El Congreso de los Diputados ha convalidado sin votos en contra y con la abstención del PP y Vox el decreto ley para reducir el recibo del gas y subir un 1,5% el sueldo de funcionarios, en el que también se incluye la prórroga de las deducciones que se aplican en el IRPF por la mejora de la eficiencia energética de viviendas.
Durante su intervención inicial, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expuesto las líneas maestras del decreto, que además de recoger medidas para reducir la tarifa del gas también incluye la prórroga de las deducciones que se aplican al IRPF por la mejora de la eficiencia energética de las viviendas.
La vicepresidenta ha reconocido de nuevo que el Gobierno considerará la ampliación del límite hasta los dos kilómetros dde las redes de autoconsumo, a petición de varios grupos parlamentarios en las comisiones de las últimas semanas.
Ribera ha solicitado el mayor consenso posible en torno a las medidas incluidas en el texto para proteger a los ciudadanos y al tejido productivo del país, en un momento de «fuertes tensiones en los mercados de energía europeos».
La diputada del PSOE, María Montserrat García Chavarría, ha destacado las medidas de protección a familias, autónomos y la clase media trabajadora impulsadas en este decreto. Este Gobierno ha estado a la altura de la situación», ha enfatizado la diputado, poniendo en valor la menor inflación de España con respecto al resto de países europeos y la cifra «récord» de empleo del mes de octubre. «Esa es nuestra forma de hacer política», ha subrayado.
EL PP CRITICA EL MECANISMO IBÉRICO DEL GAS
El PP, mediante el diputado Juan Diego Requena Ruiz, ha comenzado sus críticas poniendo el foco en la excepción ibérica, que en su opinión «ha disparado» la demanda de gas ruso. Asimismo, ha denunciado el retroceso sobre la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incluir «propaganda» en la factura eléctrica de los consumidores.
Esta última crítica se basa en que, a partir del decreto, se incluirá en la factura eléctrica información sobre el impacto de la rebaja del IVA del gas. También ha azuzado a Teresa Ribera en lo relativo al gasoducto Midcat, argumentando que el Gobierno «no fue capaz de mantener abierto el gasoducto del Magreb».
«TEORÍA DE LAS LENTEJAS»
El diputado de Asturias por el Grupo Mixto, Isidro Manuel Martínez, ha mostrado su rechazo a la convalidación del Real-Decreto ley por el aglutinamiento de medidas que, en su opinión, deberían disponer de un tratamiento diferenciado.
Miriam Nogueras, de Junts, ha seguido en esta línea de denuncia, alegando que el texto podría haberse dividido en «cinco o seis decretos distintos». «Se han acostumbrado a imponer la teoría de las lentejas, o las tomas o las dejas», ha criticado la diputada durante su intervención.
José M. Figaredo, de Vox, se ha sumado a las críticas al ‘megadecreto’. Durante su intervención, el diputado ha invitado a Teresa Ribera a cambiar el sistema energético español «de la A a la Z», ya que, en su opinión, el Gobierno basa sus estrategias energéticas en «pequeños parches» que no funcionan.
CRÍTICAS A LAS ENERGÉTICAS POR SU FALTA DE TRANSPARENCIA
El portavoz presupuestario de EH-Bildu, ha ensalzado en su intervención las virtudes del autoconsumo y ha celebrado la ampliación hasta los dos kilómetros anunciada por Ribera, si bien ha puntualizado que no resuelve «todas las casuísticas» del sistema eléctrico. Asimismo, ha denunciado la falta de transparencia en algunas empresas energéticas, refiriéndose en concreto a los problemas que la ciudadanía está encontrando para acogerse a la tarifa de último recurso.
De su lado, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, si bien ha mostrado su apoyo al decreto, ha puntualizado la conveniencia de establecer algún mecanismo automático para el traspaso de clientes a la tarifa regulada ante los problemas que estos han denunciado en las últimas semanas.
A juicio de Inés Sabanés, de Más País, las medidas energéticas del decreto van destinadas a «lo urgente para que nadie pase frío» durante el próximo invierno. Se ha sumado Sabanés también a las críticas a las energéticas, que en su opinión «están torpedeando todo lo que pueden y más» el traspaso a la tarifa regulada. Es por ello que la diputada ha reclamado una mayor transparencia en la comprensión y el control de los sistemas de facturación de estas empresas.
La diputada de Ciudadanos, María del Carmen Martínez Granados, ha confirmado el apoyo de su formación al texto, si bien ha criticado aspectos fiscales y las formas de la tramitación del mismo, que fue aprobado en Consejo de Ministro y dejó «muy poco margen» al resto de grupos para «modificar y mejorar» el decreto.
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Juan Antonio López de Uralde Garmendia, de Unidas Podemos, se ha sumado a las críticas en este aspecto, una situación que evidencia, a su parecer, una «dependencia del oligopolio energético», que además ha calificado de «enfermiza».
Es por ello que Uralde ha instado al Gobierno a impulsar una intervención pública en el sector energético, ya que, a diferencia de otros países del entorno europeo, no cuenta «ni con una empresa pública ni con participación pública en ese oligopolio energético».
En opinión de Néstor Rego, del BNG, el decreto recoge en materia energética algunas medidas que ha celebrado, como con la expansión del autoconsumo, sin embargo, ha afeado la falta de ambición por no apostar por medidas de mayor calado, alegando que «son imposibles hasta que no lo son».
En línea con las soluciones de autoconsumo, Joan Capdevila (ERC) ha agradecido el «giro de guión» del Gobierno para aumentar la distancia hasta los dos kilómetros. «Más megavatios en los tejados es menos ocupación del suelo. Cada kilovatio producido en tu tejado, es un kilovatio que desaparece de tu factura», ha concluido.
MEDIDAS ENERGÉTICAS y SUBIDA DE SALARIOS
En materia energética, el decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 18 de octubre, recoge la financiación vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) del déficit generado por los límites al incremento de la factura del gas natural para la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) de ahorro vecinal para las calderas comunitarias, así como por la prórroga de las condiciones vigentes para los consumidores domésticos de la TUR 1 y TUR 2 para limitar la subida en sus recibos del gas en un 5%, que estarán en vigor en ambos casos hasta finales de 2023.
El texto, que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla también ayudas por valor de 3.000 millones de euros de los PGE para rebajar la factura energética de un 40% de los hogares del país ante el impacto de la crisis.
Por otro lado, el documento también aprueba la compensación del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos para 2022. Esta subida salarial, acordada en el marco de la Mesa General de Negociación de la Función Pública, tiene carácter retroactivo. Por lo que este incremento se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año.
Este incremento adicional del 1,5% generalizado tiene un carácter excepcional, ya que es la primera vez que se produce. El mismo se aplicará a todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónoma y entidades locales. Su consolidación en el presente ejercicio supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021. Por lo que la subida global para 2022 es del 3,5%.
