El algoritmo de Uber, Bolt y Cabify está bajo sospecha. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha abierto expediente alguno, pero un grupo de trabajo liderado por Taxi Project, vinculado a Élite Taxi, el sindicato mayoritario del gremio en Barcelona y su área metropolitana, así como la consultora Eticas, han puesto de manifiesto los indicios de posibles prácticas anticompetitivas e incluso un posible cártel con un pacto de precios a través del cálculo matemático.
Cabify solo permite un máximo de dos cancelaciones en 24 horas, según comparte un conductor de VTC
Según el informe de la auditoría, que ha contando con el apoyo del informático de Taxi Project, Ferrán Celaes, estas empresas que operan como sociedades de la información, facilitan y castigan a los conductores supuestamente a través del propio algoritmo. Para poder elaborar dicha auditoría, el grupo de trabajo ha realizado unos 12.000 trayectos con las tres operadoras, especialmente en las áreas donde son más visibles, como Madrid y Andalucía, concretamente en la zona de Marbella. Para recabar estos datos, además, se ha excluido Barcelona al considerar que sólo operaba Cabify en la Ciudad Condal durante esta investigación.
«Los algoritmos de precios de Uber, Cabify y Bolt parecen coludir en algunas de las rutas más importantes de Andalucía y Madrid, lo que sugiere una fijación de precios por medios algorítmicos que vulnera la Ley de Defensa de la Competencia», asegura en sus conclusiones dicho informe. Asimismo, ponen de manifiesto la «falta de transparencia» de estos algoritmo tanto en el pago como elaboración de perfiles, un cálculo que «puede llevar a discriminar a los trabajadores de las plataformas por ausencias debidas a motivos legalmente protegidos».
PRECIOS MÁS CAROS EN LOS BARRIOS MÁS POBRES
En el caso concreto de Uber, el algoritmo de la empresa con sede en California puede llegar a discriminar en «función de las características socioeconómicas de los barrios», con menos accesibilidad del servicio de alquiler con conductor en las zonas con ingresos bajos. De ser así, Uber podría estar infringiendo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Ante estos hechos, los denunciantes instan a la CNMC a investigar la fijación de precios en las plataformas con VTC a partir de las pruebas del informe e inicie averiguaciones propias. Hasta el momento, el organismo presidido por Cani Fernández no se ha movilizado en este sentido, pero sí ha instado a las autonomías a flexibilizar sus regulaciones sobre las VTC para permitir su actividad.
De hecho, este organismo independiente se ha posicionado en contra de los «requisitos desproporcionados» exigidos a las licencias. Cabe recordar que la propia Cani Fernández fue la abogada de Uber ante el Tribunal General de la UE.
ÉLITE TAXI EMPLAZA A LA CNMC A ACTUAR CONTRA UBER Y CABIFY
Asimismo, los autores del informe emplazan a las autoridades competentes a reconocer a los conductores de VTC que operen estas plataformas como parte de la plantilla y no como autónomos, más cuando no pueden fijar los precios ni poder escoger las carreras.
Por otro lado, instan a las plataformas divulgar la información sobre los procesos algorítmicos y la comunicación sobre la elaboración de los perfiles de los trabajadores, así como la evaluación del rendimiento y las estructuras de pagos. En este sentido, ha instado a Competencia y a las autoridades competentes a estudiar las diferencias en el estudio sobre las condiciones de acceso a los servicios de las plataformas de transporte en función de la ubicación geográfica y características socioeconómicas.
A diferencia de los taxis tradicionales, cuyos precios varían en función del tiempo, la hora a la que se realiza el servicio y la distancia, las aplicaciones de Uber, Cabify y Bolt usan los precios en función de la demanda, pero aplican precios «similares o iguales». Para esta tarificación, siempre según los autores, se utilizan «algoritmos complejos y opacos para ajustar tarifas en función de la oferta y la demanda», pero aplicando un «multiplicador de alta demanda» a las tarifas estándar. Estos precios son dinámicos y se calculan en tiempo real. Además, son específicos para las distintas zonas de las ciudades. Las tres plataforman utilizan un sistema variable para fijar sus precios.
Consciente o inconscientemente, las plataformas utilizan algoritmos similares, apoyados en inteligencia artificial, con un mecanismo de autoaprendizaje que se vuelve cada vez más preciso. De esta forma, los precios para una misma zona convergen entre las aplicaciones más utilizadas en la movilidad urbana. «Puede conducir a la convergencia de precios o a la fijación de precios. La fijación de precios suele referirse a un acuerdo entre empresas para fijar los precios de sus bienes o servicios a un nivel específico y puede impedir, restringir o distorsionar la competencia», señala el informe de auditoría.
INVESTIGACIÓN TRAS UN VOTO PARTICULAR EN LA CNMC
Pero hubo un voto particular, en el informe de 2020, junto con las denuncias fuera de España, presentadas por Towards Justice el pasado año 2022, «la cuestión de la posible concertación de precios por parte de las plataformas de viajes compartidos merece una mayor investigación».
En este sentido, uno de los objetivos del estudio era indagar si había fijación indirecta de precios, sin albergar pacto alguno. Sin embargo, hay dos denuncias por fijación de precios en España. En 2018 y 2019, tras la aprobación del decreto Ábalos, Competencia «determinó que Uber y Cabify fijaban sus precios de forma independiente y diferente y no encontró indicios de conducta anticompetitiva».
Sus observaciones apuntan a una «correlación positiva moderada y estadísticamente significativa de precios para todas las rutas monitorizadas en Andalucía entre Uber y Cabify», y una «correlación positiva fuerte y estadísticamente significativa de precios para cinco de ocho viajes en Madrid entre Uber y Bolt». Parte de estas similitudes se recogen en la siguiente tabla:
CASTIGOS DE UBER Y CABIFY
Las aplicaciones Uber y Cabify aplican castigos a sus conductores, según han averiguado los propios autores del informe. En concreto, Cabify permite a los gestores desactivar los perfiles de los conductores desde la plataforma. En este sentido, se pueden sancionar a los conductores por «cancelaciones excesivas o injustificadas de viajes durante un turno en curso», unas multas que consisten en la imposibilidad de conectarse a la plataforma durante un tiempo determinado o indefinidamente.
En el caso de cancelaciones excesivas, quejas de los pasajeros y bajas puntuaciones de satisfacción
del cliente, un algoritmo puede bloquear la conexión de los trabajadores a la aplicación durante un «periodo de tiempo o indefinidamente».
A pesar de las sanciones potencialmente severas, los algoritmos de toma de decisiones de las aplicaciones de transporte no especifican qué constituye una cancelación excesiva e injustificada. En la aplicación Uber, por ejemplo, los conductores tienen una lista de opciones para elegir el motivo por el que rechazan el viaje. Cabify, por su parte, no recoge información sobre el motivo por el que se rechaza un viaje. Para agravar este problema, «Cabify solo permite un máximo de dos cancelaciones en 24 horas, según comparte un conductor de VTC», señalan los autores..
