El ‘Barçagate’, la investigación sobre los pagos del FC Barcelona a la empresa dirigida por el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, no sólo pone en jaque a todo el estamento del fútbol español, sino también a los planes de Joan Laporta para remodelar el Camp Nou en el proyecto Espai Barça.
Durante la etapa de Josep María Bartomeu, el club blaugrana habría pagado unos 4,7 millones de euros a la empresa DASNIL 95 SL, administrada por Enriquez Negreira. La mayoría de la facturación entre los años 2016 y 2018 de esta sociedad provenía del club de fútbol, según las facturas aportadas por El Mundo y El Confidencial. La Agencia Tributaria destapó el caso en una inspección rutinaria a esta firma y lo puso en conocimiento de la Fiscalía por si se hubiera cometido algún delito. Ahora, la investigación se remonta a 2003. Cabe recordar que los delitos contra la Hacienda Pública prescriben a los cinco años y que se hubiera cumplido ya ese tiempo.
LAPORTA, TRANQUILO ANTE LA POSIBLE PRESCRIPCIÓN DEL SUPUESTO DELITO
Sin embargo, la prescripción del mismo no ha despejado ninguna de las dudas que asaltan ahora sobre el futuro del club y las posibles sanciones que se le pueden imponer, como un descenso de categoría, tal y como ocurrió en Italia con la Juventus de Turín, equipo que ha perdido otros 15 puntos esta temporada por manipular las cuentas.
De hecho, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido explicaciones e información al FC Barcelona tras salir a la luz este caso. A través, del Departamento de Integridad, el organismo ha requerido oficialmente la información «reservada» tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona, según ha indicado en un comunicado. Una vez cotejada la documentación, el organismo decidirá, acorde a la legislación vigente, la actuación. En cualquier caso, la RFEF pedirá su personación si se abre finalmente la vía penal por un supuesto delito de corrupción entre particulares. Por el momento, la Fiscalía ha abierto diligencias para indagar en el caso.
DEL PAGO A PERIODISTAS A LA CONTRATACIÓN DE UN JEFAZO DE LOS ÁRBITROS
Enríquez Negreira fue árbitro de Primera División entre 1977 y 1992. Posteriormente, alcanzó la dirección del organismo de los árbitros, que regula a los colegiados. En la inspección de Hacienda se encontraron facturas con el concepto de «asesoramiento técnico». Éste trabajo consistía en señalar de forma verbal la actuación habitual de los árbitros en los partidos. En ningún caso hubo informes por escrito y por el que el club abonó enormes facturas de entre 30.000 y 90.000 euros mensuales hasta esos 1,46 millones de euros.
El hijo del segundo máximo jefe de los árbitros, además, trasladaba personalmente a los árbitros en los partidos importantes en el Camp Nou. Así lo ha asegurado Juan Andújar Oliver. «En los partidos importantes del Barcelona en su campo, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el Comité Técnico, llamaba a los árbitros a decirles en qué hotel estaba y les decía que él les llevaba al campo», afirmó. De hecho, participaba en las reuniones del Comité Técnico, iba a dar instrucciones y había sido coach de los árbitros hasta 2018, justo cuando la firma dejó de operar para el FC Barcelona.
Nos reservamos cualquier acción para defender la horonabilidad y los intereses del club
El FC Barcelona ha admitido este contrato con DASNIL 95 SL con el fin de complementar la información obtenida por el staff del club. «El asesoramiento arbitral lo tenemos en el organigrama del club. No es casualidad que salga ahora. Cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta proporcional del club. Nos reservamos cualquier acción para defender la horonabilidad y los intereses del club», afirmó Laporta tras conocerse esta investigación. De hecho, el club sostiene que es una «práctica habitual», aunque actualmente esta actividad de vigilancia sobre los árbitros la realiza «un profesional del área de fútbol».
EL BARÇA AFRONTA UNA INVESTIGACIÓN EN EL MEJOR MOMENTO DE LA TEMPORADA
Fuentes no oficiales del club apuntan a la anterior junta directiva de lo ocurrido y que el equipo de Laporta no tiene nada que ver con esta contratación. Oficialmente, Laporta apunta que no es ninguna casualidad que salga ahora dicha información, adelantada por La Ser. Es el club está en un momento dulce en lo deportivo y a tan sólo meses y medio de cerrar las negociaciones con los fondos para endosar 1.500 millones de euros en deuda considerada ‘verde’.
Fuentes judiciales, no obstante, consideran que si los hechos no han prescrito, el proyecto del FC Barcelona podría tener un severo revés. «Bajar a Segunda División podría ser una de las sanciones estipuladas. La honorabilidad de La Liga y del fútbol español está en juego», han señalado. Si bien, en caso de quedar prescrito, el FC Barcelona estaría en el centro de las críticas y sus partidos se mirarán con lupa.
De hecho, la pérdida de su puesto en Primera División, siempre y cuando así lo decida un juez, estaría sobre la mesa con el Real Decreto sobre Disciplina Deportiva publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de febrero de 1993. Y es que, este hecho podría contravenir el artículo 14, que especifica «las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición». Asimismo, la normativa establece como sanción muy grave la expulsión de la competición.
EL CASO DE LA JUVENTUS Y EL MILÁN, EN LA RETINA
No obstante, habría que esperar hasta una sentencia firme para poder abordar el asunto en los despachos de los organismos correspondientes. Y es que, la investigación se realiza por la vía penal. Si se desestiman los cargos por prescripción, la vía administrativa se quedaría en el cajón. Y es que, el caso también estaría prescrito al haber transcurrido tres años desde que se cometiera la supuesta infracción.
Este caso recuerda amargamente a lo sucedido con la Juventus, AC Milán, Fiorentina Reggina y Lazio en 2006. Todos ellos habían comprado árbitros. El Inter de Milán, pese a quedar tercero, ganó el campeonato aquel año. Los organizadores de la Serie A italiana impusieron a los clubs con una multa de 120.000 euros, el descenso y una penalización de 30 puntos. Asimismo, les fueron retirados todas las ligas ganadas entre 2004 y 2006. En caso de que la vía administrativa se active, el Barcelona podría perder los títulos nacionales entre 2016 y 2018. Si la sanción fuera ejemplarizante y se retrotrae desde el inicio de los pagos, el Barça podría quedarse sin 10 títulos.
Si los blaugranas llegaran a esta situación, todas las cuentas del club se verían seriamente afectadas. En primer lugar, habría una devaluación de activos, como los derechos de televisión y patrocinadores. Asimismo, también podría provocar una estampida de jugadores, que tendrían una cláusula de rescisión de contrato en caso de perder la categoría. A todo, ello se sumaría el problema de la deuda, con menores ingresos, el equipo de Laporta tendría una capacidad muy reducida para hacer frente al pago de los intereses y del principal.
LA HIPOTECA DEL CAMP NOU SI EL EQUIPO DESCENDIERA
Asimismo, el desfase presupuestario afectaría directamente a las obras del Espai Barça en un momento tan delicado. Y es que, está en plenas negociaciones con los fondos y al mismo tiempo se juega la mitad de la temporada en la Europa League. Caer deportivamente antes de lo previsto supondría la merma de unos 10 millones de euros. Además, los ingresos en taquilla caerían con fuerza y los jugadores de la Masía tendrían que esperar al menos dos años para volver a pisar un campo de Primera, un riesgo que podría traducirse en su salida del club para evitar truncar su carrera deportiva.
El equipo de Laporta superó las dramáticas cuentas de la gestión de Bartomeu con la activación de las denominadas palancas. En total, ha ingresado 867 millones de euros, un montante suficiente para obtener beneficios hasta 2026. Sin embargo, el club aún cerrará el ejercicio pasado con un agujero patrimonial de 353 millones. Este proyecto económico está pensado para reactivar al club y hacer desaparecer el desequilibrio patrimonial. Para ello, era necesario renegociar los préstamos y la financiación.
La situación ni mucho menos es favorable al club. Estas palancas han hipotecado los ingresos futuros y en caso de un descenso podría verse seriamente afectados. De hecho, las fuentes consultadas señalan que no se descartaría «la hipoteca del Camp Nou» en caso de materializarse la sanción. No obstante, es un escenario remoto, dada la naturaleza de la investigación, pero como todo, hay riesgo de que pudiera producirse.
