El páramo en el que se ha convertido los terrenos adjudicados para la construcción de la Ciudad de la justicia en Madrid bien podría parecer el Desierto de Tabernas (Almería). Poco le falta.
El proyecto, que lleva años dando vueltas por todos los gobiernos que han presidido la Comunidad de Madrid, sigue sin tomar formar a pesar de la insistencia de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hace tan solo dos meses que finalizó el plazo para presentar las propuestas para la correspondiente adjudicación del proyecto completo y fue en ese momento cuando saltó la sorpresa referida a que el concurso había quedado desierto.
Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr, OHLA y ACS entran en la nueva ronda de conversaciones con la Comunidad de Madrid
Desde entonces, la Comunidad casi ha mendigado la participación de las principales constructoras españolas, como Acciona, Ferrovial u OHLA, que, en cualquier caso, no se han ilusionado en demasía con la licitación.
Durante las últimas semanas de 2022, Díaz Ayuso ha realizado hasta ochos rondas de conversaciones con las ya mencionadas entidades del sector, así como con Sacyr, Iridium, Typsa, ACS y FCC. Pero no siempre el año nuevo se empieza con buen pie. A la fecha de ahora de 2023, la Comunidad de Madrid ha anunciado otro procedimiento de negociaciones, aunque esta vez con la limitación de seis entidades: Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr, OHLA y ACS.
EL POCO INTERÉS SOBRE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA ALARMA A LA COMUNIDAD DE MADRID
Cuando nació el proyecto en 2005 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón la licitación parecía de lo más accesible, además de que la propuesta de reunificar todos los órganos judiciales de la capital resonaba en el consistorio madrileño como el gran plan urbanístico del momento.
Casi 20 años más tarde el proyecto de la Ciudad de la Justicia ha quedado eclipsado por otros como Madrid Nuevo Norte o la reforma urbanística de la Estación de Atocha y relegado a un segundo plano. La insistencia de la Comunidad de Madrid a las entidades constructoras por la licitación del proyecto se asemeja más, a estas alturas, a un compromiso electoral que aun proyecto urbanístico en pos de la ciudadanía madrileña.
En los terrenos de la Ciudad de la Justicia tan solo se han levantado un par de infraestructuras que incluyen el Hospital Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal
Con todo, ha sido Isabel Díaz Ayuso la más abanderada de la causa. Fue en los terrenos colindantes a la Ciudad de la Justicia, que también se incluyen dentro del mismo proyecto, donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid levantó en plena pandemia de la Covid-19 el Hospital Isabel Zendal.
Además del uso mayor o menor del propio hospital, que se construyó con el fin de liberar la saturación del resto de hospitales madrileños, tan solo continua en funcionamiento el conocido como ‘dónut’, característico por su forma redonda y que alberga el Instituto de Medicina Legal. El esto de los terrenos yacen desiertos a la espera de que se instale la primera piedra.
Aun así, el poco interés generado por las grandes constructoras de españolas preocupa, y de qué manera, al consistorio madrileño. Si las cuentas finalmente no salen, Díaz Ayuso podría presentarse a los comicios del 28 de mayo con el mayor fracaso urbanístico de los últimos años a sus espaldas.
MADRID HA TENIDO QUE VARIAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
El principal inconveniente que ha tenido la Comunidad de Madrid para encontrar interesados en el proyecto de la Ciudad de la Justicia han sido las condiciones impuestas por parte del consistorio. A pesar de lo vivido, ni si quiera existen indicios de que estas puedan ser modificadas, por lo que el resultad final de esta nueva ronda de conversaciones podría ser más que predecible.
Parte de las condiciones de la licitación del contrato incluyen un presupuesto de 507 millones de euros y un plazo máximo de ocupación a 40 años
Por el momento, ni a Ferrovial, ni Sacyr, ni ACS, ni FCC, ni Acciona ni OHLA les han convencido las características básicas del proyecto que, entre otras, incluyen, un presupuesto de más de 500 millones de euros y un plazo de operación de hasta 40 años. No obstante, sí existe una modificación con respecto al primer borrador inicial y es la supresión de la inclusión obligatoria de una empresa de seguridad.
Sin embargo, las empresas implicadas aún recelan de la viabilidad del proyecto y, sobre todo, de los altos costes que implica.
