El Tribunal Supremo no sólo ha dado un nuevo revés a los intereses de la Agencia Tributaria, sino que sienta jurisprudencia por primera vez sobre la cuantía de las sanciones aplicadas a una empresa constructora. La Agencia Tributaria exige altas sanciones, de hasta el 150% de la cantidad supuestamente defraudada en algunos casos.
Según la reciente sentencia del Supremo, fechada el pasado 11 de abril y que ha adelantado Vozpópuli, muestra un criterio muy diferente al aplicado por la Agencia Tributaria a lo largo de los años. De hecho, exige a Hacienda rebajar todas las sanciones impugnadas en los tribunales y reducir la cuantía de las multas del ente público, una situación que podría provocar una avalancha de reclamaciones en plena Declaración de la Renta 2022.
