El Ayuntamiento de Barcelona da órdenes a la Guardia Urbana para inmovilizar a los VTC que no posean la preceptiva autorización para realizar trayectos urbanos. Los vehículos con licencia de alquiler de conductor debían solicitar este documento entre el 1 y el 30 de septiembre del pasado año, mientras que el Área Metropolitana de Barcelona, la encargada de expedirlo, tenía tres meses para responder a la solicitud, siendo de «carácter negativo» este silencio administrativo.
La AMB ha concedido los permisos únicamente a las empresas tradicionales
El Área Metropolitana de Barcelona continúa sin aclarar cuántas licencias de VTCs han obtenido dicho permiso para poder realizar los habituales trayectos urbanos, mientras que desde el taxi afirman que la cifra ronda las 600. No hay datos oficiales, pero según las voces no oficiales la mayoría se habría concedido a las empresas tradicionales de VTCs, cuyos clientes son fijos y en rara ocasión se les contrata con esos 15 minutos de antelación, sino con al menos 24 horas.
Sin embargo, las VTCs han continuado su operativa desde el inicio del año, incluso aquellas que no disponen supuestamente de dicha autorización. Este hecho ha puesto en alerta al sector del taxi, que ha exigido una mayor contundencia a la Guardia Urbana a la hora de actuar en las calles contra los vehículos «ilegales».
LAS AMENAZAS DEL TAXI MUEVEN A COLAU Y COLLBONI
De hecho, tras la amenaza de una paralización de cara al Mobile World Congress 2023, la policía local de la Ciudad Condal ha comenzado a ser más exhaustiva y ha comenzado a enviar al depósito a todos los vehículos de VTCs infractores. Todo ello, a pocos días de la reunión de la junta de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, que se reúne este miércoles 11 de enero, donde se establecerá un protocolo de actuación conjunto entre Mossos y Guardia Urbana para adoptar las mismas directrices. Una vez más, la presión ejercida en las calles, esta vez desde la céntrica y neurálgica estación de Sants, fue más que suficiente para activar a la Administración.
A los dueños de estas licencias se les impone una sanción mínima de 2.000 euros y para retirar el vehículo del depósito es necesario abonar al menos la mitad de esta cuantía. Eso sí, las multas van en aumento según sea la reincidencia, llegando incluso a revocarse la licencia en última instancia, tal y como establece el decreto antiCabify aprobado este verano por la Generalitat y refrendado en el Parlament tras la inclusión del requisito de los 4,9 metros para los vehículos con este tipo licencia, una exigencia de los socialistas de Salvador Illa que supone una gran barrera de entrada a la competencia.
Las imágenes fijas y los vídeos subidos en las redes de taxistas muestran decenas de vehículos de VTCs subidos a las grúas o inspeccionados por los agentes de la Guardia Urbana. Uno de los más virales tiene como protagonista a un pasajero portugués. La Guardia Urbana le desalojó del vehículo, operado por Uber por carecer de la licencia de trayectos urbanos y llevado al depósito.
LOS DEPÓSITOS HACEN CAJA CON LAS VTCS
«Nos han parado en un control de la Guardia Urbana», explicó en el vídeo difundido por los taxistas. «Al parecer el vehículo en el que yo viajaba no dispone del permiso adecuado», indicó. Los propios agentes, según el relato, pararon un taxi que pasaba por allí para llevarle al aeropuerto y no perder el vuelo. «Al final todo ha salido bien», destacó con aires de contradicción. ¿Qué hubiera pasado si no llegara a aparecer el taxista? ¿Quién habría tenido que asumir el coste de perder el vuelo?
La movilización de los agentes se produce después de la primera movilización de los taxistas tras la entrada en vigor del decreto. Las nuevas protestas se centraron especialmente en el PSC, encargado del área de seguridad de Barcelona. Concretamente, sobre Albert Batlle, concejal y máxima autoridad sobre la policía local. Los relatos de denuncias de taxistas corrieron como la pólvora tras el primer vídeo, mientras se sucedían los controles. Desde el Ayuntamiento niegan cualquier operativo contra las VTC, pero las imágenes de grúas con vehículos negros y matrícula azul no dejan de sucederse por toda la Ciudad Condal.
Alberto Álvarez, líder de los taxistas de Barcelona, tiene ahora más motivos para seguir alentando a las movilizaciones sin ser partidario de las mismas, según aseguró a este diario. En este sentido, ha celebrado que la Guardia Urbana esté vigilando los accesos de las Rondas -carreteras de circunvalación de Barcelona, similares a la M-30 madrileña-, así como los puntos más calientes de la ciudad. No obstante, no hay guardias en este sentido en las principales estaciones ni el aeropuerto, donde la Guardia Urbana no puede actuar al no ser de su competencia. Por esta razón, los taxistas exigen la involucración de los Mossos d’Esquadra.
LA GUERRA DEL TAXI Y LAS VTCS SE LIBRA EN LOS TRIBUNALES
Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas que operan VTCs, consideran que el nuevo decreto de la Generalitat sería fácilmente tumbado en los tribunales. De hecho, la Generalitat se ha dado el plazo de dos años para modificarlo para guardarse las espaldas en caso de que se judicialice, como ha ocurrido con la anterior normativa del Ayuntamiento de Barcelona. El abogado del TJUE considera que la viabilidad económica del taxi no puede anteponerse al interés general.
Cabe destacar que la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) y FreeNow han impugnado y demandado la normativa de la AMB y del IMET, respectivamente, por vulnerar la ley. Y es que, entienden que se vulnera la competencia en un sector controlado por el monopolio del taxi. Asimismo, otras plataformas, como Unauto, han exigido activar la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales ante las pérdidas provocadas por el decreto de la Generalitat. Una de las compañías más afectadas es Cabify, que no se ha pronunciado al respecto.
EL TAXI Y LAS VTCS ESPERAN LA GRAN SENTENCIA DEL TJUE
Bolt, por su parte, trató de fintar el decreto con una extensión en el parachoques trasero para cumplir con la normativa. No obstante, el requisito más complicado es poseer vehículos de 4,9 metros con etiqueta ECO o de cero emisiones. De esta forma, los propietarios de estas VTCs tendrán que demandarlo ante los tribunales para que obtengan un veredicto. A tenor de lo sucedido en 2019, la patata caliente pasará al próximo Gobierno autonómico.
Esta normativa no sólo pone en riesgo a las empresas con licencias de VTC, sino también los empleos que conlleva. La estimación de las pérdidas ronda al menos los 400 millones de euros en el cómputo más optimista y moderado. El sector espera la sentencia del tribunal de Luxemburgo para poder iniciar el contragolpe judicial. Por el momento, el abogado del TJUE ha tumbado el alegato de la Administración y se ha mostrado contrario a la ratio del 1/30, es decir, una licencia de VTC por cada 30 de taxi.
