El cheque de 200 euros, cuyo plazo de solicitud concluyó el pasado 31 de marzo, tarda en llegar. La eficiente Agencia Tributaria tiene hasta el 30 de junio para abonarlo, pero ya ha comenzado a pagar esta medida estrella creada por el Gobierno para paliar la inflación galopante. Se trata de una nueva ayuda similar a la dada el pasado 2022 por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, aunque en la anterior convocatoria se podía solicitar hasta el mes de septiembre.
La Agencia Tributaria, tan puntual a la hora de distribuir los datos de devoluciones de la Renta 2022, no ha realizado el correspondiente ejercicio de transparencia con este cheque de 200 euros. Se desconoce el número de beneficiarios que han percibido ya esta ayuda, pese a haberse presentado unos 2,7 millones de peticiones. El número está totalmente alejado de las estimaciones del Gobierno.
A la hora de anunciar la medida estrella se aseguró que rondarían los 4,2 millones de personas, con un impacto sobre seis millones. En total, la Agencia Tributaria tenía un presupuesto de 1.200 millones de euros, es decir, un montante con el que se habría cubierto a seis millones de personas de forma directa.
La solicitud de esta ayuda no ha tenido prórroga ni tampoco una publicidad acorde a la cifra de destinatarios. Si bien, en los primeros días se registró una avalancha de peticiones, alcanzando los 600.000 tan sólo el primer día de su puesta en marcha. Sin embargo, la Agencia Tributaria no ha facilitado datos sobre el número de cheques pagados.
LOS PENSIONISTAS QUE PERCIBEN EL INGRESO DESDE EL EXTRANJERO, INCLUIDOS EN LOS 200 €
En esta subvención, que hay que declarar en la Renta 2023, están excluidos los pensionistas españoles, pero no quienes la perciben desde el extranjero; tampoco quienes sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, otra de las medidas estrella del Gobierno y que se ha convertido en un sonoro fracaso.
Además, sólo la pueden percibir quienes tengan una renta inferior a los 27.000 euros durante el pasado 2022 y un patrimonio neto inferior a los 75.000 euros, sin contar con la vivienda habitual. En caso de quienes convivan y no tengan la relación registrada ante la Administración, como una pareja que conviva si no es de hecho, sí podrían percibirla ambos moradores de la vivienda.
En caso de no haber recibido comunicación alguna, la probabilidad de una negativa a la solicitud es muy elevada
Otros requisitos es tener la residencia habitual en España y haber estado dado de alta en la Seguridad Social, ya sea como trabajador por cuenta ajena, autónomo o desempleado.
LA AGENCIA TRIBUTARIA TIENE HASTA EL 30 DE JUNIO PARA PAGAR LOS 200 €
Si la prestación se ha concedido, se ingresará a cuenta antes del 30 de junio. En caso de no hacerlo, el beneficiario tendría la negativa de la Agencia Tributaria ya que habría un plazo de un mes para presentar alegaciones. En caso de no haber recibido comunicación alguna, la probabilidad de una negativa a la solicitud es muy elevada.
En este caso, habrá que acudir a la oficina de la Agencia Tributaria correspondiente con un recurso y sin interponer una reclamación económica-administrativa. Es decir, el propio fisco se descarga de responsabilidad por la negativa.
Para consultar el estado de la solicitud, el potencial beneficiario puede hacerlo a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa identificación con Cl@ve, certificado o DNI-e. Se puede acotar la búsqueda por año de presentación, fecha y hora, y se permite ver y descargar tanto el justificante de presentación como el fichero presentado.
CÓMO SABER SI LA AGENCIA TRIBUTARIA ME DENIEGA LA AYUDA
Si se selecciona la casilla de «mostrar solicitudes en estado de baja», se mostrarán todas las solicitudes presentadas indicando, además, el estado de cada una de ellas -alta o baja-.
Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la ayuda, se notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
«Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud sin haberse efectuado el pago ni haberse notificado una propuesta de resolución denegatoria, la solicitud podrá entenderse desestimada», señala la Agencia Tributaria.
La ayuda del pasado 2022 fue un sonoro fracaso debido a los requisitos exigidos. Para evitar el nuevo fiasco, el Ejecutivo elevó los límites, establecidos en los 14.000 euros anuales, y dar así una mayor cobertura, pero deja fuera a numerosas rentas pese a la inflación más alta en los últimos 40 años. El pasado año, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró por primera vez los dos dígitos.
LA AYUDA DE 200 € Y EL BONO SOCIAL DEBEN IR EN LA RENTA 2022
Asimismo, la Agencia Tributaria ha comenzado a realizar el pago en plena campaña de la Renta 2022. Para la próxima Campaña de la Renta 2023, estos beneficiarios tendrán que tributarla ante Hacienda de forma obligatoria al no estar exenta y ser la Administración uno de los pagadores.
Y es que, la Agencia Tributaria considera estas subvenciones como ganancias patrimoniales, tal y como suceden con las otorgadas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual; reparación de defectos estructurales en la vivienda habitual; las otorgadas para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles; Plan Renove de electrodomésticos; para la instalación de rampas, ascensores, aunque se instalen para mejorar la movilidad -elemento obligatorio-; o para la compra de vehículos eléctricos.
De esta forma, se incluirán en «otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales». También deberán tributar las ayudas del alquiler, el bono social térmico; el bono cultural joven de 400 euros otorgado por el Ministerio de Cultura para quienes cumplieron 18 años el pasado año; cualquier otro bono de esa índole; las ayudas que perciben los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español destinadas a su conservación o rehabilitación; o incluso para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural destinadas a la adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas.
