La reunión entre los supermercados y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, todavía sigue dando para debate. En concreto, la última en pronunciarse ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que ha señalado que ve insuficiente la posición del Gobierno de Planas y ha pedido que se intervenga el «oligopolio» de los grandes supermercados.
La medida que ha propuesto Díaz es que el Gobierno debe de actuar más allá de la reducción del IVA de algunos alimentos básicos. Además de que ha indicado que los grandes supermercados se reparten actualmente más del 50% de la cuota de mercado y que eso constituye un «oligopolio», algo que conlleva «muchísimos riesgos».
Mientras que, por su parte, el sector de la distribución y los supermercados ha señalado que es «inaplicable» la medida propuesta por Díaz de topar los precios de la alimentación. Asimismo, desde el sector se ha advertido de que el hecho de fijar unos límites de precios probablemente condenaría a la industria a grandes problemas de rentabilidad.
UNA MEDIDA INAPLICABLE
Los supermercados consideran que la medida propuesta por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, es inaplicable. En concreto, se trata de la medida de aplicar la Ley del Comercio Minorista para fijar los precios de los productos de alimentación, debido a que desde el sector se considera que esta norma sería «muy mala» para el sector productor.
«Es una idea que está encima de la mesa de la vicepresidenta Yolanda Díaz desde septiembre. Se trata de una Ley que se ha aplicado en algunas ocasiones como para establecer el precio único de las mascarillas, pero el sector alimentario es muy complejo y sinceramente la veo inaplicable», ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.
«Fijar unos límites de precios probablemente les condenaría a problemas de rentabilidad y abastecimiento no solo a los distribuidores, sino también a los productores»
El directivo de la patronal de supermercados, que tiene entre sus asociados a Mercadona, Lidl, Coviran o Dia, entre otros, ha señalado que sería «muy complicado» establecer a qué productos limitar el precio. «. Fijar unos límites de precios probablemente les condenaría a problemas de rentabilidad y abastecimiento no solo a los distribuidores, sino también a los productores», ha señalado.
Acerca de si los supermercados estarían dispuestos a negociar una cesta básica de compra, García Magarzo ha explicado que los precios de la alimentación «subieron mucho más tarde que el IPC porque la competencia hizo que los márgenes de toda la cadena soportaran un incremento de costes muy importante». «La buena noticia es que esos factores que tensaban al alza los precios están bajando», ha recordado.
LA CUESTIÓN DEL OLIGOPOLIO
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expuesto que piensa que los grandes supermercados se reparten más del 50% de la cuota de mercado y que considera que eso constituye un «oligopolio», que conlleva «muchísimos riesgos». Además de que ha dicho que es «clara» y que el Gobierno debe situarse al lado de la «mayoría social» y no de los grandes supermercados.
Sin duda, unas declaraciones que no comparten los supermercados. Ya que, Margazo ha lamentado que se hable de oligopolio en el sector de la distribución. «No solo no lo hay, sino que la competencia es mucho mayor que en otros países europeos, gracias a que hay una menor concentración y más empresas entre las que elegir. En España, tenemos cadenas regionales, que tienen un peso importante, de ámbito nacional e internacionales, y el 40% del comercio de productos frescos en manos del comercio tradicional y mercados», ha explicado.
«El sector está muy repartido y en ningún caso se puede hablar de oligopolios. Las autoridades de Competencia han explicado que aquí hay más competencia y eso permite una capacidad de elección de los consumidores y asegura que los precios se forman de una manera eficiente», ha recalcado.
Por tanto, aún no ha habido muchos cambios desde la reunión entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y todos los actores de la cadena de valor del sector de la distribución. De momento, la cosa ha quedado en que Planas ha pedido a todos los actores que tiene que avisar en el caso de que se produzca una reducción en los costes de producción para que esta bajada se aplique de inmediato en los precios de los supermercados.
De esta forma, Planas ha dejado en manos de la buena voluntad del sector de la distribución, la decisión de comunicar si existe una reducción de los costes y de después aplicar esta rebaja en el precio de los alimentos. Sin embargo, el Gobierno ha comunicado que estará vigilante de que los supermercados y productores comuniquen estas rebajas y que se mantendrán pendientes de estos cambios.
