Sin plan a la vista para recuperar empresas tras el gran éxodo de 2017 por los elevados impuestos en Cataluña. La Generalitat se mantiene firme en su objetivo rupturista y en una mayor presión fiscal, dos políticas que asustan a las compañías que aún se mantienen en la Comunidad Autónoma y que impiden el regreso de la mayoría de las 8.000 firmas que han cambiado de sede fiscal en el último lustro.
Si se hubieran marchado por este motivo, hubieran podido volver ahora
Gas Natural, Colonial, Abertis, Pastas Gallo, Cellnex, CaixaBank, Banco Sabadell, Luxottica (Rayban), Puma, la aseguradora Zurich, Bimbo y la Bruixa d’Or, entre otros nombres, salieron de Cataluña tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
Ninguna de ellas tiene planes de volver, al menos de momento, ya que se mantiene la incertidumbre política. La Generalitat no ha movido un sólo hilo para atraer a las empresas que se fueron. De hecho, sus medidas han ido justo en la dirección contraria al mantener con vida la posibilidad de la independencia y al mismo tiempo incrementar los impuestos.
EL INFIERNO FISCAL SUPERA A LA INSEGURIDAD JURÍDICA
Sin embargo, la inseguridad jurídica fue el argumento esgrimido por la mayoría de compañías que hicieron las maletas entonces. Sin embargo, el éxodo de empresas continúa pese a que la presión por la independencia ha disminuido desde entonces. De hecho, los partidos que formaron Gobierno hace apenas un año y medio han roto sus pactos por las posiciones encontradas. El motivo por el que sigue esta fuga empresarial son los elevados impuestos implantados en Cataluña. La presión fiscal es insoportable en comparación con Madrid, que ha logrado dar el ‘sorpasso’ y superar al PIB de Cataluña desde 2017.
Las empresas que iniciaron este éxodo tenían un sólido argumento. La ruptura de Cataluña con el resto de España hubiera tenido consecuencias desastrosas para las cotizadas. Para proteger a accionistas, clientes y trabajadores, tuvieron que marcharse debido a que la Comunidad no sería reconocida internacionalmente ni tampoco hubiera podido subsistir con una moneda propia por la elevada deuda que mantenía y mantiene. «Si se hubieran marchado por este motivo, hubieran podido volver ahora«, ha sostenido Jorge Fernández, abogado y socio del Círculo Legal Barcelona, a preguntas de MERCA2.
«La realidad es que estas empresas no han regresado y hay otras que se van también», ha sostenido. El factor principal es el infierno fiscal al que somete la Generalitat con sus impuestos y leyes propias a las empresas.
LA FUGA DE EMPRESAS CONTINÚA CINCO AÑOS DESPUÉS
Cabe recordar, además, el coste que conlleva cambiar el domicilio fiscal de una Comunidad a otra, no sólo es el papeleo, sino también ubicar la nueva sede física, cambiar la plantilla auxiliar y encontrar residencias para la alta dirección, ya que deben estar también donde se ubica la compañía. «No es algo que se haga de un día a otro ni una política que se pueda acometer cada pocos años», ha indicado Fernández.
«Las empresas que han escogido Madrid para ubicar la nueva sede social lo han hecho por el efecto capitalidad y los impuestos», ha sostenido. Si bien es cierto que el impuesto de Sociedades afecta por igual a todas las empresas de España, hay otra serie de impuestos que dependen también de la Comunidad Autónoma donde se resida, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el de Patrimonio, y el de Sucesiones y Donaciones.
En el IRPF, por ejemplo, las diferencias entre Madrid y Cataluña se reflejan en los tramos autonómicos. Un residente en el noreste de España paga más de 2.400 euros por declarar unos ingresos de 20.000. En Madrid, la cuantía es de 2.182,99 euros, unos 217 euros menos que en Cataluña.
EL IRPF, SUCESIONES Y PATRIMONIO, TRES ARGUMENTOS PARA IR A MADRID
En el tramo de 30.000 euros, los madrileños abonan apenas 4.692 euros, la menor cuantía del conjunto de España, mientras que un catalán por el mismo sueldo supone un pago de 5.050 euros. La diferencia, 358 euros, un 7,08% menos. Por unas rentas de 45.000 euros, el residente en Madrid abona 9.098 euros frente a los 9.670,8 de un catalán, es decir, éste último paga un 6,2% más por el mismo nivel de renta. Las diferencias van creciendo en los tramos más elevados.
Las otras grandes diferencias se centran en el impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Estos dos gravámenes están prácticamente bonificados al 100% y 99%, respectivamente, en Madrid. En Cataluña, los tipos van en función de los tramos no exentos, desde el 7% al 32%, niveles poco competitivos y que provocan un agujero sustancial a las arcas públicas debido a la fuga de empresas. Antes de la ruptura de JxCat, Jaume Giró, el ahora exconsejero de Economía, abogó por eliminar este tributo, sin éxito.
LOS DIRECTIVOS BUSCAN TERRITORIOS MÁS FAVORABLES
A pesar de que estos impuestos no afectan empresas, sí tienen un impacto claro en los directivos de las compañías, con rentas más elevadas y patrimonio. De esta forma, por los gravámenes existentes, a estos altos cargos sí les interesa mantener la sede fiscal en zonas de baja tributación, como Madrid.
«Buscan territorios que sean más favorables», ha indicado Fernández. Debido a la presión fiscal de Cataluña, los directivos de las grandes empresas abogan por estar fuera de ese territorio a largo plazo. Especialmente ocurre en relación a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, ambos fusilados en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente.
En Cataluña, por su parte, existe la figura fiscal de los pactos sucesorios. Son acuerdos entre padres e hijos para mantener la actividad de la empresa a lo largo de los años y evitar el vaciamiento de la misma una vez que los herederos posean las acciones de su progenitor. De esta forma, se evitan disputas familiares y se deja al mando al mejor preparado para llevarla, generalmente al hijo que se encarga también del día a día en el negocio familiar.
