El juez admite a trámite una querella contra directivos de Auro, como su presidente y líder del banco japonés Nomura en España, Ignacio Álvarez-Carlón; el ex líder del taxi de Madrid y y fundador de Auro, José Luis Parrondo; así como ex directivos de Tuenti, como los empresarios como el conocido ‘rey Midas’ del emprendimiento digital Hugo Arévalo; Félix Ruiz Hernández; y Alexander Dentzel Zaryn, además de una docena de empresas dedicadas al alquiler de vehículos con conductor (VTC).
El juez les cita a declarar en calidad de querellados por supuestos delitos de «estafa» y «falsedad documental», según consta en el auto de admisión al que ha tenido acceso MERCA2. El juez acepta así las pruebas aportadas por Taxi Project y la Federación Profesional del Taxi de Madrid, entre ellas numerosas documentales con vídeos e imágenes.
Las entidades del taxi líderes en Madrid y Barcelona les acusan de adscribir vehículos a las autorizaciones sin cambiar su código de clasificación en la ficha técnica y en el permiso de circulación al constatar un ‘modus operandi’ que no sólo pondría en riesgo la integridad de los usuarios de las vías públicas, sino también una competencia desleal.
EL CAMBIO DE MATRÍCULAS, EN EL CENTRO DE LA QUERELLA
Según señala Alberto Álvarez, líder de Élite Taxi y Taxi Project, a preguntas de MERCA2, estas empresas habrían cambiado las matrículas azules, obligadas para el transporte de viajeros, por las blancas para evitar realizar las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de las VTCs. La diferencia es que los taxistas deben pasarla de forma periódica y en plazos más cortos que los turismos habituales.
el juez ha citado a declarar como testigo al responsable de la ITV de Vicálvaro, así como al detective que ha aportado las pruebas documentales.
Con esta maniobra, se habrían ahorrado pasar miles de vehículos por las empresas de las ITV. Asimismo, también habría supuesto un menor desembolso a la hora de pagar seguros, más baratos para los turismos con matrícula blanca respecto a los azules. En este sentido, el juez ha citado a declarar como testigo al responsable de la ITV de Vicálvaro, así como al detective que ha aportado las pruebas documentales.
En concreto, según los querellantes, la fórmula habría permitido un ahorro de hasta el 60% de las inspecciones en comparación con el sector del taxi. Esta presunta práctica fraudulenta consiste en un doble juego «ilegal a corto y largo plazo».
Por un lado, las VTC investigadas se habrían saltado las inspecciones anuales obligatorias para todo vehículo con matrícula azul, independientemente de su antigüedad. En el caso de los turismos, esta ITV está exenta los primeros cuatro años y a partir de entonces cada dos años hasta que se cumplan los diez. Es en ese momento, cuando los vehículos deben pasar la ITV de forma anual.
EL ‘MODUS OPERANDI’ DE LA SUPUESTA TRAMA
En este sentido, las VTC querelladas habrían usado vehículos de alquiler o renting con un código de clasificación «trampeado». Quienes realizan esta práctica no sólo reducen su pago de tasas, sino que además es un peligro para la seguridad de los pasajeros. Ante esta mezcla «entre inseguridad e ilegalidad», Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, si «un vehículo de las plataformas sufre un accidente sería muy complicado que los usuarios tuvieran garantizados los derechos que la normativa exige».
En la misma línea se ha posicionado Álvarez al advertir que subirse a una VTC y tener después un accidente puede no llegar a cubrir al pasajero. De hecho, las plataformas más utilizadas no se responsabilizan de los daños que sufran los clientes, ya que lo dejan en manos de los conductores y el vehículo.
Así, entre las empresas señaladas por Taxi Project y la FPTM en la querella se encuentran Radio Taxi Barcelona, Freetown Business, Nextband, Autos Lavapiés y VTC Felp Transfer, además de una serie de directivos del Grupo Auro. Cabe señalar que Auro fue escogido por la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad para realizar el traslado de sanitarios desde junio del pasado año. Para los querellantes, esta decisión supuso «un desprecio al sector del taxi tras su labor de traslado de facultativos durante los meses más duros de la pandemia».
ES SÓLO LA PRIMERA QUERELLA CONTRA LAS VTC DE AURO
Álvarez, además, ha asegurado que se trata de la primera querella contra estas empresas, al tiempo que ha señalado que habrá una nueva ampliación con más empresas investigadas ya que disponen de más pruebas sobre este asunto. «Es el principio de una serie de denuncias que se interpondrán contra estas plataformas», ha afirmado a MERCA2, al considerar que se está incumpliendo la normativa de transporte en la mayoría de Comunidades Autónomas.
Desde el pasado mes de noviembre, tal y como publicó MERCA2, las empresas con licencias de VTCs no pueden cambiar la matrícula azul a la hora de realizar la ITV. Los propietarios de estas licencias realizaban el cambio antes de esta prohibición, aunque está por ver si se ha seguido realizando esta práctica ahora ilegal.
Para los taxistas, se trata de un incumpliendo flagrante de la ley al no pasar las revisiones de ITV de forma anual ni tampoco semestral. Esta treta, grabada y en redes sociales por los propios taxistas, muestra la dejadez de funciones de las autoridades al permitir que estos vehículos circulen con el sello oficial, mientras se produce un agujero en las arcas estatales y autonómicas.
El truco es sencillo. Los conductores desatornillan la placa azul, distintiva para el transporte de viajeros, y la cambian por otra blanca con la misma numeración y letras. Al ser vehículos relativamente nuevos, éstos no tienen obligación de realizar estas inspecciones anual. De hecho, si el coche es nuevo, la primera ITV se pasa una vez cumpla los cuatro años, mientras que el resto de revisiones obligatorias se realizarán una cada dos años hasta que el vehículo cumpla diez, y a partir de ahí se hará una anual.
PARRONDO LLEGÓ A ESTAR EN BUSCA Y CAPTURA
El que fuera líder del taxi y uno de los mayores propietarios de VTC en España, José Antonio Parrondo, está en busca y captura tras no presentarse ante el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid. El fundador del grupo Auro tenía que responder por un supuesto delito de presunta estafa en abril de este año, pero no llegó a presentarse.
«El investigado en el presente procedimiento no ha comparecido al llamamiento judicial que le fue efectuado en el domicilio que del mismo consta en las actuaciones», señaló el juez en su auto, por lo que procedió a su busca y captura. Poco después se puso en contacto con el propio Juzgado para continuar con la causa, en la que se investiga la presunta estafa en la compraventa de dos licencias de VTC por un precio de 62.000 euros. Según la acusación, las licencias se pagaron, pero nunca las recibieron.
Parrondo lideró la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, una de las principales asociaciones del sector, pero tras la durísima crisis inmobiliaria y financiera dejó el cargo para fundar Auro, la principal competencia del taxi en España, pero los propios dueños echaron a Parrondo y colocaron a Ignacio Álvarez-Carlón al frente, también querellado, según el auto del juez.
