El sector residencial pasa por una de las coyunturas de más presión de los últimos años. Y no nos referimos a la burbuja inmobiliaria, que también va en esta relación, sino a las consecuencias que está mostrando el sector, sobre todo referido a los alquileres, debido a varios factores sociales y de hábitos como la gentrificación en las grandes ciudades, el turismo y de alto coste de vida, consecuencia directa de los datos del IPC.
El resumen es un alto valor del precio de la vivienda que hace prácticamente inasumible poder ni siquiera acceder a una vivienda digna, y en muchos caso provoca un éxodo hacía el extrarradio de las ciudades, tanto en España como en el resto de países.
Portugal retira los privilegios de residencia a inversores extranjeros
Así, hace tiempo que sobrevuela por el país la Ley de la Vivienda, un mecanismo para paliar y rebajar el precio de la vivienda, con limitaciones a pisos vacíos, tope en las subidas de los alquileres y demás herramientas.
PROHIBICIÓN ALQUILERES TURÍSTICOS
Ahora, lo que ha sucedido en Portugal le muestra a España un modelo más rompedor con el que hacer frente a la crisis residencial. Para ello, han puesto en marcha una serie de recortes y medidas valoradas en más de 900 millones de euros. Son medidas centradas en el turísmo, pero desde el ámbito de la vivienda. Si hace unos años Palma de Mallorca prohibía los alquileres turísticos en comunidades de vecinos, ahora Portugal ha puesto el freno a las viviendas con actividad turística y vacacional.
Lisboa es una de las ciudades con alquiler más caro de toda Europa, superando a otras como Ginebra, París o Madrid
No en vano, Lisboa es una de las ciudades con alquiler más caro de toda Europa, superando incluso así a otras localidades históricamente caras como Ginebra, Barcelona, París o Madrid. De esta manera, el equipo del presidente de Gobierno de Portugal, Antonio Acosta, pretende, entre otras cosas, limitar los precios de los alquileres, no expedir más licencias de pisos turísticos (aunque con excepciones en entornos rurales y poco poblados) y cesar los privilegios de los inversores.
EL GOBIERNO PORTUGUÉS INTERVIENE EN LOS ALQUILERES
Aunque son muchas las medidas adoptadas para hacer frente al gran problema de la vivienda en Portugal, y del que España podría tomar ejemplo, destaca la intervención a los alquileres.
En este sentido, el gobierno luso tiene interés en poner un tope a los precios del alquiler, pero todavía sin demasiados datos de cuánto, cuándo y cómo. Aún así, ha establecido el porcentaje máximo de la nómina que los ciudadanos pueden destinar al alquiler de sus viviendas, un 35%. Además, como obligación, insta a los dueños de pisos vacíos a ponerlos en el mercado pero con alquileres de larga duración, es decir, nada de alquileres turísticos. En este punto, según publicó el diario ‘El País’, «la iniciativa más polémica del plan gubernamental es el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas. El Instituto Nacional de Estadística luso ha censado 723.215 hogares vacíos en todo el país. El Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario, que cobra al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. El Estado asumirá las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben, y gestionará con el inquilino una solución para la deuda, que en el peor de los casos puede incluir el desahucio».
El nuevo paquete de medidas incluye la prohibición de nuevos pisos de alquiler turísticos
En este sentido, la posibilidad de que este modelo pueda extenderse a España u otros países estás generando mucha controversia. En lo referido al turismo y para un reajuste del precio de la vivienda, Portugal ha cortado por lo sano. En primer lugar ha retirado todos los privilegios en cuanto a la obtención de la visa de los que se beneficiaban los inversores extranjeros. A partir de ahora, para renovar la visa, el país ibérico exigirá una prueba residencial como vivienda habitual y no en actividad de alquiler turístico.
Por otro lado, también ha decidido prohibir y dejar de expedir nuevas licencias de pisos turísticos, a excepción si se trata de inmuebles situados en zonas rurales y con poca densidad poblacional.
MÁS VIVIENDA ASEQUIBLE
Uno de los puntos de la mencionada Ley de la Vivienda en España es la construcción de miles de nuevas viviendas de venta y alquiler social. Aunque no se ha especificado el número, pero se espera que con la nueva legislación el parque residencial protegido alcance el 30% del parque residencial total.
El paquete luso de medidas anticrisis, y valoradas en 900 millones de euros
Resulta casi la misma medida adoptada por el gobierno luso. Dentro de ese paquete de medidas anticrisis, y valoradas en 900 millones de euros, también se contempla modificar la calificación de algunos terrenos para poder construir viviendas asequibles y también ceder suelo e iniciar colaboraciones inmobiliarias público-privada. Por tanto, quedaría eliminada la obligatoriedad de solicitar licencias municipales, y bastaría con una declaración responsable.
