Pleamar, estas condiciones tan concretas suscitan las dudas y sospechas, más cuando la nota final del concurso estaba sujeta a criterios y valoraciones con juicios de valor y evaluables mediante fórmulas matemáticas. Para los primeros, la puntuación máxima era de 49 puntos sobre 100, es decir, casi la mitad de la nota final dependía del criterio de Ingeagua.
El montante ofrecido por la filial de la constructora controlada por Carlos Slim excede el umbral de temeridad, fijado en los 65 millones en el propio concurso.
Los criterios automáticos, los 51 puntos restantes, se definieron bajo el criterio de la cuantía de inversiones -33 de esos 51 puntos, el 64,7% de esta parte-; mientras que otros 13 puntos estaban tasados por tener un límite máximo al que se comprometieron todos los oferentes -el 25,49% de esta parte- y otros cinco puntos para el canon anual, el 9,8% restante.
En este último criterio apenas había diferencias sustancias. En el caso de Aqualia, sin embargo, destaca esa inversión de 80,7 millones de euros, otorgando una ventaja de poco más de tres puntos sobre la siguiente oferta, de Aguas de San Javier, con un montante de 56,5 millones. El montante ofrecido por la filial de la constructora controlada por Carlos Slim excede el umbral de temeridad, fijado en los 65 millones en el propio concurso.
Estas cantidades, además, resultan dudosas. Y es que, con una aportación de 100 millones en diversos conceptos y teniendo que hacer frente a costes muy tasados, como el personal subrogado y la compra de agua de MCT, a un precio no negociable de 65 millones, se duda de que se pueda gestionar un servicio esencial con las prestaciones solicitadas con unos ingresos previstos de 224 millones, sin IVA.
Sin embargo, Pleamar concluye que la diferencia de cuatro puntos es prácticamente insalvable «incluso con una oferta exagerada si el licitador mejor puntuado técnicamente hiciera una oferta razonable».
AQUALIA OBTUVO LA MÁXIMA NOTA EN EL JUICIO SUBJETIVO
Las notas de los juicios de valor son una clara muestra de cómo fue el proceso. FCC Aqualia obtuvo 49 puntos; Hidrogea, 44; Global Omnium, 37,75; la UTE de Acciona, 35,75; Aguas de San Javier, 35; Facsa, 27,5; y la UTE de Sacyr, tan sólo 25,25 puntos.
esta diferencia en juicios de valor debería estar muy bien justificada
«Una diferencia mayor a cuatro puntos resultaba difícilmente salvable en la oferta económica, por lo que esta diferencia en juicios de valor debería estar muy bien justificada», según valora la formación política de San Javier en su dossier a la Fiscalía.
Sin embargo, las calificaciones no se cuestionaron ni por el funcionario del Ayuntamiento ni por la mesa de contratación; aunque sí se hace referencia a este punto en otro informe reservado por «motivos de confidencialidad». Para Pleamar, este hecho resulta preocupante, más cuando «existen numerosos casos en los que se explica la puntuación sin necesidad
de exponer datos confidenciales».
LA DIFERENCIA ENTRE LAS OFERTAS, CLAVE
Otra de los puntos más polémicos es la diferencia de las ofertas, habida cuenta de que numerosos criterios eran de obligado cumplimiento. En este sentido, Pleamar señala que «estos criterios son la limitación en el crecimiento de ingresos, la obligación de amortizar todo el importe de las inversiones, de suponer unos rendimientos mínimos», entre otros. «Resulta complicado que una oferta difiera tanto manteniendo todas esas hipótesis obligatorias», destacan.
Cabe reseñar que esas hipótesis del pliego, y modificadas en las aclaraciones, son obligatorias y excluyentes, por lo que «es absolutamente necesario que se compruebe que éstas se han cumplido para jugar con las mismas reglas que todos los licitadores».
En este sentido, «uno de los licitadores ha exigido ver el estudio económico de Aqualia para comprobar esto sin que hasta el momento se le haya dado acceso al expediente». Éste es un punto en el que debería haber máxima transparencia y que está ahora en manos de los servicios técnicos.
