El conflicto generado entre un grupo de vecinos de la Casa Orsola de Barcelona y la propiedad sigue abierto a la espera de que los vecinos afectados por la finalización de los contratos de arrendamiento, cuatro del total de las 29 viviendas en alquiler, vuelvan a retomar las conversaciones con el fin de encontrar una solución individual para cada uno de los casos.
Así lo ha manifestado María José Tarancón, representante legal de la propiedad de este emblemático edificio barcelonés, quien ha asegurado que“estamos abiertos a entablar conversaciones con los inquilinos a los que les ha finalizado el contrato, como ya hemos venido haciendo cuando hemos podido acceder a los inquilinos sin la intromisión del Sindicat de Llogateres, y dispuestos a hacerlo también con sus representantes legales siempre y cuando se identifiquen y acrediten dicha representación”.
La propiedad, una pequeña y mediana de empresa con capital 100% catalán, adquirió el edificio modernista ubicado en el Ensache de Barcelona, después de realizar un estudio de mercado y verificar la situación de los contratos de arrendamiento existentes “con la intención de renovar el edificio que tenía infinidad de carencias estructurales, reformar y arrendar algunas viviendas cuyos contratos finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”.
Según la abogada, el conflicto comienza cuando cuatro inquilinos con contratos finalizados se niegan a desalojar sus viviendas, una vez que la propiedad les comunica la resolución de estos: “Contratos que finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”, afirma Tarancón.
La propiedad considera que el ‘Sindicat de Llogateres’ pretende convertir en un problema colectivo inexistente la finalización de 4 contratos en el corto plazo “y sin que hayan identificado a qué vecinos representan”, apunta María José Tarancón. “Por otro lado, hay que indicar que hemos sufrido la ocupación de dos pisos de la finca en una acción promovida por esta plataforma y por determinados vecinos de esta. Obviamente, de momento no se dan las condiciones para poder entablar conversación alguna”.
El Sindicat de Llogateres había apuntado a la vulnerabilidad de algunos de los inquilinos para defender una negociación colectiva y alquileres asumibles para estos, extremo que la propiedad desmiente rotundamente: “No se ha acreditado que en ninguna de estas 4 viviendas con contratos finalizados hayan acreditado su vulnerabilidad. Es más, se les ha interpuesto las correspondientes demandas judiciales, por expiración contractual del plazo sin entrega de la vivienda, y tampoco lo han acreditado en sede judicial”.
Desde la propiedad sostienen que se mantiene la postura abierta al diálogo para poder “entablar conversaciones con los inquilinos a los que les ha finalizado el contrato, como ya hemos venido haciendo cuando hemos podido acceder a los inquilinos sin la intromisión de esta plataforma, y dispuestos a hacerlo también con sus representantes legales siempre y cuando se identifiquen y acrediten dicha representación”, manifestó María José Tarancón. Como ejemplo, la abogada apunta el caso de la renovación del contrato a una inquilina de edad avanzada residente en la finca “a la que la compañía le renovó el contrato después de contactar con ella”.
Para ello, la propiedad considera necesario que se mantenga un estricto respeto a la legalidad, así como “el cese de las acciones de asedio y difamación de la compañía y de sus representantes”. “A partir de ahí, dispuestos, como siempre hemos dicho y hecho, a tratar cada caso individualmente y a ofrecer propuestas de solución dentro del marco legal vigente y adaptadas a mercado”.
Para María José Tarancón, uno de los elementos que ha enturbiado las conversaciones con los arrendatarios afectados ha sido la carta que, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, les remitió la alcaldesa Ada Colau, para interceder en la renovación de los contratos de alquiler que llegaban a término: “Consideramos que se trata de una grave injerencia del máximo responsable del consistorio en un asunto que es estrictamente privado entre una empresa que actúa siempre dentro de la más estricta legalidad, defendiendo sus legítimos intereses, y tan solo unos pocos inquilinos sin título en vigor”.
Para la abogada, “como toda institución pública, el consistorio debe respetar los procedimientos judiciales y no interferir en los mismos. Además, el Ayuntamiento desistió y no ejerció su derecho de tanteo cuando le fue comunicada la operación de compra de la finca”.
En estos momentos, la propiedad está estudiando los posibles ilícitos cometidos, y el perjuicio económico derivados de los mismo, para interponer los correspondientes procedimientos judiciales si fuera el caso.
