La Moncloa ha recuperado el timón de RTVE en curso electoral para castigar al Partido Popular por su obcecada cerrazón de incumplir los pactos constitucionales a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La forzosa caída como presidente de la Corporación pública de José Manuel Pérez Tornero, y su sustitución por la supuestamente interina Elena Sánchez Caballero, ha conllevado que el bloque conformado por PSOE y PNV en Consejo de Administración de RTVE tenga que apoyarse en los dos consejeros propuestos por Unidas Podemos para formar mayorías.
Estos, el sindicalista Roberto Lakidain (CCOO) y el periodista José Manuel Martín Menem (UGT), todavía andan dolidos porque el PSOE basculó hacia la derecha durante el verano de 2021 para repartirse el poder orgánico de RTVE con el PP, que consiguió la cabeza del incómodo Jesús Cintora con la excusa de que las productoras privadas no pueden hacer espacios de actualidad en la casa.
Los sustitutos de ‘Las cosas claras’ también mezclaron pilotaje privado y contenido actual. Eso sí, con contenidos menos delicados para el establishment y con menores audiencias: en torno al 6% de share en vez del 8% que brincaba Cintora en sus últimas semanas.
El último de estos fallidos herederos es ‘Hablando claro’. El espacio de Cuarzo Producciones se estrenó el 10 de septiembre y pese a su tímida subida no alcanza el 7% de share, datos con los que no alcanza el 7,5% que tenía estipulado como objetivo o el 8% que promedia La 1.
Este programa conducido por Lourdes Maldonado y Marc Calderó tiene atada su continuidad hasta el 30 de diciembre, tal y como adelanta Bluper. El citado medio desvela que el programa durante su primer cuatrimestre escaso supone un coste para RTVE de 4,1 millones de euros, de los cuales 1,7 factura la filial del gigante francés Banijay.
Fuentes de RTVE señalan a MERCA2.es que los consejeros Martín Menem y Lakidain podrían exigir el regreso de un espacio que recoja el espíritu de ‘Las cosas claras’, posiblemente sin Cintora y muy probablemente sin contratar a ninguna productora privada que se encargue de su realización.
Esta hipotética operación contribuiría a calentar la asfixiante atmósfera sindical que se respira en RTVE a cuenta de la descarnada batalla que libran UGT y CCCO, que se entienden en prácticamente todos los sectores profesionales a excepción del audiovisual.
UGT, principal puntal de Pérez Tornero, y CCOO, que celebra recuperar influencia tras el nombramiento como presidenta de Elena Sánchez, se lanzan severas acusaciones en público en unas circulares de consumo interno que no dejan en buen lugar a ninguno de los dos contendientes.
UGT ACUSA A CCOO DE FRENAR LA DESCENTRALIZACIÓN DE RTVE
La decisión del Consejo de Ministros de modificar los estatutos sociales de RTVE para otorgar competencias a Elena Sánchez Caballero posibilita que la presidenta interina active el proceso de oposiciones que supondrá que la Corporación pública oferte 1.082 plazas, previsiblemente en 2023.
Esta oferta pública de empleo estaba diseñada en parte para nutrir los Centros Territoriales de RTVE en Andalucía y la Comunidad Valenciana, que iban a comenzar a producir informativos en el fin de semana como previo paso, en el caso de la segunda, a convertirse en Centro de Producción de Programas para complementar a Prado del Rey y San Cugat.
UGT, dolida por su pérdida de poder en las últimas semanas, acusa a la propia presidenta y al consejero Roberto Lakidain de zancadillear estos proyectos: «Ponen en duda la dotación presupuestaria (para 2023) y, en definitiva, cuestionan toda la operación porque no la quieren. No pasa por sus planes potenciar la Estructura Territorial con una producción propia e independiente, sino más bien todo lo contario»,
El sindicato asegura que «la Estructura Territorial es el mayor valor diferenciador de la CRTVE como radiotelevisión pública, está en los mismos cimientos de lo que nuestro ordenamiento jurídico entiende como servicio público, y es fundamental para el futuro de la CRTVE caminar hacia su potenciación e independencia, hacia una clara descentralización de RTVE respecto a los servicios centrales de Madrid».
«Nos consta que los planes para el nuevo Centro de Producción de Valencia estaban más que avanzados, tras unas negociaciones con la Generalitat que ahora quieren enterrar y olvidar. Este iba a ser un nuevo centro, moderno, con una dotación suficiente, necesaria y actual, un paso de gigante para el futuro de una RTVE de todas y todos que no podemos dejar de dar», añaden UGT.
El sindicato de origen socialista también acusa a la presidenta, paradojas de la vida, de conseguir el puesto habiendo aceptado «el peaje» que le habría impuesto el PSOE, según ellos deseoso de que el abogado Ángel García Castillejo ascienda de director de Áreas Políticas Audiovisuales de RTVE a su nuevo jefe de Gabinete.
García Castillejo, denuncia UGT, «burló la ley sobre incompatibilidades al permanecer en el cargo de administrador solidario de la Consultora en Tecnología Emergentes e Inversiones SL hasta el 7 de julio de 2022″ a pesar de que el 10 de junio de este año ingresó en RTVE.
