La Ley de la Vivienda se acerca. Si hace un año era una auténtica incertidumbre su aprobación, a día de hoy es casi ya una certeza que la nueva normativa entrará en vigor en poco más de un mes. Y esa es también la intención del Gobierno central pues, tras el acuerdo alcanzado con ERC y Bildu, la coalición “ha fijado un calendario con idea de aprobar el texto este jueves en comisión, la próxima semana en el Pleno y después de urgencia al Senado con idea de que esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.”
No obstante, las prisas para su aprobación responden a dos motivaciones. De un lado, en relación a la promesa electoral, hecha hace ya casi 4 años en plena campaña por las elecciones de 2019, y la segunda como exigencia en los presupuestos generales del Estado. Y ya se sabe que las prisas nunca son buenas consejeras.
El Sindicato de Inquilinos considera la Ley de Vivienda como una mentira
Y así ha vuelto a pasar. Tras el tropiezo con la Ley sol Sí es Sí, ahora la Ley de la Vivienda deja nuevas brechas e imprecisiones que pueden provocar el efecto contrario. De hecho, el sindicato de inquilinos de España ya ha alertado de las posibilidades de que el precio del alquiler aumente ante la entrada en vigor de la nueva legislatura.
Por no hablar, de la inexactitud de las normativas recogidas y de la posibilidad de esquivar la regulación. Una situación que el mismo sindicato ha calificado como ‘farsa ante la tensión económica actual y la presión financiera en las familias.”
MÁS BUROCRACIA ANTE LOS DESAHUCIOS
“La nueva Ley de vivienda incorporará una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación”.
De esta manera explican fuentes del sector las concurrencias burocráticas a la hora de llevar a cabo un proceso de embargo, quienes además alertan de la posibilidad de que aumenten los casos de okupaciones ilegales.
La Ley de la Vivienda mantiene muchos vacíos legales y no ataca el problema de raíz
Así, los propietarios y grandes inversores deberán entregar cierta documentación que avale la ‘no solvencia económica’, lo que resulta un alargamiento en este tipo de procesos. Con todo, “para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica se deberá aportar un documento acreditativo de la misma, con una vigencia no superior a los 3 meses y con el previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, los servicios de las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda y asistencia social.”
Un sinsentido, el de la Ley de la Vivienda ante el que la OCU también ha alzado la voz explicando que la nueva legislación “no ataca el problema de la vivienda de raíz”.
LA LEY DE LA VIVIENDA IMPONE PERO NO INCETIVA
Uno de los grandes errores de la Ley de la Vivienda radica en el intervencionismo que el Gobierno pretende hacer en el mercado, siendo este un mercado que se regula prácticamente solo. Una de las preguntas radica en la validez de este escrito cuando los precios de la vivienda desciendan hasta rangos estables.
Aparte, las competencias para regular los precios dependerá de cada comunidad autónoma, por lo que esto podría derivar en un problema de competencias al establecer cada región sus propios valores. A sabiendas que no en todas las ciudades ni autonomías existe el mismo tensionado en cuanto a los precios del mercado inmobiliario.
La comunidad de Madrid no aplicará ninguna normativa de la Ley que no sea de obligado cumplimiento
Un asunto peliagudo para quien dirige comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, pero más asequible para otras autonomías como Extremadura, Murcia y Castilla y la Mancha. De hecho, esta última comunidad autónoma mantiene los precios de alquiler más baratos de toda España, alrededor de 6 euros de media por metro cuadrado.
En relación, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha se ha pronunciado al respecto declarando que no aplicará ninguna parte de la nueva legislación que no sea obligatoria. Así, la capital podría convertirse a su vez en un oasis sin resoluciones firmes ante el tope del alquiler y en un infierno tensionado por encima de la media española.
